Así es el sistema portugués de ayudas automáticas para la factura de la luz que podría copiar España

La semana pasada el Gobierno puso cifras a sus nuevas medidas para suavizar el encarecimiento de la luz y el gas y los números demuestran que solo llegan a una pequeña parte de quien lo necesita. El bono de justicia energética creado en octubre, que cubre el 40% de la factura eléctrica para personas con pocos ingresos, apenas se ha concedido a 2.300 hogares de 1,5 millones que planificaba el gobierno: el 0,15% de lo prometido. La solución podría estar un sistema automatizado que funciona desde 2016 en Portugal y que en su primer año de funcionamiento disparó por ocho los beneficiarios de las ayudas. 

El problema español, según los expertos, es que el Gobierno comunica mal las medidas y quien puede recibir un bono para pagar las facturas no lo sabe. Una solución es intensificar las campañas de publicidad, la otra es adaptar el mecanismo para que quien cumpla los requisitos disfrute de las ayudas sin pedirlas. La segunda fórmula ya se intentó desarrollar en España hace un par de años, pero se desechó la idea por la complejidad de coordinar la Administración.

Portugal se enfrentaba a este problema también y logró poner en funcionamiento los bonos automáticos, con notable éxito, según João Pedro Gouveia, de la Universidad de NOVA, en Lisboa, quien subraya que en cuestión de un año pasaron de 100.000 familias beneficiadas a casi 800.000. 

"La idea es claramente interesante y exitosa. Minimiza la burocracia y reduce la dificultad de comunicación y acceso a la población de las ayudas. También permite llegar a personas con bajo nivel de alfabetización (energética y de otro tipo)", opina Gouveia, quien también asesora en temas de pobreza energética a la Comisión Europea. 

El funcionamiento es el siguiente. La Agencia Tributaria portuguesa calcula los ingresos de cada unidad familiar a partir de la declaración de la renta. Cuando encuentra un beneficiario, envía sus datos a la Dirección General de la Energía y la Geología para que active la bonificación y avise a la comercializadora eléctrica. La empresa envía luego un comunicado al beneficiario y en menos de 30 días se activa la ayuda. 

Además, el sistema portugués revisa cada mes a los beneficiarios con datos de la Seguridad Social y cada año con los datos de la Agencia Tributaria, de forma que sacan automáticamente del bono a quienes pasan a ganar por encima de la horquilla. En España, sin embargo, cada persona es responsable de salirse de la ayuda tras superar el umbral en el plazo de un mes. 

El mecanismo de Portugal es muy efectivo a la hora de llegar al ciudadano, aunque es mejorable, especialmente en las cuantías. El abono social portugués costea el 33,8% de la factura del gas y un 31,2% de la electricidad –no incluye el IVA y otros impuestos– a los beneficiarios, mientras que en España la ayuda llega a cubrir el 80% e incluso el 100% de la factura, según el grado de pobreza. 

Lo mismo ocurre con los receptores. El bono luso va dirigido a personas con una renta anual inferior a 6.272 euros al año, que equivalen a 522 euros al mes, muy por debajo del salario mínimo portugués (760 euros), aunque por cada miembro extra del hogar que no tenga ingresos, la renta máxima aumenta un 50%. También lo recibe automáticamente quien esté suscrito a prestaciones sociales como una prestación por desempleo, una invalidez, una renta de inclusión o una ayuda para jubilados con renta baja.

En España, por el contrario, el nuevo bono eléctrico de justicia social llega a personas que ingresen hasta 16.212 euros –aumenta si convive con más gente– y el destinado a personas vulnerables a rentas de hasta 12.159 euros.

Tras impacto de la pandemia y la fuerte inflación de 2022, los bonos energéticos en España se reforzaron mucho y han pasado de ser un escudo para gente en situación de pobreza a alcanzar incluso hogares de clase media y alta, pues también lo pueden recibir las familias numerosas, sea cual sea su nivel de renta.

En Portugal, sin embargo, el bono social se entiende todavía como una medida de último recurso para asegurar el acceso universal al gas y la electricidad en un país con serios problemas de pobreza energética: entre el 20% y el 30% de la población de ese país reconoce dificultades para calentar la casa en invierno, enfriarla en verano o tiene problemas de humedades o filtraciones.

"Aunque ahorrarse un tercio de la factura no resuelva problemas estructurales, es una ayuda muy relevante que evita cortes de luz o retrasos en el pago de las facturas", afirma João Pedro Gouveia, que también da apoyo a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea en materia de pobreza energética. 

El bono energético portugués también se diferencia en que no tiene en cuenta el mercado en que tengan contratada la luz el hogar, mientras que en España hay que estar suscrito obligatoriamente a una tarifa del mercado regulado (PVPC).  

El Ministerio de Transición Ecológica recogió en la Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024 el caso portugués como uno de los ejemplos a seguir. "Resulta especialmente interesante el modelo portugués con una tarifa social de energía, que consiste en un descuento en la tarifa de luz y gas natural de concesión automática, sin necesidad de realizar una petición por parte de los clientes", se lee en el informe elaborado por el actual Gobierno. El mecanismo se intentó traer, pero la idea se descartó en 2021 por la dificultad que suponía cruzar entre ministerios los datos de renta y transmitir la información a las compañías.

Diego Rodríguez, analista de Fedea, cree que el mecanismo podría funcionar midiendo la renta de los hogares con las declaraciones de Hacienda, aunque es complicado acertar quién es realmente una familia vulnerable. "No es sencillo capturar exactamente a la gente que lo necesita", dice. 

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En Portugal, incluso con siete años de experiencia, Gouveia reconoce que posiblemente se estén dando ayudas a alguna gente que no lo necesita, "pero no creo que sea un número relevante". El experto también pone en duda el sistema de financiación del bono eléctrico en su país, que es parecido al español: no es el Gobierno el que lo sufraga, como podría parecer, sino que son las empresas quienes asumen la ayuda. 

La Comisión Europea señaló en noviembre que el sistema es discriminatorio tras una queja de la principal eléctrica del país, EDP, que desde 2011 ha pagado en forma de bono social 460 millones de euros a sus clientes. Bruselas se basó en una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la UE que ya confirmó que el modelo similar español aplicado hasta 2016 era discriminatorio, decisión que ratificó después el Tribunal Supremo y que obligó en España a rehacer el sistema de financiación del bono social eléctrico.

Ahora es la CNMC la que se encarga de distribuir el coste de estas ayudas entre toda la cadena de valor de la electricidad, 880 millones de euros en 2023, según calcula este organismo. La mayor parte, el 47,5%, corre a cargo de las distribuidoras, que la transmiten a todos los consumidores en la factura.