Las ‘banderas de la libertad’ del PP: de la carne, el vino y el azúcar a las luces de los escaparates

Ya no es solamente Isabel Díaz Ayuso. Todo el PP, incluida la nueva dirección de Alberto Nuñez Feijóo, ha abrazado la agitación social cavando trincheras contra supuestas imposiciones del Gobierno de coalición que la formación conservadora considera parte de una plan más ambicioso de “ingeniería social” para cambiar la sociedad a su antojo y cuya autoría atribuyen a Pedro Sánchez.

A falta de un verdadero deterioro de derechos y libertades públicas, el PP alza la palabra “libertad” para defender cosas como el derecho a tomar una cerveza en una terraza, a mantener abiertos los establecimientos comerciales en una crisis sanitaria o a consumir vino, carne o azúcar sin restricciones. La ideología del libertarismo se extiende en el PP, aunque hunde sus raíces en el pasado. Como cuando José María Aznar reivindicó en 2007 su derecho a beber vino y a conducir a la velocidad que le diese la gana desoyendo expresamente las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Una estrategia que, en línea con el manual de propaganda del trumpismo, cimenta en la desinformación las campañas de agitación política contra el adversario.

Su última bandera la hemos visto estos días, en oposición al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, en forma de rebelión contra cualquier limitación al aire acondicionado o a mantener iluminados los comercios y los edificios públicos. Como si la Unión Europea, y con ella 26 de los 27 estados miembros —sólo Hungría votó en contra—, no hubiesen aprobado una estrategia de ahorro para prevenir los efectos letales de un hipotético corte de suministro de gas ruso el próximo invierno.

Déjame beber tranquilamente

Lo del vino es una idea fija de los dirigentes del PP. A las palabras de Aznar, defendiendo su derecho a beber lo que le diese la gana (“Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás”, declaró), hay que sumar el “¡viva el vino!” de Mariano Rajoy de 2008 o la acusación de Pablo Casado al Gobierno de “demonizar el vino” asegurando que es “una droga”.

La última vez que el PP agitó el vino contra una supuesta persecución por parte del Gobierno fue cuando sus dirigentes se apuntaron, el pasado mes de abril, a dar credibilidad al bulo de que Sanidad planeaba prohibir que los bares y restaurantes pudiesen ofrecerlo como parte de sus menús a precio cerrado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue una sus impulsoras, pero no la única. 

Todo era falso. Sanidad nunca pretendió tal cosa. Lo único que existió fue un documento de trabajo en el que se abría la puerta a la posibilidad de “colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable sin incluir en ella el consumo de alcohol”. Todo ello siguiendo indicaciones de los profesionales de la medicina y de expertos en salud pública.

El bulo nació de varios medios que lo publicaron manipulando las intenciones del Gobierno, pero al PP le dio igual. No sólo agitó un falso debate acusando al Ejecutivo de estar contra el sector vitivinícola sino que incluso cerró el círculo arrogándose el mérito de haber parado en Bruselas algo que nunca existió: El Partido Popular “ha frenado hoy en Europa que se criminalice el vino, el cava o la cerveza, al evitar que se califique su consumo responsable y moderado como perjudicial para la salud”, se felicitaron sus dirigentes.

Más ganadería y menos comunismo

El de la carne también es un recurso repetido. Son varios los dirigentes del PP que han acusado al Gobierno de perseguir los productos cárnicos y de perjudicar al sector. El caso más flagrante se produjo a comienzos de año cuando, en el marco de las elecciones autonómicas de Castilla y León, su presidente, el partido y, de nuevo, varios medios de comunicación, tergiversaron una entrevista concedida semanas antes por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian. 

La idea básica que transmitieron es que el Gobierno criticaba en el extranjero la calidad de la carne española, cuando el ministro lo único que hizo fue defender la calidad del producto que salen de las explotaciones extensivas en comparación el de las macrogranjas. El objetivo de fondo era movilizar a agricultores y ganaderos contra el Gobierno y apuntalar así la victoria del PP en aquellas elecciones.

No era la primera vez que Génova trataba de agitar al sector con la carne. Ya lo hicieron un año antes cuando Garzón recomendó la reducción del consumo de carne por razones medioambientales y de salud. Al PP le resultó indiferente que hubiese fundadas razones científicas que avalasen la insostenibilidad del ambiental de una parte del modelo de producción de carne o que las sociedades médicas desaconsejen las tasas de consumo que se registran en nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se unió también a las críticas en aquella ocasión.

El argumento central, como con el vino, fue el de la libertad. El Gobierno, aseguraban, trataba de imponer normas caprichosas a los ciudadanos diciéndole a los españoles lo que deben beber o lo que deben comer. Compartir chuletones en las redes sociales se convirtió, igual que la exhibición de copas de vino en el caso anterior, en una seña de identidad de las cuentas conservadoras. El PP llegó a difundir un vídeo titulado: “Mas ganadería y menos comunismo”.

Drogas sí, dulces no

El esquema es el mismo que el principal partido de la oposición aplicó en octubre de 2021 cuando, también el Ministerio de Consumo, anunció la regulación de la publicidad de galletas, bollería industrial y bebidas azucaradas dirigida a los niños. Dirigentes del PP se volcaron inmediatamente en las redes sociales para difundir el bulo de que lo que el Gobierno pretendía era prohibir estos productos, no su publicidad dirigida a niños, y legalizar de paso las drogas. 

De nuevo Isabel Díaz Ayuso se puso al frente de la protesta. “Drogas sí, dulces no”, escribió en Twitter para impulsar un estado de opinión contrario a una medida que desde el principio contó con el respaldo de nutricionistas, médicos y expertos en salud pública. El consumo desproporcionado de estos productos, ultraprocesados y con altos contenidos de azúcar, está detrás del creciente problema de la obesidad infantil.

“Porros sí, pero que no se tome un niño un bollo y que no consuma carne un ciudadano (...) Ese es el mensaje que está lanzando y sobre todo a los jóvenes”, llegó a decir Ayuso en un acto de partido en Alcobendas (Madrid).

Economía antes que la salud

En el debate abierto durante la primera ola de la pandemia entre quienes consideraban prioritario salvar vidas y quienes, por el contrario, daban más importancia a salvar puestos de trabajo, Ayuso primero, y gran parte del PP después, se situaron a favor de los segundos. La presidenta madrileña se opuso a las restricciones que tenían efecto sobre la actividad comercial y especialmente a las que afectaban a los bares y restaurantes. Durante la pandemia defendió el derecho de los ciudadanos a seguir reuniéndose e hizo gala de que eso sólo se podía hacer en su comunidad: “En Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza”.

La defensa de la hostelería, uno de los sectores que más sufrió durante el confinamiento, convirtió a Ayuso en un icono del libertarismo. Pero también su rechazo a las normas del Gobierno que en lo peor de la pandemia prohibieron los despidos: es “ilegal”, dijo, y provocará que las empresas cierren “al completo”.

Madrid no se apaga

La misma lógica es la que la presidenta madrileña, con el aval del PP nacional, ha puesto en marcha contra las medidas de ahorro energético puestas en marcha por el Gobierno. Da igual que su propio Gobierno admitiera a continuación que no puede incumplir un real decreto ley. “Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga”, porque la decisión de Pedro Sánchez —la estrategia de comunicación del PP pasa siempre por personalizar en él cualquier decisión, incluso una como esta, que deriva un de acuerdo de la Unión Europea— “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”.