García Ortiz, un fiscal al que no traga la derecha judicial para una legislatura marcada por la amnistía
Cuando Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) llegó a la cúspide del Ministerio Público, lo hizo con una máxima: "Hacer, construir y mejorar". El reto era enorme. Sobre todo, tras el turbulento mandato de la que hasta ese momento había sido la jefa. Los dos años y medio de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado habían sido de todo menos sencillos. Se la criticó con dureza por su política de nombramientos, su pasado como ministra de Justicia o sus vinculaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pero eso no echó para atrás a García Ortiz a la hora de asumir una misión con el que continúa comprometido. Este miércoles, el fiscal general, contra el que ha cargado parte de la carrera fiscal y del caduco Poder Judicial, ha renovado en el puesto.
García Ortiz ingresó en la casa en 1998. Durante un par de años, ejerció como fiscal coordinador de la entonces adscripción de Menorca. Y, tras ello, fue destinado a Galicia. Esa fue durante casi dos décadas su casa. Un pasado gallego que reivindica cada vez que tiene oportunidad. Empezó como fiscal en Santiago de Compostela. Luego, fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios de la comunidad autónoma. Y tras esto se convirtió en fiscal delegado de medioambiente. El caso Prestige fue uno de sus grandes retos. Alrededor de un millón de folios, cientos de horas de grabaciones y decenas de comisiones rogatorias a lo largo y ancho del planeta. "Es un milagro que se celebre el juicio", llegó a decir sobre lo complejo del procedimiento.
Hace un par de años, García Ortiz aterrizó en Madrid para ponerse al frente de la Secretaría Técnica de una Fiscalía General del Estado que entonces estaba bajo la batuta de Delgado. Ambos habían coincidido en la intensa campaña de la Unión Progresista de Fiscales para las elecciones al Consejo Fiscal de 2018. Unos comicios en los que García Ortiz hizo historia. Pese a concurrir bajo las siglas de la UPF, minoritaria en la carrera, el fiscal salió de la cita con las urnas como el más votado. "Hay gente que puede estar en las antípodas de él que le respeta y le aprecia", apuntan sus colaboradores. Con esas credenciales, y más de dos décadas de carrera, se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en el número dos de la institución.
Aquel, el de Delgado, fue un mandato complicado. Y García Ortiz era, cuentan aquellos que le conocen, quien cuando cundía el desaliento paseaba por los despachos insuflando ánimo. Entonces, trataba de mantenerse en todo momento en un discreto segundo plano, lo que no impidió que terminase salpicado por cuestiones como la salida de Ignacio Stampa, el fiscal del caso Villarejo, de Anticorrupción. El investigador acusó a la cúpula del Ministerio Público de haber maniobrado para dejarle fuera, algo que García Ortiz siempre ha negado. Un asunto que, de hecho, marcó parte del examen del fiscal en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cuando fue propuesto para tomar las riendas de la Fiscalía General del Estado tras la salida de Delgado.
García Ortiz, a quien sus más estrechos colaboradores describen como un tipo "muy inteligente", de "convicciones firmes" y con "gran sentido del humor", ha revalidado este miércoles su cargo tras un primer mandato difícil en el Palacio de Fontalba. Dos han sido, fundamentalmente, los momentos más duros. El primero de ellos tiene que ver con su antecesora en el cargo, a la que García Ortiz ascendió primero a fiscal de Sala y luego colocó al frente de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dos decisiones que no gustaron a la mayoría del Consejo Fiscal –dominado por la conservadora Asociación de Fiscales–. Un ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal que el pasado mes de noviembre tumbó el Supremo.
En su sentencia, el Alto Tribunal consideró que el ascenso supuso una "desviación de poder". Un fallo del que derivó el segundo momento más complicado. Nueve días después del varapalo, un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado se opuso a la renovación de García Ortiz en el cargo. Por primera vez en la actual etapa democrática, el bloque conservador –para ser más exactos, ocho de sus diez miembros– logró que el órgano de gobierno de los jueces negase la idoneidad del candidato, algo que ya intentó sin éxito el mismo sector la primera vez que se pronunció sobre el fiscal. "No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se le confieren pueda considerarse idóneo", señalaron en alusión al fallo del Supremo.
La amnistía, el gran asunto
Quienes trabajan codo con codo con él señalan la habilidad del fiscal general del Estado a la hora de afrontar las situaciones delicadas. "Tiene presencia de ánimo. Nunca le he visto desfondado, abatido o con sensación de derrota", señala una de las fuentes consultadas. Eso, seguramente, sea una buena cualidad a la hora de afrontar un segundo mandato que se espera muy intenso y que estará marcado por la amnistía. Un olvido jurídico sobre el que el fiscal general ha rechazado pronunciarse. "Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", ha señalado este miércoles en su discurso de toma de posesión.
Su silencio sobre una norma que aún está en tramitación parlamentaria ha sido duramente criticado por el sector más conservador de la carrera. "No es una opción válida para quien ostenta la dirección del Ministerio Fiscal", le afeaba el pasado septiembre la mayoritaria Asociación de Fiscales. También lo fueron sus reticencias a la hora de pronunciarse sobre la inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, después de que los fiscales del procés le exigiesen amparo. Dieciocho fiscales del Supremo le llegaron a acusar de "ignorar deliberadamente" la petición. Al final, el Consejo Fiscal amparó por unanimidad a los fiscales ante los ataques independentistas, si bien García Ortiz rechazó que se pronunciara sobre la amnistía para no "interferir" en el legislativo.
Lo que sí hizo el Ministerio Público a comienzos de diciembre es solicitar al Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía Superior de Cataluña información "detallada, individualizada y sistematizada" de las diferentes causas relacionadas con el procés. Aún no tienen todos los datos. Faltan, explican, los de Barcelona. Sin embargo, esperan tener el listado ya preparado para cuando la ley de amnistía sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. También está pendiente el informe del Consejo Fiscal sobre la norma de olvido jurídico, una opinión que exigió por su cuenta la Mesa del Senado, controlado por el PP, a principios de diciembre y que ha provocado el enésimo enfrentamiento con la Asociación de Fiscales, que acusa a García Ortiz de sustraer dicha petición "al conocimiento" del órgano.
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El mandato del fiscal general del Estado arranca también en plena cascada de nuevas informaciones vinculadas con la llamada operación Cataluña, las supuestas maniobras del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para atacar al independentismo catalán. Éste ha sido, hasta ahora, un asunto que la justicia española ha rechazado analizar en profundidad. Sin embargo, a comienzos de semana la Fiscalía de Cataluña acordó abrir diligencias de investigación por la supuesta investigación de la policía política del ex fiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol. "Para el caso de acreditarse la realización de actividades de investigación prospectiva podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público y, en su caso, de un delito de prevaricación administrativa", señalaba el Ministerio Público.
Durante su discurso tras tomar posesión del cargo, García Ortiz ha avanzado algunos de sus objetivos para este nuevo mandato. Así, por ejemplo, ha señalado que la Secretaría Técnica tiene avanzada "un conjunto de doctrina vinculante" respecto de los delitos de corrupción –prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios–. También tiene previsto aprobar "varias instrucciones" para "reforzar el sistema de controles y contrapesos" y "mejorar el régimen de toma de decisiones". De esta manera se abordarán, entre otras cuestiones, "el sistema de discrepancias" en el seno del Ministerio Público o la "dación de cuenta" a los superiores jerárquicos.
Del mismo modo, tiene previsto, hasta que "vea la luz una necesaria reforma estatutaria de carácter integral", impulsar "mejoras parciales" del Estatuto Fiscal para "ir conquistando mayores parcelas de autonomía, modernización y transparencia". "Porque las costuras de un Estatuto Orgánico de 1981, parcialmente actualizado hace ya más de 15 años, se resquebrajan ante la presión que sobre ellas ejerce el imparable avance y progreso de nuestra institución, que no hace sino acompañar al de la sociedad española", ha resaltado durante su discurso.
