La alianza del PP y Democracia Ourensana completa su colapso con sus líderes bajo la lupa judicial

Hay muchas formas de medir el éxito o el fracaso de unas elecciones municipales en Galicia, que es lo mismo que hablar de 313 comicios, cada uno con su lógica local cruzada o mezclada con la dinámica política gallega y general. Las conclusiones suelen ser, en cualquier caso, relativas, si bien es habitual prestar atención a criterios como el número total de votos conseguido por cada fuerza política y, sobre todo, las cuotas de poder alcanzadas en las principales instituciones en juego.

Atendiendo a esta segunda variable, es usual apuntar que las principales sillas del poder local gallego son once: las siete principales ciudades y las cuatro diputaciones. En los primeros tiempos del fraguismo, el PP logró un dominio aplastante en las instituciones provinciales, pero desde mediados de los 90 la tendencia fue cambiando hasta llegar a escenarios como los de la convocatoria de 2019, con los conservadores quedándose sin las alcaldías de las siete ciudades y con la presidencia de una única Diputación, la de Ourense. 

Tras los comicios de hace cuatro años, en siete de esas once principales instituciones el bastón de mando fue levantado sobre la base de gobiernos bipartitos. La mayor parte de izquierdas. Así ocurrió en las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra, cada una con su presidencia socialista en coalición con el BNG. Y también en los ayuntamientos de Lugo, con alcaldía para el PSOE, y de Pontevedra, con regidor nacionalista. 

La gran novedad de aquella cita fue que también hubo bipartitos por la derecha. Democracia Ourensana (DO) accedió a darle sus votos al PP, que había perdido su mayoría absoluta en esta diputación, para salvar la presidencia de José Manuel Baltar. A cambio, los conservadores sacrificaron a su propio candidato en el ayuntamiento de Ourense, donde terminaran segundos, invistiendo al líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que había quedado tercero tras varios mandatos centrado, en gran medida, en atizar a Baltar, a quien había prometido desbancar por “psicópata”. 

Cuatro años después, en vísperas de unas nuevas municipales, las del próximo 28M, los bipartitos de izquierda continúan gobernando con normalidad. Con independencia de algún que otro rifirrafe por cuestiones ordinarias de gobierno, tanto los ayuntamientos de Lugo y Pontevedra como las diputaciones coruñesa, lucense y pontevedresa sacaron adelante sus presupuestos con acuerdo entre los socios y en ningún momento ha existido riesgo de ruptura. Mientras tanto, los partidos de la derecha ourensana evidencian un colapso que ahora, por diferentes razones, terminará en los juzgados. 

En el Ayuntamiento de Ourense, la coalición DO-PP se rompió hasta en dos ocasiones, una a instancias de cada socio. En la Diputación, Baltar se apresuró a afirmar que el bipartito seguiría adelante, pero acabó encallado tras el colapso municipal. No obstante, el barón ourensano mantuvo atada la mayoría absoluta con el regreso a sus filas de la diputada Monterrat Lama, que fue portavoz de su gobierno hasta que en 2019 se marchó a Ciudadanos. En ambas instituciones hubo, además, sucesivas mudanzas de cargos entre ediles y diputados.

Con este telón de fondo, a finales del pasado mes de abril, irrumpía en campaña la noticia, adelantada por elDiario.es, de que Baltar fue interceptado por la Guardia Civil en Zamora conduciendo un domingo un coche oficial de la Diputación a 215 kilómetros por hora por la autovía A-52. Tras las mediciones definitivas, los agentes concluyeron que el presidente de la institución provincial y del PP de Ourense había cometido un delito contra la seguridad vial y trasladaron el asunto al juzgado de Puebla de Sanabria, donde esta semana, tras tres intentos por esquivarlo, acabó por comparecer Baltar.

Ante la ausencia de conformidad con la acusación y con la condena —la Fiscalía solicitó seis meses de multa y la retirada del permiso de conducir durante un año—, el juicio a Baltar se celebrará en un juzgado de lo penal en Zamora el próximo 31 de mayo, es decir, tres días después de los comicios. Mientras tanto, sus abogados intentarán recurrir para que el juicio no llegue a producirse, alegando cuestiones formales y también que lo sucedido es una infracción administrativa y no un delito. 

Tras comparecer ante la jueza, Baltar ofreció una entrevista al diario La Región en la que hablaba de "una situación gravísima" y de "cuestiones que invalidan para la gestión y la política a quien las comete". Pero a lo que se refería era a los audios publicados por ese mismo periódico en los que, según apunta el rotativo, Pérez Jácome se jacta de manejar dinero negro o recaudar dinero por vías irregulares en las concesionarias municipales, entre otras conductas. Las grabaciones, que ya están siendo investigadas por la Fiscalía, hacen que "no sea posible llegar a un acuerdo con Jácome", dice ahora Baltar.

El barón ourensano realizó estas consideraciones después de que, el pasado miércoles, en una comparecencia ante los medios difícil de describir, Jácome se declarara víctima de una "mafia" de empresas de "yonquis de dinero público", a su juicio comandada por La Región. Intentan, acusa el regidor de Ourense, alejarlo de la política mediante la publicación de audios "manipulados" y "adulterados" , una operación que considera "orquestada" por el PP. A pesar de esto, admite que no puede descartar volver a pactar con José Manuel Baltar si los números postelectorales lo permiten.

Con este escenario en Ourense, Alfonso Rueda afronta su primera campaña municipal como presidente del PP gallego y de la Xunta. Durante su participación en algunos mítines los últimos días, indicó que los conservadores son la garantía de "no mantener a alcaldes que no trabajan ni a minorías que solo miran por sus intereses". Porque, según señaló, los bipartitos de izquierda son "pactos entre perdedores" que provocan "inestabilidad".

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