Por qué es Iberdrola quien denuncia a Repsol por 'greenwashing' y no los ecologistas

La semana pasada se hizo pública la batalla judicial que libran desde el 21 de febrero Iberdrola y Repsol. La mayor eléctrica del país denunció a la principal petrolera por una supuesta publicidad engañosa en su web, donde a menudo Repsol se anuncia como baluarte de la lucha contra el cambio climático, pese a ser la compañía que más ha contaminado en España durante los últimos tres años. La noticia supuso un golpe en la mesa sobre el sector privado, que hasta ahora no ha rendido cuentas por casos de greenwashing pese a las denuncias recurrentes que hacen las organizaciones ecologistas. El motivo es que la legislación actual no recoge la falsa publicidad sobre medioambiente y solo puede denunciarse bajo las leyes de competencia empresarial a las que no pueden acudir las organizaciones civiles.

La clave del caso Iberdrola-Repsol es que la demanda se ampara en la Ley de Competencia Desleal, que sólo puede invocar una compañía que compita en el mercado con el afectado y se haya visto perjudicada por su publicidad engañosa. Es el caso de Iberdrola, que en entre el primer trimestre de 2020 y el de 2023 ha perdido casi un punto porcentual de cuota de mercado eléctrico, mientras que Repsol lo ha ganado y ya supera el millón de clientes. Tras conocerse la demanda, desde la petrolera achacaron la lucha judicial a que Iberdrola quiere frenar el avance de Repsol en el mercado de la luz porque "no está acostumbrada a manejarse en un mercado competitivo". En enero, Repsol anunció la extensión de sus descuentos en carburantes para sus clientes de electricidad, una promoción muy agresiva para aumentar todavía más su espacio en el sector eléctrico.

La estrategia de la demanda de Iberdrola por competencia desleal no es viable para las organizaciones ecologistas, que llevan años intentando frenar el greenwashing mediante campañas públicas, pero sin acudir a los tribunales. Ana Barreira, directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), explica que en estos casos es clave la legitimación activa, la demostración que hay un interés legítimo para acudir a los tribunales, y solo lo tienen las empresas. Otra vía sería denunciar por la vía de la Ley General de Publicidad, pero solo sirve para frenar anuncios que atenten contra la Constitución, los menores o la violencia de género, pero no contra el medioambiente. "Nosotros hace años estudiamos la posibilidad de hacer esta demanda, pero el orden jurídico español es muy restrictivo", reconoce la abogada.

Greenpeace también lleva tiempo barajando actuar contra empresas que hacen falsas promesas ambientales en televisión o internet, pero todavía no ha encontrado el encaje legal de esta demanda. José Luis García, portavoz de esta ONG ecologista, asegura que tienen varias denuncias "en proceso de estudio", pero que la legislación española deja a estas organizaciones en un limbo jurídico porque en teoría no defienden a los consumidores y no pueden demostrar el principio de interés legítimo. "La teoría es que para demandar por la vía del consumo tienes que ser una organización que defiende los derechos de los consumidores, aunque nosotros protegemos el medioambiente, que es lo que se ve afectado por el greenwashing. Es un terreno gris", afirma García. Sobre la demanda de Iberdrola a Repsol, el portavoz celebra que es "esperanzador" que por fin un caso así llegue a los tribunales. "No entramos en si se trata de una lucha empresarial o no, pero sí creo que el caso de Repsol es tan descarado que ha tenido que ser denunciada por otra compañía", recalca el experto en energía de Greenpeace.

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La demanda de Iberdrola presentada a finales de febrero en los juzgados de Santander es la primera interpuesta entre dos compañías que se conoce en España y supone no solo un terremoto en la energía, sino que podría abrir a puerta a que otros sectores repliquen este tipo de acciones. La guerra entre fabricantes de coches eléctricos y de combustión o dentro del sector bancario —las grandes entidades financian con miles de millones la extracción de combustibles—, podrían ser otros candidatos.

Según fuentes de Iberdrola, Repsol "promociona iniciativas sostenibles, cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", y la eléctrica ha encontrado hasta 15 referencias en su web que serían casos de greenwashing. Por ejemplo, citas como "La lucha contra el cambio climático está en nuestro ADN" o "A la cabeza del sector en la lucha contra el cambio climático". En la demanda también se incluyen las constantes referencias de Repsol sobre su objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, "dentro de más de 25 años y sin necesariamente disminuir sus emisiones brutas, compensando las emisiones de CO₂ mediante acciones como la reforestación y el almacenamiento subterráneo del carbono producido", critica Iberdrola.

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La polémica fue aireada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando la semana pasada primero mencionó la disputa judicial en un tuit, sin añadir valoraciones, y el miércoles afirmó en un foro eólico en Bilbao que siendo "absolutamente neutra" en la polémica, sabe de qué lado está. "En los últimos años, hemos visto como proliferaba la publicidad de productos supuestamente verdes [...] y debemos poder confiar en los mensajes que nos transmiten las compañías”, añadió la vicepresidenta tercera, que ya calificó en enero al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de "retardista y negacionista" por tachar de ideológica la transición energética.

Imaz, por su parte, señaló el jueves desde la sede de la petrolera que la demanda del gigante eléctrico es "carente de fundamento jurídico", y contestó a la titular de Transición Ecológica: "¿Queremos industria, señora Ribera? ¿Sí o no? ¿Quiere que cerremos las refinerías, que generan 28.000 empleos directos, indirectos e inducidos?", preguntó el líder de Repsol.

Más allá de la disputa empresarial, es un hecho que la petrolera fue en 2020, 2021 y 2022 la compañía más contaminante de España, según la base de datos comercio de emisiones de la Comisión Europea. En 2022, el último año con datos disponibles, Repsol adquirió derechos para emitir 12,4 millones de toneladas de CO₂ equivalentes, una cifra prácticamente idéntica a la de 2008, por lo que la petrolera no ha adaptado su modelo de negocio al cambio climático. Esa cifra solo representa las emisiones directas de la petrolera por su proceso productivo, no las que genera la gasolina o el diésel que venden a los consumidores, por lo que el impacto real de la compañía es mucho mayor.