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Partido Popular

El PP vincula ahora su agenda social al beneplácito de la patronal tras el aviso de Garamedi a Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escucha al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un acto en Madrid.

El Partido Popular sigue con su plan para tratar de disputar la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez tras identificar —a través de encuestas elaboradas por empresas demoscópicas — que cuestiones como la vivienda o la conciliación familiar preocupan más al grueso de la sociedad que la ley de amnistía. Hasta la fecha la dirección de Alberto Núñez Feijóo le había dado todo el protagonismo al olvido jurídico hasta el punto convertirlo en su punta de lanza contra el Ejecutivo central en en las Cortes Generales, los tribunales y en la calle.

En el inicio de este nuevo curso político, Génova ha querido cambiar el paso pero se ha encontrado a la patronal enfrente, por lo que ahora busca congraciarse con ellos a través nuevas medidas. Así, el PP ha anunciado a través de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, que la norma "más ambiciosa de la democracia" sobre conciliación que registrarán en la Cámara Baja incluirá la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" y que también beneficiará a las empresas a la hora de conceder contratos públicos a aquellas que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de lo que plantea la ley.

Estas medidas se suman a las que ya anunció el PP la pasada semana en las que la empresa —y no el trabajador— son los principales beneficiados. Entre ellas, dar incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares. "A CEOE le proponemos nuestra ley. La conciliación no tiene por qué ser una carga para las empresas", resumió Alós, que reclamó "poner entre todos de nuestra parte: las empresas, los trabajadores y la Administración".

Alós también nombró otra de las medidas que más controversia generó la pasada semana, la de eliminar la obligatoriedad fijada por ley en los permisos de paternidad y maternidad las primeras seis semanas después del parto. Actualmente ambos progenitores deben hacer uso de ese tiempo de forma obligatoria e ininterrumpida tras el nacimiento del bebé pero el PP plantea que el padre pueda hacer uso de esas seis semanas en otro momento. "El acuerdo entre trabajadores y empresa seguro que es posible", aseguró, abriendo la puerta a que las empresas nieguen ese permiso o fuercen al trabajador a utilizarlo cuando a él no le interese.

Lo que el PP ha querido destacar este lunes es que su planteamiento se alinea con el de la patronal, ya que, a su modo de ver su iniciativa repercutirá en la "calidad del trabajo" que desarrollan los trabajadores para sus empresas y, por tanto, tendrá un efecto positivo en la productividad. Fuentes de la formación ya advertían la pasada semana de que cualquier iniciativa en materia de conciliación deberá contar con el aval de la CEOE y esperan convencerles de que den su aprobación a la última ocurrencia de Feijóo sobre la jornada laboral.

La CEOE reivindica su "independencia" frente al PP de Feijóo

Todo comenzó la semana pasada. El líder del Partido Popular trató de escenificar ese 'giro social' anunciando la ley de conciliación y abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana —una de las medidas 'estrella' de la izquierda— pero no en las mismas condiciones en las que la plantean Sumar o Podemos, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Es decir, lo que planteó Feijóo es trabajar "nueve o nueve horas y media" cada día y obtener, a cambio, una jornada extra a la semana.

Una propuesta que el líder del PP anunció que trasladaría a patronal y sindicatos en una reunión próxima. Días más tarde, desde Génova contaron a algunos medios que Feijóo había intentado ejercer de mediador con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acercarlo a la postura del PP ya que, hasta ahora, la patronal ha rechazado cualquier propuesta que implique modificar la jornada laboral. El propio Garamendi, sin embargo, desmintió en una entrevista en Antena3 que la patronal avale esa iniciativa. "Ni me ha dicho que me atrae, ni me ha dicho qué tengo que hacer. Porque yo tengo que decir con toda claridad que nosotros somos independientes", alegó.

A Garamendi tampoco pareció convencerle el argumento de la productividad esgrimido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que también defienden Feijóo y su núcleo duro. "¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizó. En esa línea, pidió "separar la política del día a día" y reivindicó "la libertad" de la CEOE para acordar y disentir con las formaciones políticas.

En una posterior entrevista con el diario El Mundo trató de mostrarse más conciliador y aseguró que el líder del PP "no le presiona" y que la CEOE "escucharía" el planteamiento del conservador. "Lo estudiaremos y si nos parece mal diremos que no. Si nos parece bien, pues que sí". Por el momento la postura de las patronales CEOE y Cepyme, que son las que están participando en las mesas de diálogo social, es contraria a la reducción del tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 que propone Trabajo.

Génova no quiere abrir ningún frente con Garamendi ni con la patronal

El líder del Partido Popular no quiere abrir ningún frente con el líder de los empresarios y ha procurado evitar cualquier tipo de conflicto con Garamendi al contrario que su antecesor, Pablo Casado, que se mostró muy crítico con el 'sí' de la patronal a la reforma laboral y también con unas declaraciones del propio presidente de la CEOE sobre los indultos. Para Génova es de vital importancia contar con el respaldo de los empresarios en esta materia, pero para las organizaciones empresariales su principal aliada es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras trascender las intenciones de Génova para comprimir la jornada laboral en cuatro días, el consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó con rotundidad su rechazo. "Estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral", alegó, porque "es una medida que va en contra de los autónomos y de las pymes". Horas después de estas declaraciones, desde la Puerta del Sol se apresuraron a aclarar que se referían a la propuesta de Yolanda Díaz y no de Feijóo.

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Lo cierto es que Ayuso siempre ha tenido claro de qué lado posicionarse en esta batalla. El pasado mes de julio inauguró la Asamblea General de Cepyme y desde allí acusó al Ejecutivo de Sánchez de "amenazar" e "ignorar" a las empresas para promover una "medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general, sino a un plan para acabar con nuestra economía social de mercado", en referencia a la reducción de jornada. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fiel aliada de Ayuso, ha tachado de "error" que el PP de Feijóo quiera abrir el debate ya que, a su juicio, implica perder la "batalla cultural" con la izquierda.

En el entorno de Feijóo asumen que entre sus propias filas hay divergencia de opinión pero tienen claro que no se quieren alejar demasiado de la patronal, donde trabajan algunos de sus excompañeros de filas como Jose Luis Ayllon, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la confederación, un puesto creado con su llegada. Anteriormente fue director del Gabinete del Presidente del Gobierno con Mariano Rajoy y entre 2011 y 2018 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en Presidencia.

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018).

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