Una “rendición” ante el Estado: así ven la norma los independentistas críticos con la ley de amnistía

Dicen los más acérrimos detractores de la amnistía que revienta el marco constitucional. Advierten que, tras su pacto con los nacionalistas, el gobierno de Pedro Sánchez aboca el país a una nueva dictadura. Lo repiten y corean a diario, desde hace casi dos semanas, a las puertas de la sede del PSOE. Pero no son los únicos. Al otro lado del tablero, la norma también levanta ampollas, aunque los motivos sean muy distintos y las consignas estén a años luz.

Los independentistas contrarios a la amnistía esgrimen también la Carta Magna, pero con una lectura opuesta. Consideran que el texto apuntala la Constitución, los aleja aún más de sus aspiraciones soberanistas y supone un “punto final” para el conflicto catalán. Se trata de un conjunto de voces, entre las que figuran partidos y entidades, plataformas y personalidades que llevan tiempo mostrando sus reticencias con el camino que ha emprendido el grueso del independentismo, favorable a la amnistía. Unas críticas que se han intensificado con el paso de los días y que resuenan ahora, ya en pleno debate de investidura. 

Una de esas voces es la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La entidad que preside Dolors Feliu considera demasiado alto el precio que han pagado los partidos independentistas a cambio de la amnistía: “dar la presidencia a un gobierno liderado por un PSOE que aprobó el 155 para aniquilar el autogobierno catalán y renunciar a la vía unilateral”. Según fuentes de la organización, este proyecto de ley no resuelve el conflicto político, sino que cierra en falso una etapa. Y lo hace sin ninguna garantía de que los socialistas acaben accediendo a “la autodeterminación y el referéndum”. “Una vez investido Sánchez, los independentistas no tendrán muchas armas. Dejar en manos del PSOE una resolución del conflicto significa perpetuarlo y postergar sine die su resolución. Más que un acuerdo es una rendición”, denuncian.

La ANC también teme que la amnistía aplaque la movilización independentista y sea utilizada por el Gobierno como “una muestra de benevolencia y de apaciguamiento” tanto a nivel interno como de cara a Europa. Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite los recursos contra los nueve condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés —entre los que se encuentra el expresidente de la ANC Jordi Sánchez— y dio de plazo a España hasta el 12 de enero para que presentara sus alegaciones. “Es muy posible que la amnistía desarticule estas demandas”, alerta la entidad.

Y aunque lamentan que el texto no abarque a todas las personas procesadas en el marco del procés ni frene la “persecución futura” en eventuales acciones o protestas independentistas, las mismas fuentes admiten que no pueden “cerrarse en banda” y celebran que la norma vaya a beneficiar a cientos de encausados.

Regreso al autonomismo

Desde la CUP tampoco están satisfechos con los acuerdos alcanzados entre Junts y ERC con el PSOE, que consideran “un pacto de rendición”. Acusan así a estas formaciones de haber traicionado los compromisos alcanzados en el Parlament en aras de sus intereses: “El redactado demuestra que las prisas y las necesidades partidistas se han puesto por delante de los derechos colectivos”. Los anticapitalistas consideran que el partido de Oriol Junqueras y el de Carles Puigdemont “han abandonado la vía de la independencia y se han situado de nuevo en posiciones autonomistas que son un tope para los derechos nacionales y sociales” porque el texto negociado “borra completamente la autodeterminación del mapa” y “nada tiene que ver con un pacto para avanzar en la resolución democrática del conflicto”.

"No sólo no se vincula la amnistía al derecho de autodeterminación, sino que se refuerza el marco constitucional y las instituciones que niegan este derecho”, recalcan desde la CUP, molestos aún con ERC y Junts por haberse desvinculado de una propuesta que presentaron la semana pasada para impulsar un nuevo referéndum de independencia en Cataluña.

En esta misma línea se sitúa el colectivo jurídico Alerta Solidària que coordina, entre otros, la defensa de los CDR acusados de terrorismo. Así como la CUP, también esta organización critica algunas “ambigüedades” del texto, como el interrogante sobre si estos activistas podrán acogerse a la amnistía. “Desgraciadamente, estas incertidumbres serán resueltas por los jueces, pero nosotros batallaremos todos los casos”, resalta en declaraciones a infoLibre su portavoz, Martí Majoral.

Alerta Solidària también denuncia que la ley de amnistía “escenifica una política de retorno al autonomismo” y trata de “enterrar un conflicto no resuelto”, lo que dicen que se hará evidente en futuras movilizaciones. “El problema es qué pasará cuando en la próxima manifestación haya detenidos o alguien quiera desobedecer. ¿O es que por el hecho de que dos o tres partidos hayan acordado un pacto de legislatura el resto estamos obligados a dejar de lado la reivindicación de la independencia? Eso no pasará. La ley de amnistía cubre un amplio período de tiempo, pero acaba el 13 de noviembre de 2023 y hoy o mañana, si hay nuevas protestas, puede haber nuevas detenciones”, argumenta Majoral.

Una “humillación” sin contrapartida

Precisamente este argumento es uno de los principales caballos de batalla del exdiputado de Junts y exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que se considera “perjudicado” por esta ley. En declaraciones a infoLibre, Costa sostiene que sus procesos judiciales son parte de su “lucha por la independencia” y que la nueva norma amenaza sus intereses. “Tengo causas penales que he tomado la decisión consciente de asumir y he llevado a Estrasburgo para lograr la derrota de España, causas que podrían perder su objeto o ser desestimadas por culpa de la ley de amnistía. Si eso pasa, lo consideraré un grave retroceso”, asegura. Se refiere, entre otros, a la demanda por vulneración de derechos fundamentales que presentó a raíz de la causa por desobediencia contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent y de la que fueron finalmente absueltos.

Costa considera además “políticamente indefendible” que los independentistas hayan “acatado el marco constitucional para ser perdonados”, cuando —afirma— la amnistía no implica el “abandono de la vía represiva”: “La valoración política debe ser negativa. Es una humillación, una ley de punto final, un lavado de cara para el Estado que quiere poner fin a la situación. Sólo existe la posibilidad de que la represión se minimice en la medida en que el independentismo institucional acata el marco constitucional y renuncia a la unilateralidad”.

Por todo ello, vaticina que la amnistía “acabará de desactivar cualquier confrontación” con el Estado. “Ya no habrá una disidencia institucional respecto de la política de acatamiento, como con los indultos, que sólo apoyaba ERC. En el pacto de la amnistía, que en la práctica es consolidar el régimen, participa todo el independentismo institucional”, insiste.

Junto a Costa, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí es otra de las figuras de peso del independentismo que ha criticado con más dureza el pacto con el PSOE. De hecho, Ponsatí, que fue consellera del Govern de Carles Puigdemont y se marchó de España en 2017, siempre ha sido un verso libre, pero su distanciamiento con la cúpula del partido se ha hecho más evidente en los últimos meses, especialmente después de que cuestionara abiertamente la estrategia del expresident. Los dardos han vuelto ahora en un reciente artículo publicado en el digital “Vilaweb” bajo el título “Final de trayecto”. En él, Ponsatí también tacha el acuerdo por la amnistía de “humillación” y arremete contra el líder de Junts por “menospreciar” a quienes han estado de su lado: “Que el primer presidente de Cataluña que nos había dicho que no quería saber nada de España pacte para hacer presidente de España al líder de este PSOE es un menosprecio a la gente que ha confiado y lo ha protegido”.

Para Ponsatí, el resultado de la negociación con el Ejecutivo es “un acuerdo sin otro contenido que la promesa de amnistía”, una medida que, a su modo de ver, se traducirá en “la amnistía que permita tener tantos políticos controlados como sea imaginable”. “El precio ha sido renunciar a la vez a la autodeterminación y a las políticas que el país necesita”, censura.

Los díscolos de ERC

Pero tampoco ERC puede alardear de tener una posición monolítica. El Colectivo Primer d’Octubre, integrado por militantes de Esquerra, ha sido muy beligerante en los últimos meses y, una vez conocido el texto de la amnistía, ratifica los reproches vertidos hasta la fecha contra la dirección de su partido.

“Todo el camino es erróneo. Partimos de una mala decisión que nos está llevando a sitios que tampoco son buenos”, recalca a este diario el portavoz del colectivo, Xavier Martínez. “No votamos para esto, sino para que prevaleciera el derecho a la autodeterminación”, continúa. Una de sus mayores preocupaciones, como apuntaba la ANC, es que la amnistía impida una eventual condena al Estado por parte de los tribunales europeos, lo que a su juicio supondría una derrota sin paliativos. “Hay gente que ha sufrido mucho por el camino”, insiste antes de reprochar la actitud de los políticos que “debían llevar a Cataluña a la independencia” y que, “por incapacidad, falta de voluntad o porque están reprimidos”, han tomado la dirección contraria.

“Faltan líderes que tengan las estrategias apropiadas. El malestar sigue en la calle y tarde o temprano aflorará. Ya veremos cuando lleguen las elecciones”, concluye.