La Comisión aprueba el tope al gas: se empezará a aplicar el martes 14 para bajar un 15% la factura eléctrica

Tras semanas de tensa espera, la Comisión Europea ha dado el visto bueno definitivo al tope al gas en el mercado eléctrico que aprobó mediante decreto el Gobierno a mediados de mayo. El Ejecutivo español, confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, aprobará este jueves una orden ministerial y el mecanismo empezará a funcionar el martes 14 de junio, con el objetivo de rebajar automáticamente un 15% de media el coste de la tarifa regulada (PVPC), al que están acogidos el 40% de los consumidores, así como otros contratos indexados a la subasta diaria.

El mercado libre, al que están sujetos el 60% de los consumidores, no notará los efectos beneficiosos de la intervención a corto plazo; pero contendrá, previsiblemente, las posibles subidas que apliquen las comercializadoras al renegociar los términos del contrato tras su finalización. Estas empresas se beneficiarán de un mercado mayorista más contenido, tanto en la subasta diaria como en los precios de futuro, que son habitualmente utilizados para fijar el precio de las tarifas finales.

En un primer momento, la intervención del Gobierno, que pone un límite a las ofertas que pueden hacer las centrales de gas, las que marcan el precio, a cambio de una compensación, iba a reducir la factura eléctrica regulada entre un 30% y un 40%. Pero las negociaciones con Bruselas, con Portugal –que compartirá el mecanismo– y con las eléctricas terminaron limitando el impacto de la medida. En un primer momento, todas las empresas eléctricas comercializadoras iban a abonar esa ayuda a las instalaciones de gas, pero argumentaron que muchas habían comprado la electricidad con contratos a largo plazo que no se veían beneficiados por la medida en un primer momento.

Ribera rectificó y libró de la subvención a las compañías del mercado libre, que habían amenazado con subir las tarifas en respuesta; así, esquivaba la advertencia de estas empresas, a cambio de un descuento menor en el precio regulado. Esta modalidad se beneficiará de la caída automática del mercado marginalista, pero tendrá que contar con la ayuda al gas para que las generadoras no produzcan a pérdidas.

"La decisión se ha tomado tras un trabajo muy intenso, dada la complejidad de la medida, y marca un hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias", celebran fuentes de Transición Ecológica. Por su parte, la Comisión Europea explica en una nota que la intervención del mercado eléctrico de España y Portugal cumple con sus requisitos: es "adecuada, necesaria y proporcionada" y "no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica".

Explica, asimismo, Bruselas que la negociación con España y Portugal ha conseguido evitar uno de los efectos secundarios más temidos por el Ejecutivo comunitario; que la diferencia de precio entre el mercado mayorista ibérico y el francés terminara incentivando la exportación hacia el vecino galo, haciendo que las centrales de gas generaran electricidad de más (y, por tanto, emisiones de más) y resultando en la práctica en una subvención del consumidor español en favor del consumidor francés.

Esto se evitará, remarca la Comisión Europea, con el uso de las "rentas de congestión": las comercializadoras francesas pagarán por la energía que les llegue de más a través de la frontera, por lo que se compensa el posible efecto negativo del tope. Irónicamente, la llamada "excepción ibérica" es parte del problema que han enfrentado España y Portugal y parte de la solución que se ha buscado. La falta de interconexiones de la Península con el resto del continente permite que la intervención no distorsione demasiado el mercado común; pero, juzga Bruselas, este aislamiento ha provocado que el mercado ibérico haya estado mucho más expuesto al encarecimiento de la electricidad de los últimos meses.

Las condiciones de Bruselas, a cambio de aprobar el tope al gas, son dos: modificar la tarifa regulada para que deje de internalizar diariamente los resultados de una subasta en máximos desde hace casi un año, y aumentar las interconexiones. Con respecto a lo primero, precisamente el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) es el que permite al Gobierno aplicar la rebaja automáticamente tras la aprobación del tope, pero también el que le ha expuesto a una tormenta política sin comparación en el continente. Ribera ya ha estudiado algunas vías para diseñar un PVPC no solo más estable, también más barato, pero por el momento no ha conseguido el consenso entre los diversos actores.

Con respecto a lo segundo, el acuerdo entre Bruselas y España para mejorar las conexiones, tanto de electricidad como de gas, es parcial. Coinciden en la necesidad; pero no en quién lo debe pagar. La Comisión Europea pidió en la última comunicación que los países hicieran uso de los fondos Next Generation, pero incidiendo en que también deberán arrimar el hombro tanto el capital privado como los propios Estados. Ribera pide que sea Bruselas la que asuma la mayor parte de los esfuerzos, ya que es Europa la que se beneficiaría de un aumento de la capacidad gasística que permita mandar el gas natural que desembarca licuado en los puertos españoles.

Esa será, probablemente, la próxima batalla: pero con el visto bueno de Bruselas se cierra, al menos momentáneamente, el capítulo del tope al gas, a la espera de una reforma estructural del mercado eléctrico que evite que el rally del combustible fósil contagie a todo el sector. La Comisión Europea lo descartaba radicalmente en diciembre y, tras el estallido de la guerra, lo pide. La medida ha terminado siendo menos ambiciosa y beneficiosa de lo planteado al principio, pero establece un "hito", en palabras de Transición Ecológica, a la hora de cuestionar unas normas que, hasta hace meses, parecían incuestionables.

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el mecanismo para poner un limite al precio del gas "va a ser igual" en España y Portugal. En rueda de prensa celebrada en el Ministerio, Ribera subrayó que, salvo "algunas diferencias puntuales, las reglas son las mismas" para ambos países, descartando así la existencia de algunas asimetrías, como que en España las prórrogas y las renovaciones de contratos pasaban a compensar el coste de las centrales de ciclo combinado, mientras que en Portugal solo se consideraba como tal la renovación, quedando exentas las prórrogas.

La ministra afirmó que Bruselas ha respaldado "íntegramente" el mecanismo diseñado y trabajado por los equipos de España y Portugal "en los términos en los que fue remitido". Ribera, que reconoció que la aprobación final ha resultado un ejercicio "complicado y técnicamente difícil", valoró que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda "sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto-Ley".

Ribera recordó que este tope al gas de una media de 48 euros por megavatio hora (MWh) durante un año para la generación de electricidad, que implica una ayuda estatal de 8.400 millones de euros, permitirá un ahorro a los consumidores españoles de entre el 15% y el 20% de lo pagado en ausencia del mecanismo.