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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

CHOQUE DE PODERES

El Congreso saca adelante con mayoría absoluta la macroreforma legal pese al boicot de la derecha

Simancas, López y Leal

Horas de vértigo, de precipicio democrático. El Congreso dio luz verde finalmente en un Pleno lleno de incógnitas y durísimo este jueves a la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que abarca una reforma del Código Penal y el cambio de elección del Tribunal Constitucional, tras una jornada pendiente de la decisión del propio TC y que se ha aplazado al lunes.

El Congreso vivió un Pleno como pocos recuerdan en la Cámara ante la posibilidad inédita de que el TC paralizara la tramitación de una ley. Algo impulsado desde el Partido Popular con un recurso de amparo a fin de intentar congelar esta ley, que conlleva significativos cambios como las reformas de la malversación y la sedición, la creación de un delito de enriquecimiento ilícito para cargos públicos y la incorporación de una aclaración a la hora de aplicar la ley del sólo sí es sí.

Finalmente, salió adelante con una cómoda mayoría absoluta de 184 votos a pesar de todos los intentos de la derecha para tumbar la ley. El PP no ha participado en la votación, aunque sus diputados estaban en el hemiciclo. Lo mismo han hecho en Ciudadanos, que abandonó el Pleno tras el debate. Vox ha votado en contra.

Pero este trámite se convirtió en un auténtico choque de poderes y con la duda, todavía no despejada, de si el judicial se entrometerá en el legislativo. Los diputados entraban a las 9 de la mañana en el intenso Pleno sin saber si podrían votar durante la tarde la proposición de ley (último punto del día). Finalmente el Alto Tribunal, ante las dudas que hay y la gran cantidad de documentación, aplazó para el lunes su decisión, después de un primer intento en el Pleno urgente convocado en este órgano. Dando así vía libre a la votación en la Carrera de San Jerónimo.

Preocupación en la izquierda por el uso del TC

Para el Gobierno, los partidos de izquierdas y las fuerzas nacionalistas y soberanistas, se trata de un escándalo y de un intento de censurar y limitar la democracia vía decisiones anticipadas del Constitucional sobre leyes que todavía no se han aprobado y están en las Cortes. De hecho, el propio PSOE se ha personado en la causa y el grupo de Unidas Podemos pidió recusar a dos magistrados.

Todo ello con un Tribunal Constitucional caducado, que podría frenar la ley que planea un cambio de elección del mismo. Y es que la proposición de ley contiene una remodelación del sistema para rebajar la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos miembros del Alto Tribunal que le corresponden. 

Al poco de conocerse el aplazamiento de la decisión del TC, se produjo en el Congreso el debate y votación de la proposición de ley. El PP y Ciudadanos intentaron al inicio del debate presionar a Meritxell Batet para que la Presidencia del Congreso no autorizase este trámite. Pero ella reveló que el Alto Tribunal no había comunicado nada a la Cámara y por lo tanto no había obstáculo para que siguiera este Pleno. La líder naranja llegó a compararla con Carme Forcadell en los episodios del Parlament durante el procés. Vox se unió al coro de reproches abandonando el Hemiciclo (aunque luego Javier Ortega Smith tomó la palabra).

La proposición de ley pasó de esta manera su trámite en el Congreso, tras un proceso exprés que conllevó su visto bueno en ponencia el lunes y en la Comisión de Justicia del martes (de hecho, el recurso del PP va contra una decisión de la Mesa de la Comisión, que preside el diputado socialista Felipe Sicilia). El choque ahora se traslada al Senado, donde está previsto su debate la semana que viene. La idea que tiene el Gobierno de coalición es que el visto bueno final de las Cortes fuera en el Pleno del día 22.

Un huracán político

Esta reforma se ha convertido en un huracán político, que ha despertado tensiones entre partidos y dentro del propio PSOE. Especialmente por la malversación, ya que se rebaja la pena máxima en el apartado sin ánimo de lucro (ahora se queda de uno a cuatro años). Pero ese debate quedó opacado durante el jueves ante el intento de la derecha política y parte de la derecha judicial para frenar esta ley.

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El PP subió el tono durante el día y llamó “cobarde” a Pedro Sánchez durante el Pleno en la intervención de Cuca Gamarra (PP). Pero el partido se sintió decepcionado con la decisión del TC. Fuentes de Génova señalaron tras conocer la decisión: “El Partido Popular respeta la decisión del TC de aplazar al lunes su respuesta a un recurso urgente planteado acerca de una votación parlamentaria que tendrá lugar en la misma tarde de hoy”.

“Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español. Seguiremos combinando la acción política con la vía judicial para combatir los desmanes legislativos de un PSOE que ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido”, indicaron.

Los socialistas mostraron durante todo el día su honda preocupación ante un camino “radicalmente antidemocrático”, como indicó el portavoz en el Congreso, Patxi López. La número dos del PSOE, María Jesús Montero, criticó la “gravedad” de la situación: "El TC en este momento está intentando entrometerse justamente en esa tarea del Legislativo". Las críticas ante la posibilidad de que el TC frene el debate llegaron también desde fuerzas que no apoyan la propia ley, como manifestaron Mireia Vehí (CUP) y Ana Oramas (CC).

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