Vox enfila el último tramo de la legislatura manteniendo ocultos los ingresos de sus 52 diputados antes de serlo

Papel mojado. Y arrugado. En eso ha convertido Vox el Código de Conducta aprobado a bombo y platillo por las Mesas del Congreso y el Senado en octubre de 2020 y que obliga a los parlamentarios a desvelar de qué vivían, para quiénes trabajaban, con quiénes hacían negocios en los cinco años previos a su incorporación al escaño. Vox, que hasta 2019 careció de representación en ambas cámaras, votó en contra.

A punto de que comience el último tramo de la legislatura, los 52 diputados de la formación ultraderechista continúan sin cumplir el precepto del Código que ordena a los parlamentarios cumplimentar la llamada Declaración de Intereses Económicos. Y ello pese a que, como desveló Europa Press el pasado mes de julio, la Oficina de Conflictos de Intereses ya remarcó en su informe anual que el código ético impone a los miembros de las Cortes declarar "las actividades, donaciones recibidas o efectuadas" en el quinquenio precedente a su elección. Al aludir a las "actividades" económicas, el órgano de control se refiere no solo a aquellas que puedan implicar un conflicto de intereses sino también a todas las que reportaron al parlamentario ingresos de algún tipo.

Pero el partido de Santiago Abascal, cuya versión sobre el porqué de tal desobediencia ha intentado recabar infoLibre sin éxito, no tiene razones para temer una sacudida. El Código de Conducta busca proyectar una imagen de transparencia impoluta. Pero, como en ocasiones anteriores, fuentes del Congreso recalcaron este viernes que el Reglamento de la Cámara no prevé sanciones por incumplimiento de la norma. En marzo de 2021, al mes de haber trascendido que los diputados de Vox habían subido a la web del Congreso lo que la Oficina de Conflictos de Intereses definió luego como una hoja con "respuestas-tipo" cargadas de proclamas patriotas pero sin un solo dato económico, Unidas Podemos pidió la apertura de un expediente. La petición quedó en nada.

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Ya célebre por utilizar el hemiciclo como una especie de corral de insultos sin consecuencias para quien los profiere, la suerte vuelve así a acompañar a la formación ultraconservadora. Ni el líder de Vox, que en 2020 tardó meses en incluir en su declaración de bienes y rentas la adquisición de un chalé de lujo con una hipoteca de 736.000 euros, ni ningún subordinado han explicado por qué sus 52 diputados bloquean la difusión de sus datos económicos mientras que los tres senadores elegidos bajo esas mismas siglas sí han cumplido el Código de Conducta en cuanto a las actividades que han de insertarse en la Declaración de Intereses Económicos.

La "respuesta-tipo" de cada uno de los diputados de Vox arranca con la misma proclama patriótica: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados". Solo uno de los 52 diputados, el granadino Onofre Miralles, se ha salido del carril. Pero lo ha hecho para acortar aún más el texto: "Ninguna actividad desarrollada que pueda condicionar mi actividad política al servicio de España". Ese es el inicio de su formulario.

Al igual que sus correligionarios, Miralles también indica que en cuanto a las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remite a las declaraciones de bienes que todos los diputados deben rellenar al acreditarse en la Cámara y que son también públicas. Y aquí surge el pero de mayor relevancia: porque aunque la terminología empleada se presta a confusión, el contenido de la Declaración de Intereses Económicos difiere por completo del de la Declaración de Bienes y Rentas. La primera, como ya ha quedado expuesto, debe incluir el currículum económico de cada parlamentario durante los cinco años anteriores al comienzo del mandato: actividades "que puedan condicionar" su actuación política, más aquellas que reportaron ingresos, donaciones recibidas o efectuadas, regalos y, por ejemplo, pagos de cuotas. La Declaración de Bienes y Rentas se limita en cambio a lo que en el presente de su presentación -o de su actualización, si es que el firmante se ve abocado a dar ese paso- constituye el patrimonio y los ingresos del diputado o el senador: rentas que percibe, posesiones muebles o inmuebles y sociedades en las que participa.