Los datos y medidas que sitúan a Moreno en la estela de la privatización sanitaria de Ayuso
Juan Manuel Moreno, que se declara inspirado políticamente por Isabel Díaz Ayuso, no quiere en cambio ni media comparación entre su gestión sanitaria y la de la presidenta madrileña, acusada de haber deteriorado el sistema público a base de privatizaciones. El jefe del Gobierno andaluz sabe que las movilizaciones sanitarias, como las que ahora sufre Ayuso, son un problema serio para quien ocupa el poder. No en vano, él mismo llegó contra todo pronóstico a San Telmo después de un ciclo de protestas contra la gestión sanitaria de Susana Díaz (PSOE). Así que no quiere que cundan los paralelismos. La oposición de izquierdas y los colectivos en defensa de la sanidad pública, en cambio, coinciden: Andalucía empieza a recorrer el camino que antes recorrió Madrid.
Evidencias en mano, ¿avanza la privatización de la sanidad andaluza? Hay medidas, previsiones presupuestarias, indicadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) e informes externos que apuntan a una respuesta afirmativa.
Más derivaciones
La evolución de los Presupuestos entre 2018, últimos del PSOE, y 2023, pendientes de aprobación pero con mayoría garantizada por el PP, muestra una creciente penetración de la empresa privada. ¿Dónde se observa? Los Presupuestos incluyen cada año una previsión de pacientes atendidos en hospitales concertados, entre otras actuaciones externalizadas por el SAS, el sistema sanitario público más grande de España, con una plantilla media anual de más de 120.000 trabajadores. En 2023 la cifra de pacientes derivados previstos alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022, que fueron unas cuentas prorrogadas (195.745), y un 42,78% más que en 2018 (171.592), último año con el PSOE.
Más. Las hemodiálisis concertadas han crecido hasta 722.410, un 58,35% más que en 2022 (456.204) y un 66,27% más que en 2018 (434.480). Las intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados alcanzan las 127.782, lo que supone un 55,42% más que en 2022 (82.214) y un 112,97% más que en 2018 (60.000). La evolución de las sesiones de rehabilitación en concertados primero bajan para luego subir con fuerza, siempre tomando como referencia las previsiones presupuestarias: 170.000 en 2018, 142.013 en 2022 y 218.700 en 2023, con lo que las últimas cuentas recogen un alza del 53,99% con respecto al año anterior y del 28,64% con respecto a la etapa del PSOE. Por último, los estudios diagnósticos en concertados van de 150.000 en 2018 a 202.217 en 2022 y finalmente a 486.001 en 2023. Es decir, una subida del 140,33% en un año y del 224% en cinco.
El número de pacientes derivados a la sanidad concertada para "aliviar" las listas de espera ascendió en 2021 a 858.529, con datos ya cerrados (no sólo previstos en los Presupuestos) ofrecidos por la consejería en abril. Esto supone un incremento del 49,8% desde 2018 (573.082), según la comparación elaborada con los datos oficiales recabados por Eldiario.es. Es decir, la subida es significativa no sólo con los Presupuestos, ya de por sí indicativos de una voluntad política, sino con datos cerrados.
Según ha podido saber infoLibre por fuentes sanitarias, tutores de formación de médicos internos residentes (MIR) han dejado constancia en el SAS de que la cantidad de derivaciones es tal que llega a dificultar la formación de los futuros facultativos, un problema que Por Andalucía ha denunciado esta semana. "Algunos nos tememos lo que ocurrir: se va a acabar imponiendo un sistema de rotaciones [entre la privada y la pública] de los MIR, lo cual seguiría profundizando en una mecánica de confusión entre los dos sistemas que ya se nota en el funcionamiento del día a día", señala un médico del SAS preocupado por lo que considera un "avance imparable de los intereses privados".
Guadalupe González, responsable de acción sindical en el SAS de CCOO en Andalucía, ve en el auge de las derivaciones un síntoma de la renuncia al fortalecimiento del sistema público. "Están derivando intervenciones que, si tuviéramos el personal necesario, podríamos cubrir con el sistema público a menor coste", señala. La dirigente de CCOO lamenta también la supresión de la subasta pública de medicamentos, una medida que ve dirigida a satisfacer a las farmacéuticas. A juicio de González, el cambio está provocando ya un incremento del gasto en farmacia, que se nota en cómo los sucesivos presupuestos del SAS registran crecimientos de la partida destinada a "prestaciones complementarias y farmacéuticas". Este gasto ha ido de 1.918,3 millones en 2018 a 2.239,18 en 2022 y 2.566,55 en 2023. La subida es del 14,61% en un año y alcanza el 33,79% en comparación con 2018. Si miramos sólo el gasto en medicamentos en oficinas de farmacia, entre 2018 y 2023 ha subido de 1.782,04 millones a 2.385,8, un 33,88%.
Alineamiento de lo público y lo privado
El incremento de las derivaciones no es el único síntoma de este "avance". El PP, desde su llegada al poder, ha introducido diversas medidas en esa línea. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales del grupo Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que con anterioridad sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. En 2021 se retiró la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada.
"Va muy deprisa [la privatización] porque hay una tendencia general a resolver a través de la privada los problemas del sistema público", señala Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "Se produce un continuo alineamiento entre la gestión del sistema público y el interés privado, lo cual es peligroso", añade March, uno de los científicos que firmaron en 2020 un artículo en The Lancet reclamando al Gobierno central una "evaluación independiente" de la gestión del coronavirus. A su juicio, la presión de los intereses privados venía haciendo subir su presencia en el sistema ya antes del PP, pero ahora ha habido un "cambio ideológico" que se deja notar. "Por ejemplo –expone–, en la última etapa del PSOE, se veía una voluntad de revertir la dependencia de Pascual en Cádiz. Con este Gobierno, no hay intención de revertir la situación".
March cree que la orden en tramitación que establece los precios de futuros convenios y conciertos, que cifra en hasta 65 euros la consulta de atención primaria, 150 la primera consulta de especialista, 90 las sucesivas y 215 las de alta resolución, revela una "voluntad" de seguir "estrechando" la relación entre la sanidad privada y el sistema público. González, de CCOO, añade que los precios recogidos en la orden implican un "encarecimiento" con respecto a lo que supondría una prestación desde lo público.
Antonio Macías, responsable de sanidad de UGT, afirma que la explicación de fondo está clara: las políticas del Gobierno andaluz están orientadas a "favorecer al entramado empresarial privado". "Para ver lo que ocurre, no basta con los datos presupuestarios, aunque estos ya muestran que hay un aumento de las derivaciones. Además, el Gobierno ha puesto a todos sus médicos a disposición de la sanidad privada. Es algo difícil de digerir para los que entendemos que se debe priorizar la sanidad pública. Y más cuando el Gobierno sigue sin aclarar qué va a hacer con los 12.000 sanitarios que están pendientes de renovar y dejó irse a 8.000 hace un año", señala.
"En la misma senda que Madrid"
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que elabora cada año una clasificación de los sistemas sanitarios en función de su grado de privatización, ha puesto de relieve la agudización de esta tendencia privatizadora. En su clasificación de 2022, la Fadsp sitúa al sistema andaluz como el sexto más privatizado, por detrás de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia. En 2018 ocupaba la 12ª posición. Con el PP ha ganado seis posiciones en una lista liderada por Madrid.
"Andalucía está exactamente en la misma senda que antes ha recorrido Madrid. Lo que pasa es que ha llegado con retraso. Ya empezó con el PSOE y el PP lo ha disparado. Se ponen todas las facilidades para la derivación a la privada, una medida que está demostrado que deteriora el sistema público y acaba costando vidas", afirma José Antonio Brieva, exjefe de servicio en el SAS, que cita un estudio de The Lancet que relaciona la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable en Inglaterra. Brieva, miembro de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, cree que el proceso que acerca a la comunidad al modelo de Madrid va "a toda velocidad", alimentado por un discurso que exalta la eficiencia de la gestión privada y los efectos positivos de las bajadas fiscales.
Listas de espera y seguros privados
Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, afirma que las medidas adoptadas, los datos del Presupuesto y el discurso confluyen en una misma "apuesta ideológica". "No es casual. Es un modelo a beneficio del interés privado en detrimento de la calidad del sistema público. No lo inventa el PP, ya empieza con el PSOE, pero va a más. Y es una temeridad grave, porque Madrid nos demuestra dónde acaba este camino", señala Nieto, para quien el Gobierno andaluz ha hecho pasar desapercibida esta estrategia gracias a los fondos llegados por el covid. "Cuando el SAS firmó su último convenio con Pascual, fue la empresa la que anunció un incremento de la contratación. Está claro que la apuesta del PP no es consolidar la plantilla del SAS, sino hacer al sistema dependiente de lo privado", señala Nieto, que pone como ejemplo el hecho de que la Junta no prevea una rebaja de la temporalidad en la plantilla, que desde 2019 ha bajado sólo del 45,85% al 44%, según los datos recogidos en los Presupuestos.
Nieto ve elocuente el contraste entre las listas de espera y el seguro privado. En cuanto a las listas, Andalucía está en mala posición. La comunidad tenía al cierre del año pasado 106,49 pacientes de cada mil habitantes pendientes de consulta con el especialista, más que en ninguna otra comunidad, siendo el dato global 77,23. El tiempo medio de espera, 105 días, es el cuarto mayor de todos (89 en conjunto). Nieto denuncia que el Presupuesto de 2023 no recoge en sus objetivos una reducción de las listas de espera, a pesar del auge de las derivaciones.
¿Y los seguros? En Andalucía el porcentaje de asegurados privados alcanza el 20,63%, aún por debajo del conjunto de España (23,35%), con datos del cierre de 2020. Ahora bien, entre el cierre de 2018 y de 2020 el porcentaje ha crecido en un 9,1%, frente a un 6,28% en el conjunto del Estado. El seguro privado crece a mayor ritmo en Andalucía que en el conjunto del país.
Estrechez de recursos
Los consultados coinciden en que existe un deterioro del sistema público que no empieza ahora, sino que viene de la Gran Recesión y empeora con la pandemia. March recalca la gravedad de que el sistema público pierda la "centralidad" justo cuando se enfrenta a desafíos de "presente y futuro" y más aún cuando los indicadores evidencian una pobreza comparada de recursos. Andalucía tiene 1,51 médicos especialistas por cada mil habitantes, la comunidad que menos de España (2,02 en conjunto), con cifras de 2020, las últimas disponibles. Además, es la tercera –empatada– que menos médicos de atención primaria tiene por habitante, 0,75, sólo mejor que Madrid (0,69) y Baleares (0,61).
En profesionales de enfermería especializada por cada mil habitantes está en 3,04, la última de todas, a 7 décimas del conjunto del país (3,74), de nuevo en 2020. En cuanto a enfermería de atención primaria, otra vez va en el furgón de cola (0,6 por cada mil personas asignadas), sólo delante de Baleares (0,57), Murcia (0,58) y Madrid (0,5). Andalucía era en 2020 la comunidad con menos camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes: 2,19, frente a 2,95 en el conjunto España. Estos datos no son imputables enteramente a la gestión de Moreno, presidente a partir de unas elecciones en diciembre de 2018. Lo que sí evidencian es que la andaluza es una sanidad que está necesitada de un reforzamiento. De nuevo la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ha concluido que dicho reforzamiento no se está produciendo. Su informe Los servicios sanitarios de las CCAA, de mayo de 2022, le da a Andalucía la cuarta peor nota en calidad del sistema, sólo mejor que Murcia, Cataluña y Canarias y por delante de Madrid. En 2018 era sexta por la cola. Ha caído dos puestos.
Los riesgos extra de una comunidad pobre
El epidemiólogo Manuel Franco, especialista en desigualdad, afirma que el modelo consistente en la "degradación del servicio público" como invitación a que las clases medias se inclinen por opciones privadas para garantizar su cobertura es "contrario a la equidad" y agrava la desigualdad en el seno de las sociedades donde se aplica. Y lanza una advertencia que afecta a Andalucía: la "polarización" social que provoca este modelo tiene efectos especialmente graves en las sociedades comparativamente más pobres y desiguales. Andalucía no sólo es la segunda comunidad por la cola en riqueza per cápita, sino que presenta disfunciones especialmente graves del ascensor social.
Los elementos que predisponen peor a Andalucía no son sólo de pobreza y desigualdad. La calidad de la salud en la comunidad es comparativamente baja, lo cual hace más sensible a la población a un deterioro de su sistema público. La esperanza de vida a nacer es la más baja de todas las autonomías, a 1,24 años del total del país (82,52 frente a 83,76,). 9 los 15 municipios mayores de 20.000 habitantes con menos esperanza de vida son andaluces, con La Línea en cabeza (79,9 años). La población de La Línea tiene una esperanza de vida al nacer 5,6 años más baja que la de Pozuelo de Alarcón. En años de vida saludable a partir de los 65 años los andaluces están en 18,17, los penúltimos.
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Andalucía está peor que el conjunto de España en 14 de las 15 causas de mortalidad comparadas por el Sistema Nacional de Salud, incluyendo cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del sistema respiratorio, diabetes o suicidio. A priori resulta difícil pensar que en una sociedad así cale un modelo sanitario como el madrileño, donde hay una mayor clase media que puede –intentar– resistir individualmente. No obstante, Nieto (Por Andalucía) afirma que, a pesar de las características sociales de la comunidad, el modelo está entrando "a martillazos" a base de "propaganda".
Salud, contra los anteriores "gobiernos socialistas"
infoLibre trasladó un cuestionario sobre los aspectos recogidos en esta información a la Consejería de Salud, sin respuesta. En un comunicado emitido el martes tras unas declaraciones de Por Andalucía, el departamento que dirige Catalina García recalcó que los datos finales de derivaciones de 2022 y 2023 no están todavía cerrados [ver aquí]. La Junta "continuará realizando derivaciones [...] en función de las necesidades [...] ya que el objetivo [...] es siempre mejorar la atención de parte de la ciudadanía que, por una cuestión histórica de acceso a recursos públicos por la desidia de los gobiernos socialistas, estaba condenada a mayores desplazamientos y aumento del tiempo de respuesta". Salud añade que en 2023 hay una reducción presupuestaria del 11,37% en conciertos sanitarios con respecto a 2022. infoLibre preguntó por los números brutos, sin respuesta.
Lo que es posible comprobar con los Presupuestos –es decir, con las previsiones– es que las partidas de gasto con medios ajenos, lo que comúnmente se conoce como externalizaciones, han subido de 410,1 millones en 2018 a 540,27 en 2022 y a 558,04 en 2023. Específicamente, la partida de contrataciones de atención especializada con entidades privadas subió de 161,15 millones en 2018 a 239,5 en 2022, para bajar en 2023 a 212,8. Este periódico preguntó por qué esa bajada en 2023 pese al aumento de derivaciones, sin contestación. La consejería señala que el gasto en conciertos con respecto al global del gasto sanitario público ha bajado porcentualmente desde 2018, aunque sin desglosar los números.
