Primer test a los fondos Next Generation: España solo ha asignado el 40% y Andalucía y Valencia lideran el reparto

El contexto: la diseminación de los 80.000 millones de euros que la Unión Europea ha asignado a España en el marco del programa de Fondos Next Generation. Objetivo: intentar poner luz al destino de ese dinero y al ritmo al que se está transfiriendo y aplicando. Con ese fin, los economistas Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) vinculado al Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, como Jorge Galindo y Javier Martínez, han armado un sistema de scraping y algoritmos en tiempo real con el que han recogido todas las convocatorias de licitaciones y subvenciones, así como las concesiones de ambas. Han partido de datos de fuentes públicas oficiales, que han sometido a un proceso de filtrado para eliminar duplicidades y evitar problemas de doble contabilización y han tenido en cuenta información adicional cruzando bases de datos oficiales para completar un análisis en el que han trabajado desde septiembre de 2023 hasta mediados de febrero de este año.

Se han centrado en la fase más cercana al impacto en la economía real de las oleadas de Fondos Next Generation que les permiten los datos públicos y han concluido que desde 2021 hasta el cierre de enero de 2024, de los 80.000 millones asignados a España, se han “convocado 56.344”, esto es un 70%, y se han “concedido 32.925 millones”, el 41%. Junto a ello, un 72% de las concesiones a empresas –excluyendo autónomos, personas físicas…– “se concentran en el top 1% de receptores” y son unas 1.540. Y, dentro de ese grupo, el 0,1% que más acumula “se lleva un 42%”.

Por lo que respecta a los destinatarios del dinero europeo, hay que dividir entre las licitaciones, a las que pueden optar empresas, autónomos, organizaciones sin ánimo de lucro o entidades de derecho público; y las subvenciones, a las que además de los entes expuestos pueden aspirar particulares y entidades públicas “de un rango y frecuencia notablemente mayor, especialmente autonomías y entidades locales”, se aclara en el informe. Con todo, una vez agrupados el conjunto de beneficiarios de los fondos de la UE “para tener la foto completa”, lo que se observa es que “las entidades de naturaleza privada se llevan el grueso del monto concedido hoy en día: alrededor de 29.000 millones”. Para el resto quedan 3.000, a distribuir entre empresas públicas y otras entidades, que acumulan 2.468 millones; y organismos locales, a los que se han asignado 290.

Si se pone la lupa en la distribución geográfica de los fondos, dos comunidades gobernadas por el PP, la valenciana y andaluza, “lideran en términos de importe”, al haber recibido “más de 1.200 millones cada una”, a la luz del trabajo llevado a cabo por Hidalgo, Galindo y Martínez. A continuación, Madrid y el País Vasco “también presentan cifras significativas, superando los 800 millones”. Aunque, si el foco se coloca en el dinero por habitante, encabezan el ranking el País Vasco, Castilla La Mancha, Aragón, Castilla y León o La Rioja, territorios todos por encima de los 300 euros per cápita. Por contra, Cataluña y Madrid sólo habrían captado 130 euros por persona; y Navarra 90.

Por sectores de actividad, de los 16.000 millones otorgados por subvenciones y licitaciones que tienen asignada una afiliación sectorial concreta, dado que para el resto no hay datos, el 25%, más de 4.000 millones “se dedicaron a la construcción”, seguida del comercio y del área de la información y de las comunicaciones, según los autores del trabajo, y pese a que los fondos europeos deberían contribuir, en teoría, a modernizar modelos económicos obsoletos.

No obstante, cabe señalarse que el reparto sectorial “varía sensiblemente por comunidad autónoma”, aunque la construcción domine en casi todas ellas. Los economistas asocian las diferencias a prioridades autonómicas diferentes o a la estructura productiva de partida, que en el caso de Andalucía o Cataluña sería el comercio, en Asturias las industrias extractivas, en Madrid o Cataluña, información y comunicaciones; o las actividades profesionales en el País Vasco.

En opinión de los artífices del estudio, “para cumplir en plazos” las autonomías deberían “acelerar sensiblemente” el paso, si bien, “hay diferencias muy considerables entre territorios y sectores”. Matizan luego que hay "otra manera de valorar" los resultados que han obtenido, que pasa por que "la ejecución de los fondos se ha adaptado a la estructura pre existente, siguiendo un ritmo similar al que podíamos anticipar de antemano, yendo por los caminos de menor resistencia: las entidades y administraciones con mayor experiencia adquirida, capacidad interna construida, y vinculadas a los componentes del plan más articulados (los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica o PERTE, el Kit Digital o agencias de energía...) son las que han podido responder de manera más ágil a las altas exigencias de objetivos y ejecución” marcadas originalmente por Bruselas. 

Hidalgo señala que la ejecución de los Next Generation está ligada a una doble vía: subvenciones y licitaciones. "Las primeras son un instrumento lento por los muchos pasos que conllevan y las segundas lo son o no depende de quién licite". Y se explica: "Si hay un equipo de empleados que las hace a diario, será rápido. Y existen entes como ADIF que lo hacen muy bien, por lo que ha tomado ventaja el que es eficiente". Una lectura que une a las cifras vinculadas a la construcción. "Todos los fondos dedicados a movilidad sostenible, por ejemplo, que implican dinero para la mejora de líneas férreas, la construcción de carriles...; o los fondos para el aislamiento térmico de edificios, para la eficiencia energética, se van computando a construcción", arranca, para cerrar: "Y es lógico que las empresas de ese sector sean las primeras, porque es más fácil para la Administración movilizar ese dinero".

A su juicio, en el futuro "se debería ver que ese sector ya ha cogido su máximo y otros dedicados a la formación, la investigación… van subiendo". En cualquier caso, lo que de momento sí mostrarían los datos, a su entender, es "un timing derivado de la eficiencia que tienen administraciones u organismos públicos. Unos ejecutan rápidamente y otros son muy lentos", condesa.

"Están quedando muchos remanentes"

Al margen de que sean sectores económicos tradicionales los que vayan en cabeza en la aplicación de estos fondos UE, al profesor de la UPO le ha llamado la atención "la cantidad de convocatorias que quedan sin cubrir todavía", el que "no haya concesiones después de un año o dos" del inicio del trámite en algunos casos. Esto le ha hecho pensar "si falta información, o ésta no se ha subido", pero también cree que "están quedando muchos remanentes". Entre territorios, en cambio, no han detectado "enormes diferencias", aunque las comunidades "van evolucionando en función de su tamaño y de los fondos disponibles", a velocidad desigual.  

Tampoco ha pasado desapercibida para Hidalgo la existencia en ocasiones de "una fuerte concentración -de fondos- en pocas empresas", que suelen ser "grandes constructoras de toda la vida o empresas de telecomunicaciones que son las sospechosas habituales" y, sobre todo, entidades "asociadas a PERTE, que, de una sola tacada, movilizan muchos miles de millones de euros". Se han encontrado con que "una única empresa se ha llevado 123 millones" o con "una automovilística alemana que ha recibido varias concesiones de una misma convocatoria, pero es porque eran para varias líneas de actuación".

Transparencia, o no...

Hildalgo avanza que la intención del equipo de EsadeEcPol es seguir mejorando la base de datos y puliendo errores, si los hubiera, para actualizar la información periódicamente. Rellenarán así un hueco dejado por la Administración central del Estado, que no ha generado un sitio web en el que se muestre de forma clara la evolución en la ejecución de los fondos UE. ¿Se le puede achacar al Gobierno falta de transparencia? "La ley la cumplen porque la información está disponible, pero ni dentro de la Administración la tienen porque hay un problema práctico", anota el profesor, en alusión a que intervienen muchos actores, entres ellos las 17 comunidades, las diputaciones... lo que implica perfiles e instrumentos múltiples a consultar, como la plataforma de contrataciones del Estado o la base nacional de subvenciones. "No es sólo voluntad política, es que hay mucha información dispersa", remata.