Empleadas del hogar pelean por hacer valer sus derechos a pesar de tener la ley de su lado desde hace un año

Teresa Casamayor tiene 52 años. Se ha pasado más de 30 trabajando como empleada de hogar: limpiando casas, cuidando niños y acompañando a personas mayores. A veces, con jornadas que rondaban las doce horas. Sus padres, procedentes de un humilde pueblo abulense llamado Navamojada, la mandaron a Madrid cuando apenas rozaba los 17 años. El dinero faltaba en casa, y tal y como habían hecho años antes sus cuatro hermanas mayores, no quedaba otra alternativa que trabajar en hogares para ayudar económicamente a sus progenitores.

A pesar de sus tres décadas trabajadas, Teresa solo ha cotizado seis años. “Mis jefes me decían que Seguridad Social no, porque no se la podían permitir, y que esto son lentejas, si quieres las coges y si no, las dejas”, ha asegurado. Víctima de un cáncer de mama desde hace dos años, con el escaso tiempo que llevaba dada de alta, no le corresponde ninguna prestación. Solo recibe 300 euros al mes, procedentes de las dos únicas familias que la tenían en situación regular cuando enfermó, y que aún siguen cotizando por ella. Las otras tres la despidieron cuando el hospital se convirtió en su segunda casa.

En varias ocasiones, ha notado miradas de superioridad por parte de sus jefes: “Como si fuera la última mierda. Ellos tienen todos sus derechos, pero tú por ir a limpiar, no tienes derecho a nada”. Teresa se siente agradecida porque “esas dos familias me pagan la Seguridad Social, si no, no tendría ni los 300 euros”. Con ese dinero debe costearse las medicinas, “unos 50 euros al mes”.

Casamayor ya no puede volver a ejercer: “He quedado mal, con dolores bastante fuertes. Para mí, realizar cualquier trabajo en mi propia casa es un sacrificio. Aparte, tengo metástasis en las vértebras y eso dificulta que esté mucho tiempo de pie”, ha relatado visiblemente emocionada.

Dada su situación, acudió a la Asociación Española Contra el Cáncer por si tenía derecho a alguna ayuda. Allí le dijeron que “si hubiera sido viuda o soltera, sí que me podrían ayudar con unos 500 euros, pero al estar casada no me correspondía. Se supone que es mi marido quien tiene que hacerse cargo de mí”. La respuesta no le sentó nada bien: “Jamás he necesitado vivir de mi marido. Ahora es cuando lo estoy haciendo, y lo llevo fatal”. Pero, ¿qué alternativa le queda? Al visitar una oficina de la Seguridad Social, la respuesta de la funcionaria fue la misma: “No tenía derecho a nada”. Y Teresa, está desolada.

Es 1 de octubre de 2023. Se cumple un año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. Entre otros derechos, se incluía la prestación por desempleo o la baja médica por enfermedad. Aunque, ¿han aumentado los contratos a raíz de esta ley? La presidenta de la asociación SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), Karla Girón, ha garantizado que “se mantienen igual”. Algunos jefes dicen a sus empleadas que “en su casa mandan ellos, ni el Gobierno, ni el Ministerio de Trabajo”, y así “la necesidad siempre termina ganando a la realidad”.

El monstruo del miedo

Lo justo sería denunciar, pero las cosas no son tan sencillas, según ha contado Girón. “Existe el monstruo del miedo. Por el miedo no se atreven a denunciar. Las amenazan con que, si no quieren esas condiciones, cogen a otra persona”. Además, las coacciones se intensifican cuando la mujer es inmigrante y sin papeles. “El abuso es muchísimo peor porque, además de perder el trabajo, las atemorizan con que les van a echar a la policía encima para deportarlas”.

Otro obstáculo al que se enfrentan las trabajadoras domésticas es el edadismo. “Cuando las ven mayores, las obligan en forma de maltrato psicológico, verbal y físico a que renuncien al trabajo”. Despedirlas “no sale rentable porque los empleadores tendrían que pagar un finiquito alto". Y así hay muchísimos casos, dice la presidenta. Entre ellos, el de “una compañera que lleva 18 años en la misma casa y desde hace cuatro meses la jefa no la trata bien, le grita, le ha golpeado…”. Mientras, la trabajadora está intentando tener paciencia y “aguantar un poco más hasta la jubilación”. Como las presiones no han surtido efecto, “el empleador le va a reducir la jornada”.

Las que cobran en negro y el pluriempleo

Los problemas de estas mujeres se agravan aún más si no están dadas de alta porque, cuando pierden su empleo, no les queda nada. Según el INE, en España hay 580.000 empleados de hogar. De estos, 517.000 son mujeres. Pero en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social están inscritas 373.000, lo que significa que hay más de 200.000 en situación irregular. “El porcentaje de compañeras que están trabajando en la economía sumergida ronda el 35% y ni siquiera con este decreto se ha reducido el número. El empleador que quiere respetar la ley, lo hace, y el que no, no”, ha apostillado.

La sanción a la que se enfrenta un empleador que no da de alta a su trabajadora es una multa, pero solo si esta denuncia. Y si lo hace, “la despiden”, ha advertido Girón. Por eso, desde su asociación piden al Gobierno que “haga inspecciones de trabajo”.

La última EPA (Encuesta de Población Activa) del INE de 2023 ha revelado que una de cada seis personas están pluriempleadas en nuestro país: unas 588.000. Es el dato más alto desde que se tienen registros. Eso sí, en esta rama laboral “el pluriempleo es más alto”, han aseverado desde SEDOAC. “Alrededor de un 60% son internas y el otro 40% trabajan en un montón de casas. Es muy raro que la compañera externa tenga un contrato de 8 horas en el mismo hogar. Y no en todas pagan la hora como deben, ni las dan de alta”, tal y como le sucedió a Teresa.

No toda la moneda es gris. Hay una cara afable que da un halo de luz al sector: “Una compañera hondureña murió de un paro cardíaco en su puesto de trabajo. Sus jefes le dijeron al cónsul que ellos asumían todos los gastos de repatriación. Y lo hicieron en señal de agradecimiento por la crianza que ella dio a sus hijos”, según han indicado desde SEDOAC.

Las propuestas del cambio

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Para regular la situación laboral de este colectivo, la fundadora de Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, tiene otra propuesta: “Crear un sistema de cuidado público y comunitario al que las familias y las cuidadoras podamos acceder. Y hasta que eso no se coordine, va a haber estas carencias: pocos contratos, escasez de sueldo, no dar de alta en la Seguridad Social”. Con ello, dicen, las familias de menos recursos que necesiten cuidar a un familiar, podrían hacerlo.

Pimentel también ha denunciado el limitado salario que reciben las empleadas, quienes, además de pagar vivienda, comida y transporte, “deben enviar dinero a los familiares que están al otro lado del charco”. En otros casos, las vacaciones tampoco están entre los derechos. Ni las pagas extras. Ni las horas libres. Incluso “algunas compañeras tienen que recuperar las horas que han estado en el médico”, ha sentenciado la fundadora.

Con todo, las asociaciones se han mostrado contentas por estos avances: “Muchas mujeres van a cumplir un año desde que empezaron a cotizar, y si una pierde su trabajo, gracias a esa ley tendría derecho a cuatro meses de paro”, ha concluido Pimentel. Eso sí, ha confesado que le habría gustado ir un paso más allá y tener “paro retroactivo”, síntoma de que “todavía faltan más derechos por los que luchar, mecanismos para que las leyes se cumplan y conciencia social para valorar nuestra labor”.