Muebles reales, documentos de la guerra y papeles confidenciales: el oro de Meirás que reclama el Estado
Cuando el Estado decidió en el verano de 2019 dar la batalla por el Pazo de Meirás, los bienes quedaron en un segundo plano. Entonces, no se tenía ni idea de lo que la familia del dictador Francisco Franco ocultaba tras los muros del señorial inmueble de finales del XIX levantado en el municipio coruñés de Sada. El tesoro no empezó a ver la luz hasta que una sentencia judicial, confirmada luego en segunda instancia, dictaminó que el pazo era de propiedad estatal. Desde entonces, se han inventariado los distintos objetos o documentos que se acumulaban en Meirás. Ahora, el Estado reclama judicialmente la propiedad de más de medio millar de ellos. En el listado llevado a los tribunales figuran muebles que en otra época decoraron las estancias del Palacio Real de Madrid, objetos forrados con tejidos de hace más de un siglo, documentación relativa a la guerra y hasta papeles marcados como confidenciales o reservado.
La Abogacía General del Estado ha interpuesto una demanda en los Juzgados de Madrid en la que solicita que se declare la propiedad estatal de 564 bienes del Pazo de Meirás. Lo hace dos meses después de que la justicia impidiese a la familia del dictador retirar del interior y exterior de la propiedad buena parte de los objetos, con excepción de algunas alfombras. Y a fin de adelantarse a cualquier movimiento de la contraparte. "Los demandados no solo se oponen formalmente a la titularidad estatal cuya declaración reclamamos, sino que existen fundados motivos de que en cualquier momento procedan a reclamar la posesión de los mismos sobre la base de que no existe ningún pronunciamiento judicial y expreso que se oponga a la misma", argumenta la demanda interpuesta por los servicios jurídicos del Estado.
El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, pone sobre la mesa 564 bienes. De ellos, el Gobierno considera que al menos dos son bienes de Patrimonio Nacional. El primero es una mesa vitrina de la segunda mitad del siglo XIX, una pieza de madera de pino que formó parte de la decoración de la Sala de Música de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid. Por otro lado, la Abogacía pone el foco sobre una pareja de cornucopias del siglo XVIII. Su origen podría encontrarse en el Palacio de La Granja, si bien habrían sido trasladadas en 1956 a los camerinos del Palacio de El Pardo. "No existe duda de que son bienes de Patrimonio Nacional y por lo tanto no pierden este carácter cualquiera que sea el lugar en el que se encuentren o cualesquiera sean o hayan sido las vicisitudes relativas a su posesión", apunta la demanda.
Sofás, escritorios y cerca de 9.000 libros
A este primer par de piezas habría que añadir, además, 153 bienes que pertenecerían al Patrimonio Histórico Español. Objetos que, en algunos casos, también están cargados de historia. Uno de ellos es un sofá del último cuarto del siglo XVIII que, según un informe elaborado por Patrimonio Nacional, está tapizado con la misma tela de decoración de candelieri que vistió la Sala de Recibir de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real. O una pantalla de chimenea de comienzos del siglo XX que, según el mismo estudio, está tapizada "con un tejido de seda labrado" que fue encargado en noviembre de 1880 por el rey Alfonso XII para confeccionar las cortinas del Comedor de Gala del Palacio Real, tela que también habría sido utilizada para cubrir el Comedor de Diario de El Pardo ya durante la dictadura de Franco.
En la lista de bienes que pone sobre la mesa la Abogacía del Estado también figura un escritorio de madera de cinco cajones sobre el que Patrimonio Nacional puso también el foco cuando hizo inventario de los diferentes objetos que se escondían tras las paredes de Meirás. Los expertos del organismo consideraron en su evaluación que se le podía atribuir al ebanista francés Claude-Charles Saunier, a quien está documentado que Carlos IV adquirió mobiliario. "Un escritorio idéntico a este formó parte de la decoración del despacho del rey Francisco de Asís en el Palacio Real de Madrid", recogía el informe. Y, del mismo modo, se reclama también la propiedad estatal de un sofá tipo duncan que está tapizado con una tela labrada de algodón que "muy probablemente esté tejida" en la Fundación Generalísimo Industrias Artísticas Agrupadas para ser utilizada en Patrimonio Nacional.
Los servicios jurídicos también incluyen en su demanda, además de figuras, cuadros, lámparas o porcelanas, una gran cantidad de libros. En concreto, reclaman la propiedad sobre tres grandes fondos bibliográficos encontrados en Meirás con cerca de 9.000 ejemplares. No se olvida, tampoco, de aquellos bienes vinculados a la figura de Emilia Pardo Bazán, antigua propietaria del pazo antes de la llegada de los Franco. Así, el listado elaborado por la Abogacía del Estado incluye una escultura y un retrato de la escritora. Bienes muebles que se adquirieron con el pazo y que, al igual que aquellos que se introdujeron en Meirás durante la dictadura de Franco, "sirvieron en el mencionado periodo que finaliza en 1975 al servicio público de cubrir las necesidades de residencia de verano del jefe del Estado".
No son las únicas piezas a las que hace alusión la demanda. Los servicios jurídicos del Estado también recuerdan que hay catorce bienes de la escritora que habrían desaparecido del pazo durante la dictadura, entre los que se encuentran un cáliz rococó, una mesa neogótica del estudio de Pardo Bazán, un tapiz con su emblema personal o la llave de las Torres de Meirás. Y ponen el foco del mismo modo en una parte de su fondo bibliográfico. Unos 3.200 volúmenes que todavía permanecen en el pazo y que fueron donados en agosto de 1938 a Franco por los herederos de la escritora. En este sentido, el Estado no reclama su propiedad, como tampoco lo hace con las esculturas del Maestro Mateo –ya hay una acción reivindicatoria sobre ellas por parte del Ayuntamiento de Santiago de Compostela–. En relación a la biblioteca de Pardo Bazán, los servicios jurídicos solo recuerdan que se ha incoado ya un procedimiento para declararla bien de interés cultural.
De una certificación de una vaca a gastos de defensa nacional
Pero más allá de muebles, buena parte de los bienes sobre los que se reclama la propiedad son documentales. Papeles que, en opinión de la Abogacía, pertenecerían al Patrimonio Documental. En total se hace referencia a 409. Y en el listado hay de todo. Constan varios tomos del "Reportaje gráfico de la vida del S.E. El Generalísimo", documentación de 1944 relacionada con las actividades de las falanges juveniles de Franco, planes de actuaciones comarcales y provinciales y hasta la certificación de una vaca rubia gallega o los registros de producción diaria de leche en el periodo comprendido entre 1972 y 1975. También constan gran cantidad de albumes fotográficos, un listín telefónico, la agenda personal del dictador de 1955 o distinta correspondencia, entre la que se encuentra una carta "reservadísima" del obispo de Burgos sobre la creación de una facultad de teología en Euskadi.
Entre los papeles puede haber información de gran valor. Por ejemplo, consta un documento con el título "Servicio Exterior" fechado el primero de 1945, a pocos meses de que la Segunda Guerra Mundial llegase a su fin. También hay copia de las actas de la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial, un informe descriptivo de 1968 relativo a las pruebas realizadas con el cohete INTA S-9, un "estudio relativo a un nuevo orden económico" fechado en 1949, documentos "para la creación de una agencia mundial de información" o un "estudio previo" de 1962 sobre la posible asociación de España al Mercado Común. Y algunos otros que guardan relación con mandatarios extranjeros como Eva Duarte de Perón o el dictador dominicano Rafael Trujillo.
La detallada lista elaborada por los servicios jurídicos del Estado incluye también una memoria que los fiscales militar y togado del consejo supremo de justicia elevaron "a los ministros de los ejércitos de tierra, mar y aire" en 1948. Y distintos documentos de carácter militar: varios estudios sobre los gastos de defensa nacional, un dosier con diferentes órdenes del Ejército del Aire de 1975 o un resumen de un proyecto de reorganización del Ejército de 1965. Algunos de estos papeles están vinculados a la Guerra Civil. Así, se recogen varios volúmenes de un listado de adhesiones de exmilitares y falangistas a Franco en lo que llaman "guerra de liberación", pero también figura una estadística de los "daños" causados por la contienda en ciudades como Reus, Tortosa, Tarragona y el resto de la provincia.
Y, por supuesto, hay documentación secreta. En la lista se hace referencia, por ejemplo, a una orden general de 1966 con el "sello de confidencialidad" relativa al "desfile militar" ante el caudillo de los ejércitos "con motivo del XXVII aniversario de la victoria". También consta un informe con el "sello de confidencial" de la Cámara Oficial de la Industria de la Provincia de Madrid sobre la "situación económica correspondiente a los meses de noviembre y diciembre y todo el año 1961". Y una copia del expediente "Proyecto Cáncer": "Informes reservados relativos a la información de un movimiento para instaurar la III República desde Argel e Islas Canarias, canalizando recursos desde México y países del telón de acero". Un expediente de 1963 en mal estado de conservación como consecuencia del incendio en Meirás con mapas, planos, detalles de personas y materiales complementarios al servicio de información.
