Andalucía mantiene ya sin Vox las subvenciones a grupos antiabortistas para asesorar a embarazadas

Vox ya no es necesario para cuajar una mayoría parlamentaria, pero su influencia permanece y se sigue incrustando en el BOJA, el boletín oficial de la comunidad. El Gobierno andaluz ha publicado una convocatoria de subvenciones que cubre a entidades antiabortistas, una cesión de PP y Cs a la ultraderecha en la pasada legislatura, aunque el partido de Santiago Abascal ya no es necesario. El montante para las ayudas es de hasta 700.000 euros y abarca la atención y el asesoramiento a mujeres embarazadas y madres "sin recursos" de niños de cero a tres años.

En anteriores convocatorias, este programa ha servido para financiar actividades de organizaciones del movimiento católico provida como Red Madre y Adevima, encargándoles el asesoramiento a mujeres embarazadas. Tras la publicación en infoLibre de este último caso, el de Adevima –que participaba en acciones para impedir abortos a las puertas de un centro abortivo–, Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, alertó de una "institucionalización del acoso".

La Consejería de Inclusión, responsable del programa, preguntada por infoLibre sobre los motivos para mantener la ayuda y su balance de la misma, respondió que se trata de subvenciones para entidades "sin ánimo de lucro" y que en 2022 sirvieron para atender a 1.200 mujeres y casi 1.200 menores "que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo por pobreza, marginación, riesgo de exclusión social, explotación sexual y/o violencia de género".

Una ayuda arrancada por Vox a beneficio del lobby "provida"

Las ayudas tienen su anclaje en la colaboración entre el Gobierno andaluz de la pasada legislatura, formado por PP y Cs, y el que fue su apoyo parlamentario, Vox. Aunque a menudo se ignora, dado su talante moderado, que Juan Manuel Moreno firmó cuatro acuerdos con el partido de ultraderecha, uno de investidura y tres presupuestarios, con medidas en inmigración, género, memoria histórica y educación. Uno de esos acuerdos, el alcanzado en junio de 2019 para que el partido de Santiago Abascal apoyase los presupuestos, recogía que la Junta debía crear una nueva subvención para asociaciones dentro de sus servicios para ayudar a las mujeres a "llevar adelante su embarazo". Con estas subvenciones, la formación de ultraderecha consiguió anotarse el logro de una medida de marcado carácter antiabortista, que daba satisfacción a sus bases "provida".

Ahí está el origen. Luego el compromiso se renovó y amplió en dos acuerdos más, en octubre de 2019 y noviembre de 2020, quedando concretadas todas estas intenciones en un programa oficial con dos líneas, aprobado ya por la Consejería de Salud y Familias, entonces dirigida por Jesús Aguirre (PP). La primera línea era para proyectos de "asesoramiento, apoyo y acompañamiento" a embarazadas y madres de niños de hasta tres años presentadas por entidades sin ánimo de lucro. La segunda, para ayuntamientos y diputaciones con "perspectiva de familias".

El programa contó con dos convocatorias en la legislatura pasada, una en noviembre de 2020 y otra en enero de 2022, cada una con un millón de euros para la línea de asociaciones y medio millón para la de instituciones públicas. La Junta acabó concediendo 1,63 millones en el marco de estas ayudas, algo más de 1,3 millones en la línea 1 (entidades sin ánimo de lucro) y una cifra próxima a los 330.000 en la línea 2 (instituciones), según la información de la base de datos oficial de ayudas públicas consultada por este periódico.

Aunque las dos líneas salen del acuerdo con Vox, es la primera la que está más claramente integrada en la agenda antiabortista. Así lo prueba su lista de destinatarios, entre los que hay clásicos del lobby "provida".

De Red Madre a Adevima

¿En qué se acabó traduciendo esta ayuda? El Gobierno andaluz ha encargado el asesoramiento a embarazadas a organizaciones antiabortistas como Red Madre, uno de los puntales del movimiento ultracatólico español, que ha recibido más de 270.000 euros; también a Adevima, que considera "hijos de Satanás" a los políticos que ven en el aborto un derecho y que ha recibido casi 166.000 euros.

En el caso de Adevima, se trata de un grupo que ha participado en un tipo de movilización de la derecha católica especialmente polémico, el consistente en acudir a las puertas de una clínica donde se practican abortos para tratar de disuadir a las mujeres que acuden allí. En 2018 esta entidad publicitó su participación en al menos dos actos de este tipo en Sevilla. "Resulta muy duro tratar, casi siempre sin éxito, de impedir que se asesinen [sic] a personas inocentes e indefensas", publicó la organización tras participar en una concentración dentro de la campaña 40 Días por la Vida. La organización desplazó a la clínica un vehículo con mensajes contra el aborto, el "furgón vidamóvil". Había voluntarios "rezando el rosario e informando, repartiendo folletos y piececitos", según Adevima.

Ecuador campaña 40 Días por la Vida. Furgón "Vidamóvil" de Provida Mairena frente a un centro abortivo pic.twitter.com/MTKAtQzm21

— Pro-Vida Mairena (@providamairena) March 5, 2018

Este tipo de actividades llevó a una reforma del Código Penal, impulsada por el PSOE, para castigar a quienes lleguen a molestar, ofender o intimidar a las mujeres o a quienes impidan el trabajo de los empleados de estos centros.

700.000 euros más

Ahora el Gobierno andaluz, ya sin necesidad de ningún otro grupo –tampoco de Vox– para sacar adelante sus proyectos en el Parlamento, vuelve a convocar ayudas de la línea 1, la que sirvió para subvencionar a Red Madre y Adevima.

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Tras la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en junio de 2022, el presidente reestructuró su gobierno, con cambios de competencias que implican que ahora las ayudas dependan de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Dicho departamento, dirigido por Loles López, ex secretaria general del PP andaluz, ha publicado en agosto una resolución que destina hasta 700.000 euros a estas ayudas, distribuidas según la población de cada una de las ocho provincias.

El plazo de presentación de solicitudes ya está cerrado, pero aún no está publicado el listado de adjudicatarias. Si se agotan los 700.000 previstos, lo destinado a esta línea de ayudas superará los 2 millones de euros en tres convocatorias anuales.

Según la Junta, las subvenciones "permitirán el desarrollo de proyectos de alojamiento y de programas sociolaborales con la finalidad de favorecer su autonomía personal y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social". "Además, se fomentarán servicios de atención inmediata, proyectos de asesoramiento legal y atención psicológica, el mantenimiento de redes de apoyo entre mujeres, la formación y orientación educativa focalizada en la inclusión sociolaboral y la orientación para la adquisición de competencias parentales y fomento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar", añade la Junta.