Planas lanza un paquete de emergencia para ganar tiempo pero el campo mantiene las tractoradas

El Ministerio de Agricultura lanzó este jueves 18 medidas de emergencia para tratar de calmar las protestas agrícolas, que en las últimas dos semanas han cortado carreteras en decenas de ciudades españolas. Las tractoradas continuarán durante el resto del mes de febrero, pero el anuncio ha conseguido suavizar las posiciones de las tres principales organizaciones agrarias, que ven con buenos ojos algunos de los cambios anunciados. 

La batería de medidas aborda muchas de las preocupaciones que ha trasladado el campo en las ultimas semanas, como la reducción de la burocracia, el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria y una posición más dura frente a la importación de alimentos desde fuera de la Unión Europea. El ministro Luis Planas definió el encuentro como "positivo" y añadió que también se sentará con las comunidades autónomas y con el resto de ministros de los Veintisiete para avanzar en los asuntos que no son de su competencia.

Las organizaciones agrarias, por su parte, no se mostraron tan optimistas como el titular de Agricultura. Asaja, la organización con mayor poder en el campo, se dirigió con dureza a Planas. "Valoro lo que hemos conseguido en la reunión, pero hay temas de los que prefiero no hablar, como los cambios en la ley de la cadena alimentaria", dijo Pedro Barato, presidente de Asaja. El representante se dirigió con dureza a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a la de Trabajo, Yolanda Díaz, porque a su juicio han complicado el trabajo de los agricultores y ganaderos debido a las nuevas exigencias agroecológicas y la subida de las cotizaciones sociales. Desde COAG definieron la reunión como "un paso adelante, aunque queda mucho camino por recorrer", dijo Miguel Padilla, secretario general de la organización. 

Entre las medidas anunciadas se encuentra la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario (AEICA), una mejora de la ya existente Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que se encarga de garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria. Su objetivo es que todos los actores que participan en la producción y la venta de alimentos tengan garantizado un beneficio por su trabajo, es decir, se prohíbe la venta a pérdidas, que generalmente castiga a los agricultores y ganaderos. Este nuevo impulso dotaría al órgano de más personal, ya que en la actualidad las inspecciones son muy limitadas y el año pasado apenas impuso 161 sanciones.

Otro de los grandes anuncios es que el Cuaderno Digital de Explotación, que iba a empezar a ser obligatorio el 1 de septiembre para grandes explotaciones, finalmente será de carácter voluntario. Esta aplicación móvil registra las siembras, las recolectas y cualquier producto químico que se eche al cultivo en la explotación con el objetivo de mejorar la eficiencia del sector. En lugar de ser obligatorio, será voluntario y el ministerio dará incentivos a su uso, según dijo el ministro.

Asaja, COAG y UPA, tres organizaciones agrarias en las antípodas ideológicas subidas en el mismo tractor

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Las medidas aplaudidas por Asaja son la reducción en las exigencias para que determinados cultivos accedan a las ayudas verdes de la Política Agraria Común, ya que algunas de las condiciones suponían una reducción de la producción de los profesionales. El ministerio también se reunirá próximamente con las comunidades autónomas para pedir que agilicen la burocracia a la hora de pedir las ayudas, puesto que el papeleo es de competencia regional.

Por último, Agricultura prometió que en la próxima reunión con sus homólogos europeos del día 26 de febrero defenderá la aplicación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales del bloque para importar alimentos del exterior.  Estas cláusulas garantizan que los productos importados también tengan estándares medioambientales y laborales a la europea, aunque Planas no tiene todavía el apoyo de la mayoría de países de la UE, unos votos necesarios para imponer esta política. El objetivo es lograr que las frutas y verduras que llegan de terceros países con una legislación mucho más laxa no desbanquen en precios a los alimentos locales, como se quejan los profesionales.

Durante la reunión en el Ministerio de Agricultura, las principales organizaciones ecologistas han anunciado que este viernes se reunirán con Teresa Ribera "para trasladarle su preocupación por los ataques a las políticas ambientales" que llegan estos días desde el campo. Las organizaciones verdes temen que las tractoradas en España y otros países -donde se leen algunos lemas negacionistas o contra la agenda ecologista- supongan una regresión en los avances que se han logrado para reducir la contaminación en el sector primario, que representa aproximadamente el 13% de las emisiones europeas.