El juez libra al presidente de Castilla y León de declarar sobre cómo se financiaron las primarias que ganó
El juez que investiga la supuesta financiación ilegal de las primarias del PP que en marzo de 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco acaba de librar al presidente de Castilla y León de prestar declaración como testigo. El magistrado ha tumbado la solicitud de la acusación popular que ejerce Foro de Izquierdas para que el presidente de Castilla y León así como otros 21 militantes comparecieran y confirmasen bajo juramento si, en efecto, pusieron dinero de su bolsillo para pagar las cuotas pendientes de afiliados morosos e incrementar así el censo de votantes en las elecciones internas.
Esos pagos, 900 euros en lo que respecta a Mañueco, constituyen la clave del caso: porque una parte de ellos son un misterio en cuanto a su origen real. Constituyen así donaciones anónimas y por tanto ilegales. Pero el juez sostiene que tomarle declaración a Mañueco y los otros 21 resulta “inútil e innecesario” porque hacerlo no aportaría “ningún dato nuevo”.
La detección de donaciones de origen desconocido en el PP de Salamanca es lo que el 24 de noviembre se tradujo en la imputación del partido como persona jurídica a escala salmantina así como en la del presidente provincial, Javier Iglesias, y la gerente, Isabel Sánchez González. Las investigaciones de los papeles y cuentas de aquellas elecciones internas de 2017 se han sumado a los testimonios prestados por distintos afiliados e incluso por la gerente provincial. Y han sacado a la luz que, con los datos disponibles en la mano, el dinero cuya procedencia nadie ha explicado oscila de momento entre un mínimo de 7.090 euros y un máximo de 24.140.
El concepto “caja B” no aparece en el auto de imputación contra la organización del PP y los dos dirigentes antes citados. Pero la acusación popular sostiene desde el inicio de la causa que exactamente esa, la caja B, era la fuente que permitió poner al día múltiples cuotas de afiliados olvidadizos e incrementar el censo de unas primarias que auparon a Mañueco, en 2017 alcalde de Salamanca y desde 2019 jefe del Gobierno regional.
El auto que deniega su toma de declaración y que todavía no se sabe si será recurrido por la acusación popular lleva fecha del 29 de noviembre. Este viernes, 2 de diciembre, la Cadena Ser informó de que Mañueco maneja la opción de adelantar las elecciones autonómicas para evitar el riesgo de una nueva moción de censura capitaneada por el PSOE y que esta vez podría derribarle como presidente de la Junta de Castilla y León. La fecha límite para presentar una moción de censura se sitúa en el 10 de marzo. Conjurar el peligro implica para el PP haber disuelto las Cortes regionales antes de esa fecha previa convocatoria de comicios.
Fue apenas a los cinco días de conocerse las imputaciones cuando el Foro de Izquierda reclamó la declaración de 22 afiliados. Oficialmente, todos ellos hicieron aportaciones en metálico. Y como prueba de ello, el PP entregó al juzgado justificantes bancarios. Entre ellos, reintegros en efectivo a través de cajeros automáticos y con los que los donantes habrían sacado dinero de sus cuentas personales para contribuir al pago de cuotas. Uno de los que acudieron dos veces al cajero en el tramo final de febrero de 2017 es Alfonso Fernández Mañueco, a quien el partido atribuye la entrega de 900 euros según los documentos que obran en la causa y que aparecen reproducidos en escritos de la acusación popular. La primera extracción fue de 600 euros. La segunda, de 300.
En el escrito donde pedía al juez que citase a Mañueco y a otros 21 militantes, el Foro de Izquierdas remarcaba por qué incluía en la lista al presidente del Gobierno regional. Porque -se lee en el escrito- en marzo de este año el presidente del PP de Salamanca declaró que no podía “dar fe de haber visto que alguno de ellos entregara el dinero a que los recibos bancarios en cada caso se refieren”. Para la acusación, “resulta increíble que de todas y cada una de las personas que han declarado hasta la fecha ninguna de ellas ha visto hacer entrega del dinero al señor Mañueco ni a ninguna de las personas antes relacionadas”. O sea, a ninguno de los 22.
Frente a ese argumento el titular del juzgado de instrucción 2 de Salamanca, Juan Rollán, esgrime que resulta “procesalmente inútil e innecesario” practicar las declaraciones de los testigos propuestos. ¿Por qué? Porque “ningún dato nuevo se va a aportar ni sobre la iniciativa de actualización de cuotas de “afiliados morosos” ni sobre la mecánica llevada a cabo para su recaudación ni sobre el montante económico recaudado que consta documentado en las actuaciones”.
Además de los 22 afiliados cuyas donaciones tienen como respaldo justificantes bancarios, la acusación había pedido que declarasen otros cinco. Según Foro de Izquierdas son quienes, a tenor de lo declarado por dos empleadas del partido, actuaron como recaudadores de las donaciones para el pago de deudas. El juez tampoco accede a ello.
Dirigida por el juez decano de Salamanca y titular del juzgado de instrucción 2, Juan Rollán, el desarrollo del caso ha sido accidentado desde el inicio. El 13 de junio de 2019, Rollán dictó el sobreseimiento libre -es decir, definitivo- de la investigación que a raíz de una denuncia anónima había abierto ocho días antes: exactamente, el 5 de junio. Para dar ese paso argumentó que la denuncia “relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. El autor del anónimo, concluía el magistrado, había obrado “con temeridad y mala fe”.
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Pero la acusación popular recurrió. Y diez meses más tarde la Audiencia de Salamanca ordenó el 8 de abril la reapertura del caso, aunque la pandemia derivó en un retraso y el caso no volvió a estar en marcha hasta el 26 de junio.
Fue a partir de ahí cuando la declaración de la gerente provincial actuó como revulsivo. Primero en octubre de 2020 y luego en mayo de este año, la responsable de la gestión contable, Isabel Sánchez González, proclamó ante el juez un absoluto desconocimiento de las declaraciones juradas con las que 28 cargos y otros 11 afiliados aseguraban haber entregado dinero en metálico para las primarias de 2017.
De nuevo transcurrieron varios meses sin ningún cambio de relevancia. Pero el 24 de noviembre, el juez dictó un auto por el que imputa al PP de Salamanca como partido y por tanto como persona jurídica. También, al presidente provincial, Javier Iglesias, y a la gerente. Ambos deben declarar como investigados el próximo día 30. Lo hizo tras un escrito donde el fiscal asignado a la investigación cuestionaba abiertamente las explicaciones del PP. Por ejemplo, sobre los justificantes bancarios el fiscal escribe lo siguiente: “Se ha presentado de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez, una serie de documentos bancarios en el que figuran reintegros de cajero de muy diversas fechas, con los que se pretende justificar las aportaciones de otras personas para el pago de cuotas”.
