Tomás Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid: una relación íntima que permite diluir el conflicto de intereses
Los Ayuso llevan en el ojo del huracán desde la llegada de la menor de la familia a la Puerta del Sol. Tres años de polémicas de las que todos han salido salpicados. Los padres, por el préstamo que una de las empresas en las que tenían participación –MC Infortécnica– recibió de Avalmadrid. La presidenta, por haber aceptado la donación de un piso de sus progenitores dos meses antes de que la firma anteriormente mencionada no devolviese a la entidad semipública parte de ese aval. Y el hermano, que también recibió por el mismo método una vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada (Ávila), por sus múltiples negocios. Unas "relaciones comerciales", como las definió la propia líder del Ejecutivo autonómico, que llevan meses situando a Tomás Díaz Ayuso en el epicentro del escrutinio público. "Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", se ha llegado a deslizar en la Asamblea de Madrid.
El nombre del hermano lleva meses circulando en las bancadas de la oposición. El problema es que nadie podía demostrar que estuviese jugando ningún papel alrededor de determinados contratos adjudicados por la Administración autonómica. Hasta la semana pasada, cuando desde el propio partido de la líder del Gobierno regional se afirmó públicamente que Tomás Díaz Ayuso había sacado tajada al calor de una licitación de emergencia –es decir, sin publicidad ni concurrencia pública– en los momentos más duros de la primera ola. Tras unas primeras explicaciones abstractas, a la presidenta no le quedó más remedio que confirmar –sin aportar ninguna prueba documental– que su hermano había emitido una factura a esa firma en el marco de ese contrato. Eso sí, remarcando que ella nunca intervino en esa cuestión.
"No hay infracción de ninguna clase, ni en la legislación de incompatibilidades ni en código de ninguna clase", han repetido por activa y por pasiva desde el Ejecutivo regional. Y lo han hecho porque, más allá de la vía penal, desde que Génova lanzó la bomba buena parte de los focos se han situado sobre la existencia de un posible conflicto de intereses en el marco del contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que se llevó Priviet Sportive, una compañía que hasta hace no mucho se dedicaba en exclusiva a la ganadería y el sector textil.
La Ley de Contratos del Sector Público recoge que el concepto "conflicto de intereses" abarca "cualquier situación" en la que exista un "interés financiero, económico o personal" que pudiera comprometer la "imparcialidad e independencia" de quien resuelve la adjudicación "en el contexto del procedimiento de licitación". En este sentido, el Código Ético de los altos cargos regionales les obliga a inhibirse en aquellos asuntos que puedan afectar "a sus intereses personales", incluyendo entre ellos los familiares: "Los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad". Es decir, padres, hijos, abuelos, tíos, primos o hermanos, entre otros.
Por tanto, según los expertos en Derecho Administrativo consultados por este diario, primero hay que ver si la firma que contrató con el Ejecutivo autonómico es "administrada" por estos familiares, si tienen participaciones en la misma o si, al menos, ocupan puestos "relevantes". Sin embargo, no solo eso es suficiente como para determinar que existe un conflicto de intereses. También hay que mirar qué papel ha jugado ese alto cargo en todo el procedimiento de adjudicación.
¿Si la empresa hubiese sido de Tomás?
Con esto sobre la mesa, cabe preguntarse qué hubiera pasado si hubiese sido el propio Tomás Díaz Ayuso el que hubiera contratado directamente con el Ejecutivo regional a través de una empresa de su propiedad. En ese caso, se cumpliría el primero de los requisitos para determinar la existencia de dicha incompatibilidad. Sin embargo, hay mucho más debate alrededor de la segunda cuestión.
Algunos administrativistas consultados por infoLibre consideran que, a pesar de eso, no existiría dicho conflicto de intereses alrededor del contrato al no haber jugado la presidenta autonómica un papel fundamental en el procedimiento. "Si no formó parte de la cadena, no habría incompatibilidad", apunta Josep María Aguirre, profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de Girona. En este caso, la resolución de adjudicación está firmada por la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León. Y el resto de documentos por el entonces director general de Proceso Integrado de Salud, Manuel Ángel de la Puente.
"La norma exige que exista un conflicto de intereses entre el potencial licitador y el titular del órgano de contratación o quien lo sustituya. (...) La extensión de la prohibición de contratar a todas las personas que presten sus servicios en la entidad pública contratante o a sus parientes resultaría por completo desproporcionada", resaltaba el Ministerio de Hacienda en un informe reciente.
Otros, sin embargo, creen que aunque la licitación procediese de la Consejería de Sanidad, sí que existiría en este supuesto una incompatibilidad "clara". Al fin y al cabo, dicen, el asunto pasó por el Consejo de Gobierno, que fue informado el 20 de mayo de 2020 de las resoluciones por las que se ordenaban las distintas contrataciones.
"Cuando la presidenta ratifica en Consejo de Gobierno una serie de contratos con una empresa que es de alguien que guarda una vinculación con ella existe, desde mi punto de vista, un problema de conflicto de intereses", sostiene Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Una interpretación que también hace José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza: "Aunque sea Sanidad la que adjudica el contrato, ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en tanto exista esa posibilidad de influir sobre el resto del Gobierno, existe ese posible conflicto de intereses".
Una incompatibilidad diluida con una empresa de por medio
Pero igual que hay cierto debate sobre el hecho de que pueda haber esa incompatibilidad aunque el contrato sea adjudicado desde otro departamento cuando fuera la empresa de un familiar la que contratara directamente, todos coinciden en que donde no se puede encontrar ese conflicto de intereses es alrededor de la actuación que conocemos del hermano. Básicamente, porque al haber esa firma ajena de por medio no existe ese nexo de unión directo entre Tomás Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid. Y es algo que pasa con las diferentes adjudicaciones a empresas con las que ha mantenido algún tipo de relación.
En el caso de Artesolar Iluminación, que percibió 70.500 euros en contratos menores por parte del Gobierno regional, su administrador es el empresario chino Chen Shengli y el hermano de la presidenta, según ha afirmado la compañía, tan solo era un colaborador externo. En cuanto a las mascarillas, fue Priviet Sportive la que contrató de forma directa con la administración, mientras que él posteriormente emitió una factura a dicha firma por sus "gestiones" para "conseguir el material en China y su traslado a Madrid".
"Ahí no habría incompatibilidad", cree Gimeno. Otra cosa es que no sea "ético" el hecho de que el hermano aproveche una crisis sanitaria para "lucrarse" en el marco de un contrato adjudicado por el Gobierno de su hermana. O que pueda acreditarse que la contraprestación económica fue a cambio de facilitar que la firma se hiciera con la licitación. "Si lo que hicieron fue pagarle las gestiones con los chinos es algo legal. Sin embargo, si lo que se le abonaron fueron gestiones con la Comunidad de Madrid para conseguir el contrato yo entiendo que sí que se podría estar ante una ilegalidad", comenta el catedrático de Derecho Administrativo.
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La clave, por tanto, está en probar a cambio de qué cobró. Y, por el momento, más allá de las declaraciones de la presidenta, nadie ha tenido acceso todavía a las facturas emitidas por el hermano. Habrá que ver, por tanto, hasta dónde llega Fiscalía Anticorrupción, que este lunes ha decidido abrir diligencias de investigación para intentar aclarar lo sucedido tras las denuncias interpuestas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
Villoria reconoce que el caso Ayuso puede estar dejando al descubierto un agujero negro en la legislación alrededor de los conflictos de intereses. "Esta fórmula podría ser una vía para bordear las incompatibilidades. Al final, quien hace la ley hace la trampa", apunta el catedrático. Al fin y al cabo, dice, deja la puerta abierta a que cualquier familiar de cualquier alto cargo pueda hacer negocio al calor de un contrato público –incluso uno otorgado directamente por ese responsable político– por el procedimiento de emergencia actuando como proveedor de una empresa interpuesta que rompa ese nexo con la Administración.
Un "punto ciego" que también aprecian otros expertos consultados. "Hombre, es una posibilidad que existe: yo no puedo contratar con la administración, pero es otra empresa la que se hace con ese contrato y yo como autónomo le facturo determinados trabajitos", resume, del mismo modo, otro profesor de Derecho Administrativo.
