'Lezo', 'Operación Cataluña', 'Kitchen' o 'Gürtel': la Justicia no preocupa a los españoles, pero obsesiona al PP
La Justicia no es un asunto que parezca preocupar a la ciudadanía. De hecho, ni siquiera está entre los veinte principales problemas para los españoles. Sólo un 2,3% se acordó de ella en el último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y eso que la imagen que tenemos de la misma no es para nada positiva. Impera la desconfianza en un sistema que una parte importante de los ciudadanos no percibe como independiente. Una aparente falta de interés en el ciudadano de a pie que contrasta con la obsesión que siempre ha existido a nivel político por el tercer poder del Estado. También en el seno del PP. Un repaso de sus grandes casos de corrupción da buena cuenta de ello. Y evidencia las maniobras para tratar de influir en el funcionamiento de la misma.
Si de algo van los cuatro años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es justo de eso. No se trata simplemente de una lucha por mantener el dominio de un órgano constitucional, sino de conservar los espacios de influencia ganados durante los últimos años en lo más alto de la judicatura. Del gobierno de los jueces depende la construcción de la cúpula judicial. Ellos designan de forma discrecional a los magistrados del Supremo y a los presidentes de sus Salas. Y también a quienes dirigen los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, así como a quienes lideran las Salas de este último órgano judicial. En definitiva, los escalones más importantes de la estructura del tercer poder del Estado.
Esta cúpula tiene, en estos momentos, un perfil mayoritariamente conservador. Están vinculados a este sector más de la mitad de los máximos responsables de los Tribunales Superiores de Justicia y casi una veintena de las Audiencias Provinciales. Muchos de esos puestos se encuentran en estos momentos a la espera de renovación. Y será el nuevo Poder Judicial el que tendrá en sus manos las designaciones pertinentes. Tanto en estos órganos como en la Audiencia Nacional. En este último tribunal está por cubrir una plaza clave: la presidencia de la Sala de lo Penal, por la que pasan los grandes casos de corrupción. Un puesto que quedó vacante tras el salto al Constitucional de la magistrada Concepción Espejel, la "querida Concha" de la exnúmero dos del PP María Dolores de Cospedal.
Lezo es uno de esos casos que se encuentran en estos momentos en la Audiencia Nacional. Y cuya investigación puso de manifiesto el interés en el seno de la formación conservadora por tener todo bajo control en el mundo judicial. En este sentido, resulta muy reveladora la conversación entre el expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana captada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016. En ella, el primero divaga sobre la posibilidad de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, el juez que entonces tenía entre manos el caso Púnica. Plantea dos opciones: ascenderlo o mandarle directo a la plaza que tiene en propiedad.
"Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular de aquel puesto era el magistrado Manuel García-Castellón. Pocos meses después, los astros se alinearon. Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y García-Castellón solicitó regresar a su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, desde donde se ha hecho cargo de las grandes causas de corrupción, entre ellas las que aún persiguen al expresidente madrileño.
"Tenemos una amiga de la casa que es magistrada"
Pero aquellas escuchas ofrecieron muchos más detalles de las estrechas relaciones entre el mundo político, judicial y empresarial. Así, pusieron de manifiesto que tanto González como Mauricio Casals, presidente de La Razón, sabían con antelación que sus conversaciones podían estar siendo intervenidas por orden judicial. Un aviso que, supuestamente, procedía de una "magistrada amiga de la casa". Según explicó González a Zaplana, fue el propio Casals quien se lo dijo: "Tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha llamao para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo [Rodríguez Sobrino] muy extraña". La investigación que terminó abriéndose por estos hechos acabó archivada al no poder determinarse la identidad de dicha jueza.
Kitchen es otro de esos casos importantes en manos de la que ha terminado por revelar la intromisión política en el tercer poder del Estado. Los mensajes incorporados hace apenas unos días a la causa han evidenciado el compadreo existente entre el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez durante la investigación de la causa, que ha terminado con el procesamiento de este último. De hecho, el dirigente conservador le pedía de manera insistente saber sobre el avance de las pesquisas, reclamando incluso un auto judicial secreto. Navarro en ningún momento se negó a las peticiones de Martínez. Sin embargo, rechaza haber dado información alguna al ex número dos de Interior.
El principal objetivo de la operación Kitchen era, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, impedir que información y pruebas materiales que pudiesen resultar incriminatorias para el PP acabasen incorporadas a Gürtel. Y, para ello, se organizó una operación parapolicial contra Luis Bárcenas. Durante años, el extesorero mantuvo una guerra abierta contra su antigua formación. Sin embargo, ambas partes trataron de abrir una suerte de diálogo allá por 2017. A un lado, el abogado del partido, Jesús Santos. Al otro, un empresario que hizo de enlace de Bárcenas. ¿Quién intermedió entonces para poner en contacto a las dos partes? Enrique López, que entonces era juez de la Audiencia Nacional y que ahora desempeña el cargo de consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Las piezas de la Fiscalía
Los jueces no son los únicos que interesan a nivel político. También están los fiscales, otra pieza clave a tener en cuenta. Las grabaciones vinculadas a la Operación Cataluña, el supuesto espionaje parapolicial contra dirigentes independentistas, dan buena cuenta de ello. El 16 diciembre de 2012, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acordó con el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y el comisario José Manuel Villarejo la presentación de varias denuncias contra algunos líderes independentistas. Y avisó a sus interlocutores: "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado, ¿eh?". "Pues, eh... Eso es lo importante también", le respondía Villarejo.
Unos meses después, Fernández Díaz volvería a hacer referencia al Ministerio Público en otra conversación grabada. En este caso, con quien charlaba era con el entonces jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña, Daniel de Alfonso, sobre la búsqueda de posibles casos de corrupción que pudieran afectar a dirigentes independentistas. "Si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente, le dé el coscorrón, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular... Y dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora... es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado", se escucha a De Alfonso en la grabación, desvelada por Público. "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", le responde el ministro del Interior.
El interés por el Ministerio Público también estuvo muy presente en las conversaciones de Lezo. Así quedó registrado en una conversación, revelada por La Sexta, entre Ignacio González y el jurista Enrique Arnaldo. "Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto, ¡ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal", señalaba el ahora magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. "¡Joder, estarás ahí, moviéndote como corresponde!", respondía el expresidente madrileño. "Estoy moviéndome, ¿eh?, para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", contestaba Arnaldo. "Esta señora" era la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
Pero ambos no se quedaron ahí. También hablaron de la necesidad de maniobrar sobre otras piezas del Ministerio Público. "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción", resaltaba Arnaldo. Ocho días después de aquella charla, José Manuel Maza se convirtió en la "pieza principal" del Ministerio Público, relevando a Madrigal. Un nombramiento que, en otra conversación, ambos celebraron. "Estamos contentos, ¿o no?", decía González. "¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. (...) Cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir", respondió Arnaldo.
"A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción"
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Pero el expresidente madrileño no solo compartió su satisfacción con el ahora magistrado del Constitucional. También lo hizo con Zaplana. Así consta en otra de las conversaciones intervenidas en el marco de la operación Lezo. En ella, González le dice al exministro que Maza es "un tío serio, un tío que sabe lo que tiene que hacer". E insiste con la Fiscalía especial contra el crimen organizado: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción. (...) El que quieren poner te digo yo a ti que yo ya lo intenté en su día pero no tenía no sé qué requisito. Era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno... se llama Moix, es un tío serio y bueno". Unos meses después, Manuel Moix tomó las riendas de la Fiscalía Anticorrupción.
Los tropiezos desde su llegada al cargo fueron constantes. Primero, se desveló que intentó impedir uno de los registros en la víspera de la operación contra el expresidente madrileño, lo que obligó a los fiscales del caso a acogerse a un precepto de su Estatuto que les permite someter a la junta de fiscales, que terminó poniéndose del lado de sus compañeros, las discrepancias con las órdenes de sus jefes. Luego, que quería apartar a uno de dichos fiscales de la investigación. O que, como desveló infoLibre, evitó hasta en tres ocasiones cuando era fiscal superior de Madrid que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.
Moix, que siempre defendió que su relación con el expresidente madrileño era simplemente "institucional", terminaría dimitiendo como jefe de Anticorrupción después de que este diario desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá. Ahora, ocupa el cargo de Promotor de la Acción Disciplinaria en el Ministerio Público. Es decir, será el encargado de incoar y tramitar las investigaciones disciplinarias contra los fiscales. Un nombramiento que salió adelante a pesar de que ninguno de los vocales electivos del Consejo Fiscal le dio su apoyo. Sólo le dieron su respaldo las dos vocales natas. Y, por supuesto, el fiscal general del Estado, Álvaro García, que es quien finalmente tomó la decisión.
