El Pacto de Estado contra la Violencia de Género renueva el gran consenso que lo hizo posible a pesar de la ultraderecha

Todas las fuerzas parlamentarias, salvo la extrema derecha, mantienen intacto el gran consenso que en 2017 hizo posible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este jueves, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los grupos parlamentarios han suscrito el dictamen que renueva el gran pacto de 290 medidas contra la violencia machista. El Gobierno lleva semanas negociando con todas las formaciones para hacer del pacto un acuerdo permanente y para blindar su financiación.

Sin la presencia de Vox. “Ni está, ni se le espera”, resumía este mismo jueves la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Andrea Fernández, en una entrevista con infoLibre. El texto, al que ha podido acceder este periódico, comprende trece líneas estratégicas. Entre las principales medidas que define, está la de “hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico” a todas las acciones dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La financiación es el eje vertebrador de este acuerdo renovado.

El pacto, inicialmente pensado con una duración de cinco años, caducaría en septiembre del año que viene. Los grupos parlamentarios se dicen ahora “conscientes de que este mandato no puede tener como horizonte temporal el mes de septiembre de 2022”. A día de hoy, sólo un 26% de sus medidas están plenamente desarrolladas.

El dictamen rubricado por todos los grupos salvo la ultraderecha garantiza, además, la aprobación cada lustro de una estrategia estatal frente a la violencia machista, “como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia”.

Otras de las grandes novedades del acuerdo es la de “adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul”, un tratado suscrito por España que propone una definición amplia de la violencia contra las mujeres. El objetivo, señala el documento, es ofrecer una “respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas” en el tratado, con previsión “expresa de la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital”. Todas estas formas de malos tratos las menciona la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en uno de los reportajes publicados por infoLibre este 25N. Las fuerzas parlamentarias creen prioritario también ampliar la red de recursos, con especial atención “a la accesibilidad en zonas rurales”.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha agradecido a todas las fuerzas su compromiso contra la violencia y ha insistido en que esta lucha es “una cuestión de Estado”. El documento incluye una mención expresa contra los “discursos negacionistas”, uno de los principales enemigos a abatir por las fuerzas democráticas.

A las 16 horas de este jueves los representantes políticos han estampado su firma en el documento, en un acto oficial al que han acudido la propia Irene Montero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Senado y el Congreso, Ander Gil y Meritxell Batet, así como los representantes de los grupos.