Aragonès como jefe de los CDR, una relación que vio el CNI pero no García Castellón o la Guardia Civil

Lunes, 18 de abril de 2022. Un informe de Citizen Lab, un organismo de la canadiense Universidad de Toronto, hace saltar todas las alarmas en un independentismo catalán que llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja. El documento pone de manifiesto que los teléfonos de 63 máximos responsables de ERC, Junts y la CUP, así como miembros de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, habían sido controlados durante un lustro con Pegasus, un programa espía de la empresa israelí NSO Group que, en teoría, sólo pueden adquirir instituciones gubernamentales. Entre los afectados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont, Artur Mas y Quim Torra. Y el que entonces lideraba el Ejecutivo catalán: Pere Aragonès.

El peso pesado de ERC había estado bajo la lupa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y eso es algo que reconoció a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados la entonces jefa de los espías, Paz Esteban. Ahora bien, dejó claro que aquellos no fueron seguimientos clandestinos, sino que contaban con aval judicial. Ahora, casi dos años después, el Gobierno ha puesto a disposición de la justicia los autos del Tribunal Supremo que dieron luz verde al espionaje contra el actual president. Una operación que se puso en marcha cuando Aragonès era vicepresident de la Generalitat y su partido ya se había apartado de la vía unilateral de independencia.

La primera autorización a los servicios de inteligencia está fechada en julio de 2019, si bien luego se acordaron dos prórrogas más de tres meses cada una, coincidiendo con las protestas sociales tras la sentencia del procés y las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El paso previo por el Alto Tribunal, que cuenta con un magistrado de enlace con el CNI, es el procedimiento previsto legalmente para cuando el Centro quiere adoptar medidas que afectan "a la inviolabilidad de domicilio y al secreto de las comunicaciones". Y a la hora de pedirlo, debe justificar bien los "hechos" en los que se apoya dicha solicitud y los "fines que la motivan".

El Centro Nacional de Inteligencia, en este caso, pidió permiso para espiar alegando que Aragonès dirigía y coordinaba en la "clandestinidad" las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos que se pusieron en marcha en 2017 al calor del referéndum del 1-O y que posteriormente protagonizarían protestas en las calles. Una vinculación que, sin embargo, sólo vio el Centro Nacional de Inteligencia. Porque nada similar se puede extraer de la principal investigación judicial que ha girado alrededor de los CDR. Es, en concreto, la que se ha desarrollado en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. El que dirige el magistrado Manuel García-Castellón.

Este procedimiento estalló en septiembre de 2019, cuando la Guardia Civil llevó a cabo la llamada Operación Judas, que finalizó con la detención de varios miembros de los Comités de Defensa de la República. Y las pesquisas se alargaron hasta el pasado mes de noviembre, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó abrir juicio oral contra una docena de personas, a los que se acusa de haber conformado una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable" para llevar a cabo "acciones violentas o atentados". La Fiscalía ha puesto sobre la mesa delitos de terrorismo, tenencia de explosivos o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

En su auto de procesamiento, dictado justo un año después de que el CNI solicitase la tercera prórroga del espionaje al president, García-Castellón no hace ni una sola mención a Aragonès. Ni siquiera, al analizar el funcionamiento de los Comités de Defensa de la República, desliza la posibilidad de que los mismos pudieran estar coordinados o dirigidos desde las altas esferas políticas. Así, explica que la estructura de los CDR se reparte por todo el territorio catalán mediante diferentes Comisiones. En un primer nivel están las "Locales", que llevan su actividad en el ámbito de una localidad. Éstas, son coordinadas por las "Territoriales", que se mueven a nivel comarca, las cuales, a su vez, son coordinadas por las "Nacionales", cuyo ámbito es Cataluña.

La explicación que ofrecía en el auto de procesamiento el magistrado bebía, fundamentalmente, del informe de conclusiones sobre la investigación que le había trasladado unos meses antes la Guardia Civil. Un documento que tampoco hace mención ni a Aragonès ni a un movimiento perfectamente coordinado y dirigido por un responsable político. "Las investigaciones de esta unidad, por tanto, se enmarcan en las actividades de estos grupos, compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada", señalaba el Instituto Armado, que situaba el origen de los CDR en el entorno de la CUP.

Los límites de la fiscalización

La ley, como hemos dicho, obliga a los servicios de inteligencia españoles a pedir permiso al Supremo antes de registrar una casa o pinchar un teléfono. Ahora bien, la labor del Alto Tribunal se limita a eso: a dar luz verde y, en caso de que sea necesario, acordar una prórroga de las actuaciones. Es decir, la autorización no va acompañada de una posterior fiscalización por parte del magistrado de los resultados que obtenga el Centro Nacional de Inteligencia de dichas operaciones. "Las actividades de los agentes del CNI no están funcionalmente subordinadas al esclarecimiento de hechos aparentemente constitutivos de delitos", señaló el Supremo en la sentencia que condenó al exespía Roberto Flórez por sacar archivos del CNI para enviarlos a los servicios secretos rusos.

¿Y a quién debe informar, entonces, la inteligencia española? Según marca la ley, al Gobierno. "El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones", reza el artículo 1 de la norma reguladora del CNI. Un Ejecutivo que, de hecho, es el encargado de determinar y aprobar anualmente "los objetivos" del centro a través de una directiva de inteligencia que tiene "carácter secreto".

A pesar de ello, sí que podrán tener conocimiento de dichos objetivos y de su grado de cumplimiento los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, un órgano que puede tener "conocimiento de las materias clasificadas" y acceso a documentos. Ahora bien, de nuevo sus sesiones y deliberaciones son secretas. De hecho, fue en ese órgano de la Cámara Baja donde la exdirectora del CNI Paz Esteban dio, con papeles en la mano, las primeras explicaciones tras la publicación del informe de Citizen Lab.

La 'Operación Cataluña'

Desde el Ejecutivo se han esforzado este viernes por trasladar varias ideas. La primera, que ni el Poder Judicial ni el CNI "tienen que dar cuenta al Gobierno" de las investigaciones que hacen. La segunda, que se ha actuado con respeto a la legalidad y la "máxima transparencia", en alusión a la decisión del Ejecutivo de desclasificar los autos en los que se apoya el espionaje del terminal del actual president. Y la tercera, que todas estas intervenciones –como ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska– "vienen del PP", si bien la primera autorización que consta para infectar con Pegasus el móvil de Aragonès se produjo con Pedro Sánchez ya al frente del Ejecutivo.

La oposición, por su parte, se ha sacudido responsabilidades, señalando que desde el Gobierno no se puede "alegar ignorancia" en relación al espionaje: "Sánchez consideraba a ERC un partido peligroso para la integridad territorial y autorizó que fuera investigado". Y el principal afectado, Aragonès, ha cargado contra las "mentiras" utilizadas por el CNI para justificar su actuación. "Si no fuera porque por esta justificación de he estado sometido durante 9 meses, como mínimo, a un espionaje ilegitimo, sería para reírse, parecería una aventura de Mortadelo y Filemón", ha sostenido el líder del Ejecutivo catalán.

Para el president, lo que ponen de manifiesto los autos del Supremo es que la llamada Operación Catalunya tuvo una "segunda parte" centrada en "el espionaje masivo a personas por su compromiso con la independencia". Se refiere, en concreto, a la supuesta guerra sucia contra el independentismo catalán que se habría iniciado con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior. Un asunto en el que, hasta ahora, la justicia española ha evitado entrar. Sí que lo ha hecho, sin embargo, la Fiscalía de Cataluña, que esta semana ha acordado abrir diligencias de investigación por el supuesto espionaje de la llamada policía política al ex fiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol.