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Caso Koldo

Cargos de confianza de ministros copan los consejos de administración de empresas públicas

Fotografía de archivo, tomada el 05/08/2019, de Koldo García junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En el año 2019 el exministro José Luis Ábalos colocó a su entonces asesor y hombre de confianza, Koldo García, en el consejo rector de Puertos del Estado. El organismo, dependiente del ministerio de Transportes —dirigido por Ábalos— fue el que el primero que firmó uno de los contratos investigados, por un total de 24,2 millones de euros para la compra de mascarillas en plena crisis del coronavirus. La investigación, que arrancó en la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en las supuestas mordidas derivadas de contratos para la adquisición suscritos por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Unas licitaciones cuyo montante total rondaría los 53 millones de euros.

García fue miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado dos años, entre junio de 2019 hasta julio de 2021, cuando Ábalos cesó como ministro. Aunque el entonces presidente de la institución, Francisco Toledo, un histórico del socialismo valenciano, ha insistido desde el principio que el contrato se hizo por orden del ministerio y estuvo supervisado por funcionarios del organismo. Es más, aunque el asesor de Ábalos formaba parte del consejo de administración del ente público, según Toledo solo acudió a una reunión. Pero, ¿por qué Koldo García tenía un asiento en este organismo? ¿Es lo habitual?

Lo de García no es una anomalía, ya que hay muchos asesores y altos funcionarios de la Administración General del Estado con un asiento en los consejos de administración de empresas públicas como Navantia, Renfe, Correos, la corporación de RTVE, la Agencia Efe, Aena, Adif o Enaire. Todas ellas forman el sector público empresarial, donde hay aproximadamente 200 compañías controladas total o parcialmente por el Estado. En esos consejos se sientan altos cargos de los ministerios pero también asesores y funcionarios del Estado. Estos últimos pueden ingresar entre 6.800 y 12.000 euros brutos anuales por ello. Los altos cargos —como, por ejemplo, los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los secretarios generales, los delegados del Gobierno, los directores generales... —, sin embargo, no pueden cobrar nada por asistir a las reuniones, según establece la Ley 5/2006, y su retribución pasa directamente al Tesoro Público.

La retribución de aquellos cargos que sí pueden percibirla varía en función del tamaño de la empresa. Fue el Ministerio de Hacienda el que lo reguló en el año 2013 al clasificar las empresas publicas en tres grupos, según criterios como el número de trabajadores, la financiación, el volumen de inversión o el sector, entre otras cuestiones. El grupo uno, al que pertenecen empresas como Correos, RTVE o Navantia, tiene asignados 11.994 euros de retribución máxima anual por asistir a las reuniones del consejo de administración; el grupo dos, 9.425 y el tercero, 6.854.

¿Quién se sienta en los consejos de administración de Efe, Renfe, Adif, Puertos del Estado o Navantia?

En organismos como la Agencia Efe —que pertenece al nivel dos— los directores de comunicación copan los puestos del consejo de administración. Destacan nombres como el de Esther de la Mata, directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Iolanda Mármol, directora de Comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Silvia Zancajo, directora de Comunicación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el de Jaume Viñas, director de comunicación de la Ministra de Hacienda. También tiene un asiento la directora adjunta del Gabinete de la ministra de Trabajo y Economía Social, Estela Pazos, el director de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Álvaro Abril o la directora del Gabinete del secretario de Estado de Comunicación, Laura Voces, o el asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Oscar Abou-Kassem, entre otros de los doce miembros.

En el caso de Renfe, hay una presencia mayoritaria de asesores del ministerio de Transportes —Koldo también estuvo en su consejo de administración—. Entre ellos está Antonio López, asesor del ministerio dirigido por Óscar Puente; Ángela Matía, jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Transportes; Ainhoa Morondo, directora del Gabinete del Secretario de Estado de Transportes; al igual que David Pérez, asesor del gabinete de Puente. Sucede lo mismo con Adif, donde tienen un asiento reservado Eva Ballesté, asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes; Francisco Díaz, asesor del secretario de Estado de Transportes; y María Isabel Vela, vocal asesora en el gabinete de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.

En Puertos del Estado se sienta un asesor del Ministerio de Transportes, Renato Marín, y una asesora del Gabinete del Secretario de Estado, Raquel Raboso, así como la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia, Ainhoa Alday, entre otros nombres con perfiles más técnicos. Por lo que respecta a Aena, hace unas semanas se ratificó el nombramiento de Beatriz Alcocer, asesora del Ministerio de Transportes; Ainhoa Morondo —que también está en Adif— y el de Ángel Faus, director de comunicación del Ministerio de Industria.

En Enaire están Alejandra Sánchez, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado Presupuestos y Gastos dependiente del ministerio de Hacienda y Antonio López, asesor de Transportes, que también cuenta con un asiento en Renfe. En Navantia, por su parte, también se sienta el asesor del Gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Daniel Jiménez Díaz, y el director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego Martínez.

Por último, por lo que respecta a RTVE, aunque los miembros del consejo de administración no son asesores del Gobierno sí son designados por los partidos políticos. En febrero de 2021, PSOE y el PP pactaron la conformación del nuevo Consejo, eligiendo desde el Congreso y el Senado al presidente y nueve consejeros de la corporación pública. José Manuel Pérez Tornero, propuesto por el PSOE, fue elegido presidente ─que renunció en septiembre de 2022─, al igual que Ramón Colom, Elena Sánchez y Concepción Cascaroja. El PP eligió a Carmen Sastre, Jenaro Castro y María Consuelo Aparicio, mientras que Unidas Podemos avaló a Roberto Lakidain Zabalza y José Manuel Martín Medem y PNV hizo lo propio con Juan José Baños.

La figura del asesor

"Todos los partidos políticos usan y abusan de la posibilidad legal de nombrar asesores políticos", explica Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia y acceso a la información pública a este periódico. "La normativa estatal no contempla ninguna limitación en cuanto al número, requisitos y retribuciones", prosigue Blanes, que la califica como "una potestad muy atractiva" porque "se puede nombrar a dedo a todas las personas que quieras, sin tener que cumplir ningún requisito de estudios, experiencia o capacitación profesional", lamenta.

A juicio de Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, hay "mucho desconocimiento y confusión" alrededor de la figura del asesor. "No es un perfil que esté lo suficientemente regulado o pormenorizado en cuanto a su rol, sus funciones o los perfiles que lo tienen que protagonizar", señala en conversación con infoLibre. Aira explica que "dentro del paraguas del concepto asesor hay muchísimas cosas" que van desde el ámbito de comunicación, a la prensa, las redes, la estrategia digital, el discurso o la imagen.

Esos perfiles más específicos conviven, según Aira, "con una figura de asesor indeterminada que queda a discreción del presupuesto que se pueda disponer un representante político y de sus necesidades" lo que genera, a su modo de ver, "una especie de cajón de sastre donde entran personas no por su cualificación personal ni por su preparación personal" sino porque "son cercanas" al ministro o político de turno. "Es ahí donde se pervierte y se mancha el concepto de asesor en general", lamenta.

Blanes coincide. "Los asesores políticos son eventuales, es decir, son nombrados y cesados libremente por la autoridad que los nombra. Las personas que ocupan estos puestos de confianza son antiguos cargos políticos que han perdido su anterior puesto, amigos o afiliados del partido. Se prima la afinidad política o personal frente a los méritos. Ello provoca que personas sin ninguna formación o experiencia puedan dirigir servicios, departamentos o instituciones sin tener ni idea de lo que tienen entre manos", subraya.

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Aira opina que hay figuras como los jefes de gabinete que son "funcionales" porque deben ajustarse "a las necesidades" del ministerio en función y considera que no debería haber problema en que estén en consejos de administración e instituciones públicas de diferente naturaleza, pero añade que desde ahí "se debería crear un filtro" estipulado por "unas condiciones base" para acceder a determinados puestos de trabajo y también una remuneración "que se corresponda" con esa preparación. El experto cita, por ejemplo, que sí hay algún cargo en comunicación esa persona debería tener experiencia acreditada como periodista o si se trabaja en el departamento de relaciones internacionales que se tenga "un buen dominio" de los idiomas y se conozca la idiosincrasia de los diferentes países.

El experto en transparencia aboga por modificar la normativa "para limitar el número y las retribuciones del personal eventual y exigir un mínimo de requisitos de formación y experiencia profesional". De lo contrario, asegura, "cualquier persona puede sentarse en el consejo de administración de una empresa pública, sin tener la capacidad necesaria para ello, con la única finalidad de colonizarla y controlarla políticamente".

Aira, que insiste en que la figura del asesor es muy importante dentro de la política, admite que a los políticos les va a "costar" iniciar algún tipo de regulación para mejorar los perfiles dentro de los ministerios, los partidos y las instituciones, sean estatales, autonómicas o locales, ya que hay quienes que siempre van a tratar de hacer una "mala utilización" para "colocar amigos, conocidos y compañeros de partido".

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