Derechos LGTBI: de los nuevos "orgullitos" a la presión de Vox para recortar símbolos y fondos
Llega la hora de votar, de decidir el futuro de los 8.131 ayuntamientos españoles y de doce autonomías este 28M. Y también de hacer balance después de cuatro años de gestión en los que muchas instituciones han intentado avanzar en políticas LGTBI, mientras otras condicionadas por la ultraderecha han dado paso atrás.
Varias comunidades autónomas han aprovechado esta legislatura para avanzar en derechos de las personas LGTBI, poniéndolos negro sobre blanco y sacando leyes en sus parlamentos. La Rioja ha dado un histórico avance en esta legislatura al alumbrar el año pasado su ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Fue un día de emoción en la Cámara autonómica, con la norma saliendo adelante gracias a los diputados del PSOE y del Grupo Mixto, mientras que PP y Cs solo apoyaron unas partes y se abstuvieron en otras. De esta manera, la comunidad gobernada por Concha Andreu se sitúa al nivel de otras y elimina esa desigualdad, a través de una norma que busca garantizar los derechos de las personas trans en cuestiones como el acceso a tratamientos médicos o el cambio en el registro civil.
Otra comunidad que ha dado un salto cualitativo es Castilla-La Mancha, que en mayo del año pasado aprobó en la Cámara autonómica su ley de diversidad sexual y derechos LGTBI, hermanando aquel día las banderas de la región, trans y arcoíris. Además, traspasando barreras y logrando la ley la unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos. Con apartados destinados a ayudar a las personas que sufran secuelas tras ataques violentos y a prohibir terapias y pseudoterapias de conversión o contracondicionamiento. La norma incluye un sistema de acogida residencial de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad o exclusión por su orientación sexual.
También entre las iniciativas de estos años destacan las luces largas que han puesto comunidades sobre políticas LGTBI, como ha hecho la Comunidad Valenciana a través de la Estrategia para la Igualdad LGTBI 2022-2027, que fue impulsada por la exvicepresidenta Mónica Oltra. Con líneas que van desde campañas institucionales hasta apoyo a los ayuntamientos para elaborar planes locales, pasando por puntuar como mérito para la convocatoria de ayudas públicas que las empresas cuenten con planes de diversidad y contra la lgtbifobia. Se contempla otra medida fundamental: formación al profesorado sobre diversidad, ya que las competencias educativas son autonómicas.
Sevilla y Valencia suben al escalón más alto
De las comunidades al nivel municipal. Esta legislatura ha tenido como una de las grandes protagonistas LGTBI a Sevilla. La capital andaluza se ha puesto mucho las pilas y Antonio Muñoz se ha convertido en un referente para el colectivo. Ha hecho una apuesta por potenciar el Orgullo, a través de financiación pública para evitar el pinkwashing de muchas grandes empresas. Esta cita crece cada año y el pregón que dio María del Monte se convirtió en un momento vibrante. Se ha establecido el Mes de la Diversidad Sexual, con un fuerte componente cultural. Una de sus acciones más representativas son los Puntos Visibles LGTBI, donde se ofrece atención y ayuda social, legal y psicológica.
Valencia también está trabajando a muchas revoluciones y ha oficializado su candidatura para albergar en 2026 los Gay Games. El consistorio liderado por Joan Ribó ha dado transversalidad a sus políticas y ha encargado un diagnóstico LGTBI de la ciudad, poniendo asimismo en marcha un plan contra los delitos de odio.
Las grandes ciudades han sido la punta de lanza del colectivo en España. Pero esta legislatura ha supuesto un avance muy significativo para localidades mucho más pequeñas y que están incorporando políticas LGTBI, a través de una generación de nuevos alcaldes y concejales. España se está llenado de “orgullitos”.
Los "orgullitos" de toda España
En Cullera, Valencia, se va a celebrar su primer Orgullo este mes de junio tras una legislatura en la que se han volcado también en las políticas LGTBI, con la organización de un festival de cine a precios simbólicos para ver las películas. El alcalde, Jordi Mayor, firmó un convenio de buenas prácticas con los hosteleros y comerciantes.
Cartaya (Huelva) también manda un mensaje arcoíris a toda España y durante estos cuatro años ha impulsado estas políticas, con un Orgullo que abarca un programa de diez días. El ayuntamiento ha puesto en marcha un plan que incluye desde seminarios y charlas hasta talleres y exposiciones. Llevando también por bandera las actuaciones de dragas como Kika Lorace.
Casares, en Málaga, se ha convertido en otro referente con algo más de 6.000 habitantes. El ayuntamiento ha impulsado políticas contra la discriminación y el odio, para lo que ha creado el primer punto da atención LGTBI en la Costa del Sol. Con medidas también potentes que van a la raíz como la formación de los monitores deportivos y culturales o la organización de charlas con referentes como Carla Antonelli para concienciar a la localidad y animar a que se denuncie y no se calle cuando haya agresiones.
En la misma provincia, Villanueva de las Algaidas es otro municipio orgulloso y puntero, con poco más de 4.000 habitantes. El ayuntamiento se vio obligado a retirar la bandera LGTBI por la denuncia de tres vecinos y la reacción fue espectacular: se llenó el pueblo con más de 300 banderas arcoíris. Pero es también ejemplo de cooperación en su Orgullo con más localidades, ya que se agrupan muchas de la Sierra Norte durante esos días para impulsar actividades en sus consistorios (Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco).
Esa España fuera de la M30 que cada día se siente más orgullosa y que pasa también por Campillo de Ranas (Guadalajara), todo un fenómeno por organizar constantemente bodas LGTBI, o Cudillero (Asturias), que ha pintado los bancos de arcoíris para dar visibilidad.
Presión para dar pasos atrás
La llegada de Vox a las instituciones a partir de las elecciones de 2019 ha supuesto también un retroceso para el colectivo por su presión para dar pasos atrás y acabar con la visibilidad, condicionando al PP principalmente. Uno de los símbolos de ese intento es el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha renunciado a colgar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles, con la excusa de una sentencia del Tribunal Supremo. El alcalde no ha buscado alternativas ni ha compensado con otros gestos (quedándose sólo con la iluminación en la fuente). Esto también ha sucedido en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, donde Isabel Díaz Ayuso no cuelga la enseña del colectivo. Además, la Consejería de Cultura, con Marta Rivera de la Cruz, redujo el tamaño de la bandera frente a la que exhibía su antecesor, Jaime de los Santos.
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Esta presión de Vox ha provocado también que no se hayan proclamado declaraciones institucionales a favor de los derechos LGTBI en lugares como las Cortes Valenciana. También ha sucedido en las Cortes de Castilla y León, donde además la ultraderecha ha impedido que se ilumine el Parlamento con el arcoíris.
El partido de Santiago Abascal ha desplegado una ofensiva para frenar avances LGTBI de autonomías a través de los tribunales. El caso más paradigmático es el recurso interpuesto contra la ley trans del Parlamento de Canarias, que fue aprobada por unanimidad. De “aberrante” la ha calificado Vox. En esta misma campaña se han visto episodios como los ataques del candidato del partido en Paiporta (Valencia) contra el primer concejal trans de España y contra todo el colectivo: “Es una ideología basura y rastrera”.
Pasos atrás también en materia presupuestaria. En Alicante el gobierno de PP y Cs cedió a las presiones de Vox para los presupuestos municipales el año pasado recortando un 50% las ayudas en materia LGTBI (quedándose en 25.000 euros).
