Acogida inmediata y papeles en 24 horas: las zonas cero ya han atendido a 40.000 desplazados por la guerra

Unos cuantos niños ucranianos juegan en un patio, sin miedo a la lluvia. Otros, cerca del comedor. Es mediodía en un moderno centro de formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que dispone de comedor y hospedería y que ahora ha sido reconvertido en un centro de primera atención y acogida de refugiados que huyen de la guerra de Ucrania.

En otras salas se sucede el papeleo. La ONG Accem, una de las 19 con las que tiene convenio el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hace las primeras entrevistas a los recién llegados. Luego tienen cita con la Policía para una foto y algunos datos básicos y, por último, con el personal del Ministerio. 

Así, en menos de 24 horas, pueden obtener un permiso de residencia temporal, uno de trabajo, acceso a la sanidad y la educación públicas y, si lo necesitan, el acceso a centros de acogida. Requieren acogida un 40% de los que llega a este centro, que ha podido visitar infoLibre junto a otros medios. Para todos ellos, lo peor ha quedado atrás. Comienza una nueva vida, no sin incertidumbres, pero con derechos. 

La política de asilo y refugio es una competencia exclusiva del Gobierno central y, dentro de él, recala en el departamento que dirige José Luis Escrivá, que tiene ya datos de unos 40.000 desplazados por la guerra de Ucrania. 17.500 han completado el proceso y otros 20.000 tienen ya una cita para formalizarlo en los próximos días o semanas. El total de desplazados es, sin duda, mayor, según fuentes del Ministerio, pero no todos se han acercado a una ventanilla pública aún.

Hay tres centros, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, y Alicante, que sirven como puerta de entrada centralizada para todos los trámites. Otro abrirá en unos días en Málaga. Sus emplazamientos coinciden con los lugares de residencia de la comunidad ucraniana en España, 120.000 personas, el cuarto país en el que antes de la guerra más ciudadanos de ese país residían. 

De los cuatro centros, tres trabajan en perfecta colaboración con las comunidades autónomas. Todos salvo en Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido abrir el suyo propio invitando a los refugiados a acudir al hospital Isabel Zendal a pesar de que todos los trámites en materia de refugio y asilo se pueden hacer (y sólo se pueden hacer) a través de los cauces del Gobierno central. Sólo hay una excepción: los menores no acompañados (tratados antes como menores que como refugiados) que, según el Ministerio, son hasta el momento los menos de entre los llegados. 

Algunas cifras globales. El 37% de las personas desplazadas que han sido atendidas son menores de edad. Entre los adultos, un 76% son mujeres (los hombres son requeridos por el Gobierno de Volodimir Zelenski para luchar). El 64% de los atendidos poseen estudios superiores. El 21% no disponen de alojamiento y el 24% solicitan acogida. El número de teléfono habilitado, que atiende también en ucraniano, ha recibido 15.000 llamadas. Las ONG han atendido, de una forma u otra, a 30.000 personas desde que comenzó la guerra. En el sistema de acogida hay ya 12.000. Y el departamento de Escrivá cree que esto es sólo el principio. 

“El sistema de acogida está preparado, como así lo demostró en anteriores ocasiones en casos como los de Afganistán o Ceuta”, explican fuentes cercanas al ministro. “Es flexible y atenderá a todos los que lo necesiten. El reto en las próximas semanas o meses es la acogida y el número de plazas. En otros países se están teniendo que levantar campamentos y quizá en España en un futuro haya que recurrir a este tipo de espacios”.

Una directiva de 2001 permite actuar con rapidez. Sin embargo, nunca había sido puesta en práctica hasta ahora con este alcance “porque en otras ocasiones, como las crisis de Kosovo o de Siria, había países contrarios a la solidaridad. Son los que ahora más están sufriendo la crisis de desplazados” que ha expulsado del país a 3.725.000 ciudadanos, según datos de Acnur. 

Solidaridad de autonomías y familias

Comunidades autónomas y ayuntamientos de muy distinto signo se han ofrecido a ayudar y el Gobierno reconoce que, si la guerra se prolonga y continúa el éxodo, toda ayuda y colaboración será más que necesaria. “Una persona acogida en primera fase, aunque depende mucho de las características de cada uno, conlleva un gasto diario de unos 70 euros”, según fuentes gubernamentales. 

Los gastos serán sufragados por el Gobierno, que espera contar con fondos europeos para el sobreesfuerzo, que pone a prueba el Presupuesto y capacidad logística de la Secretaría de Estado de Migraciones. Es el Ministerio el que asigna geográficamente a los desplazados que necesitan acogida en función de las plazas disponibles, salvo en el caso de los menores no acompañados, para los que no hay un protocolo acordado por las diferentes administraciones. Otros ministerios, como el de Igualdad, colaboran con acciones específicas. 

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Cuando un refugiado recibe sus papeles, dispone de un año de protección, que incluye acogida y dinero de bolsillo, además de la posibilidad de trabajar. El Ingreso Mínimo Vital es una opción, pero no de momento, ya que sus requisitos incluyen haber residido un año al menos en España. 

España, como país con muchos kilómetros de frontera y como frontera sur de la Unión Europea, tiene mucha experiencia en la acogida. Pero el horror de la guerra ha añadido a nuevos actores. Son las familias que, desinteresadamente, se ofrecen a acoger a ciudadanos ucranianos en sus casas o que incluso han ido hasta la frontera de ese país para acompañarlos hasta España. 

Sin embargo, es “muy importante” que esa “explosión de solidaridad” se canalice adecuadamente. Aunque en el pasado ha habido muchos casos de acogida de menores en familias, muchos de los que ahora llegan de Ucrania son mayores. Para canalizar la acogida, el Ministerio ha firmado un convenio con la Fundación La Caixa, con experiencia en la evaluación de idoneidad de familias. En un solo día, más de 600 familias españolas han llamado al teléfono habilitado para solo cuatro provincias, a modo de proyecto piloto.