La falta de unidad en el PP sobre migración deja a su líder sin discurso y pone en riesgo los acuerdos con Vox

A escasas horas de que se celebre la conferencia sectorial de infancia y adolescencia el Partido Popular no tiene una posición común sobre el reparto de menores no acompañados. Es más, hay presidentes autonómicos que critican que el Gobierno les obligue a acoger y otros que reclaman que lo haga para tratar de poner fin al colapso en sus respectivos territorios. La conferencia tendrá lugar este miércoles en Tenerife y en ella se debatirá el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjería lo que implicaría que, por primera vez, el Estado obligue por norma al reparto entre comunidades, que actualmente es voluntario.

Para los líderes del PP en Canarias y Ceuta, dos de los territorios que están más saturados por la llegada de migrantes, es necesaria la reforma de la ley. El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, afirmó en una entrevista en El Mundo que el Ejecutivo debe "imponer" una acogida obligatoria de menores migrantes, mientras que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó este martes en la Cadena Ser que las derivaciones sean "automáticas".

Sin embargo, desde la dirección de su partido liderada por Alberto Núñez Feijóo, evitan respaldar esa postura y dejan en manos de las comunidades autónomas la decisión final. Génova asegura que el Gobierno debe "abandonar la imposición" y reclama fondos "para que no se generen riesgos de inseguridad", en palabras del vicesecretario y portavoz del PP, Borja Sémper. El dirigente del PP insistió hasta en cuatro ocasiones en la supuesta inseguridad —al igual que hace Vox— y los posibles problemas de convivencia. "De la gente hacinada, sin expectativas, sin futuro... puede haber de todo, y no podemos permitirlo", señaló ante las preguntas de la prensa.

Sémper situó en todo momento la responsabilidad en el Gobierno central y les acusó de "improvisar" pese a que, precisamente, la reforma de la ley de extranjería busca que el reparto se realice en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos. "Exigimos un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales y técnicos para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos y ante lo que consideramos una flagrante inacción en política exterior del Gobierno, singularmente ante la Unión Europea", reclamó.

El PP no concreta ninguna propuesta y eleva la queja a la UE para desgastar a Sánchez

Aunque son las autonomías las que tienen las competencias en la materia, el PP sitúa toda responsabilidad en el Gobierno de Sánchez y critica las condiciones en las que están los menores en todas las comunidades, también en aquellas presididas por su formación. "¿En qué condiciones viven esos menores? ¿En las condiciones inhumanas, hacinados? Esto es lo que está provocando el Gobierno de España", afirmó desde Génova el portavoz del PP.

El acuerdo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Canarias ratificaron el pasado mes de abril llegó a petición expresa de Fernando Clavijo (CC) y beneficiaría sobre todo a las islas, Ceuta y Melilla al ser los territorios que más migrantes reciben. Sin embargo, se recibe con escepticismo en otras comunidades autónomas del PP, como la Comunitat Valenciana, Andalucía o La Rioja, que aseguran que están al límite de su capacidad y que no pueden acoger a grandes cupos de menores. Se trata de la misma queja que trasladan otras autonomías como Cataluña.

Para Sémper el reparto debe ser "asimétrico" en función de las comunidades autónomas. "Nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen", señaló el portavoz del PP, en referencia a los presidentes autonómicos. "Con carácter general los territorios pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad porque exceder sería incurrir en un comportamiento inhumano", añadió, obviando que tanto Canarias como Ceuta han sobrepasado ese límite hace tiempo.

Más allá de las quejas, el PP todavía no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para atajar la situación y únicamente ha reclamado ayuda a Bruselas, siguiendo la estrategia de 'internacionalizar' cualquier conflicto para desgastar a Sánchez. "Ante la inacción del Gobierno de España, solicitamos que la Comisión Europea active de manera inmediata todas las políticas, instrumentos y herramientas en su mano para hacer rente a la situación migratoria en las islas Canarias", así reza la carta firmada por la portavoz del PP en la UE, Dolors Montserrat y dirigida este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Vox amaga con romper los gobiernos autonómicos con el PP si aceptan el reparto

Desde que la migración ha vuelto al centro del debate político Vox lo está aprovechando para marcar perfil frente al PP. La extrema derecha insiste una y otra vez en el mismo falso mantra: los menores que llegan a España son jóvenes peligrosos a los que el Estado trata mejor que "a los de aquí", que tienen más ayudas, más facilidades y más privilegios. Ahora la formación de Santiago Abascal amaga con romper los Ejecutivos regionales de los que forma parte si los conservadores acuerdan con el Gobierno de Sánchez el reparto.

"Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas, y por tanto la distribución de la inseguridad, por toda España. Si en el PP en algunas de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga. No es problema...o sí es problema", dijo este lunes Abascal. Una amenaza que ya había enarbolado la semana anterior y que el PP desdeñó.

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El pasado año, durante la crisis migratoria que también afectó a Canarias, Vox se opuso al reparto en el resto de la Península y presionó a su socio de gobierno en las autonomías en las que gobiernan conjuntamente para que se negaran a acoger a migrantes, difundiendo mensajes xenófobos alertando de una supuesta "invasión" y acusando, sin ninguna base, de los supuestos riesgos terroristas derivados de la llegada de personas procedentes de África.

El vicepresidente de Castilla y León, el ultra Juan García Gallardo, llegó a difundir a través de redes sociales un vídeo grabado en Medina del Campo —donde se acogió a 250 personas— en nombre del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP) criminalizando a los migrantes dirigiéndose a ellos como "jóvenes varones en edad militar que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo". Mañueco ha asegurado que está dispuesto a acoger a migrantes y ha prometido la "solidaridad" de Castilla y León, lo que podría forzar la ruptura.

La extrema derecha defiende la teoría conspiranoica de El Gran Reemplazo, según la cual los blancos católicos están en trance de ser sustituidos, siguiendo un plan deliberado alentado por las "élites globalistas", por árabes, subsaharianos y población de otras etnias.