El Supremo pone en riesgo secretos de Estado al ordenar el clonado de los dispositivos de García Ortiz
Una causa por un delito de escasísima trascendencia, la revelación de secretos que el Tribunal Supremo imputa al fiscal general, ha servido para poner en peligro algunos de los secretos más importantes del Estado. El clonado de los ordenadores y dispositivos de Álvaro García Ortiz ordenado por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supone que los agentes han sacado de la sede del Ministerio Público información que no solo afecta al jefe de ese organismo, sino también a investigaciones reservadas de la Fiscalía y causas secretas nacionales e internacionales que pueden involucrar a todas las instituciones y poderes del Estado. Un registro sin precedentes que se ha producido, además, sin que el investigado haya tenido tiempo para designar abogado y sin conocimiento de la fiscal del caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que, al haberse decretado el secreto del sumario, es la única parte en el proceso que puede tener acceso a las actuaciones.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se presentaron este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado con una orden bajo el brazo. Lo hicieron después de que el magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado abriese formalmente la investigación contra García Ortiz por la filtración del correo electrónico que demostró que fue Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y no el Ministerio Público –como intentó hacer creer el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña– quien buscó un acuerdo por fraude fiscal. Y poco antes de que diera inicio en el cuartel general de la Fiscalía un acto que, finalmente, ha tenido que ser cancelado.
Hurtado, a quien desde hace años persigue su negativa a citar como testigo a Mariano Rajoy en la Gürtel o a que el PP fuese condenado como partícipe a título lucrativo en el marco de esa causa, ha dado luz verde a primera hora de la mañana de este miércoles a una inédita entrada y registro en el despacho de García Ortiz –nunca antes el jefe del Ministerio Público había estado investigado penalmente– para intervenir "todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos" que pudieran guardar relación con el delito de revelación de secretos que se encuentra bajo la lupa del Alto Tribunal. Una autopsia sin precedentes de las comunicaciones del fiscal general del Estado.
En su resolución, el magistrado autorizaba la "intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático" que haya podido ser empleado o que pudiera servir "como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación". También la aprehensión de los dispositivos móviles u otros aparatos electrónicos –desde la tablet a ordenador portátil–. O, en caso de que fuera necesario para extraer "la mayor información posible", el rooteo de sus teléfonos, una práctica que permite obtener privilegios de administrador en los mismos para realizar una "imagen forense" del aparato.
Los agentes aterrizaron en la Fiscalía General del Estado con aval judicial para proceder al volcado de redes sociales, conversaciones de Whatsapp o cuentas de correo electrónico –no solo la profesional, sino todas las utilizadas por el jefe del Ministerio Público–. Una copia de mails permitida desde el pasado 8 de marzo, fecha que va más allá de la filtración investigada. El correo que se sitúa bajo la lupa, al que tuvieron acceso una veintena de personas, fue publicado por primera vez en la noche del 13 de marzo, cuatro días después.
Información sensible
Lo que, en teoría, busca el instructor son las posibles comunicaciones que el fiscal general del Estado hubiera podido tener el pasado 13 de marzo con varios medios, como El País, elDiario.es o la Cadena Ser, que fueron quienes publicaron el correo del abogado de González Amador ofreciendo a la Fiscalía un acuerdo de conformidad para reconocer la comisión de dos delitos fiscales y evitar su ingreso en prisión. Pero el auto del magistrado Ángel Hurtado permite no solo el acceso los correos electrónicos y los whatsapps del investigado, sino también el clonado de ordenadores, servidores, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos de memoria…
Ese clonado, que según fuentes cercanas al caso ya se ha producido, es el que, en la práctica, pone en peligro información sensible que puede llegar a calificarse de secreto de Estado. El jefe del Ministerio Público tiene acceso a información de primera mano sobre las diligencias de investigación de la Fiscalía (entre ellas, las de Anticorrupción) y a las causas secretas más trascendentes y de mayor relevancia política, económica y social que pueden afectar a los tres poderes del Estado, a la Corona, a instituciones económicas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a partidos políticos e, incluso, a terceros países con los que coopera judicialmente España en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Por mucho que la investigación se centre únicamente en una supuesta filtración periodística, las copias informáticas realizadas por los agentes contendrán comunicaciones y documentos sobre la estrategia a seguir por los fiscales en las causas más trascendentes, órdenes directas del fiscal general, conversaciones con el Gobierno y otros responsables políticos, jueces, otras instituciones, el CNI… Es decir, material de extrema importancia para la seguridad del Estado que, además, puede perjudicar gravemente a terceras personas.
La diligencia también afecta gravemente al derecho a la intimidad del propio fiscal general y a su derecho de defensa en el caso. En primer lugar, porque el registro se ha practicado sin que García Ortiz haya tenido la oportunidad de nombrar abogado (finalmente será la Abogacía del Estado quien lo defienda). Pero, además, porque en sus correos y chats con terceras personas podrían aparecer revelaciones sobre cómo actuar, precisamente, en la causa que el Supremo ha abierto contra él. Además de otras conversaciones de menor trascendencia con personas próximas en las que pueden aparecer chistes, chascarrillos o comentarios jocosos que, en caso de ser filtrados y publicados fuera de contexto, pueden resultar socialmente demoledores tanto para él como para sus interlocutores.
El bruto de los ordenadores, teléfonos y tablets tendrá ahora que ser expurgado por los agentes para obtener únicamente la información relativa al caso. Pero la totalidad del material extraído de la sede de la Fiscalía General, en la madrileña calle Fortuny, ha salido de la institución en la que era custodiado y está en manos de la Guardia Civil, que ahora también podrá analizarlo en detalle. Los registros informáticos obtenidos no solo pueden afectar a Gobierno, otros políticos o a la gestión interna de causas judiciales de primer orden; también a entidades financieras o empresas consideradas estratégicas. En caso de terminar en manos de terceros, lo obtenido hoy por la UCO podría constituir una de las filtraciones más importantes de la historia reciente de nuestro país. Una bomba de relojería cuyos efectos, por el momento, son difíciles de calcular.
Una causa penal en marcha
El impulso de la investigación contra el fiscal general del Estado se produce pocos días después de que a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se le haya abierto un nuevo frente en la causa que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid. La pasada semana, la magistrada María Inmaculada Iglesias acordó, a raíz de un recurso del PSOE y Más Madrid –que ejercen la acusación popular–, abrir una pieza separada para indagar sobre la posible comisión de nuevos delitos en los negocios de González Amador con Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario que hace desde hace años los reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se remontan a finales de 2021. Y lo que está bajo la lupa es, según se recogió en el informe que en su día elaboró la Agencia Tributaria, la utilización de la empresa Masterman & Whitaker, que la pareja de Ayuso compró por medio millón pese a su baja facturación, como "sociedad instrumental" para, mediante la "cesión parcial de un contrato de servicios", ubicar "de forma ilícita y fraudulenta" en esta mercantil "pantalla" , que no contaba con "medios personales y materiales", parte de los ingresos generados por servicios que habría prestado realmente Maxwell a Quirón Prevención, "consiguiendo con ello el efecto tributario de generar en Masterman unas bases imponibles negativas a compensar para el futuro".
El escrito de las acusaciones populares que ha terminado derivando en esta nueva línea de investigación, en el que se apunta hacia una posible administración desleal y corrupción en los negocios, frustró in extremis un acuerdo de González Amador con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que aceptaba ocho meses de prisión y 491.000 euros de multa por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otros dos de falsedad en documento mercantil. Un pacto que, por el momento, trata de retrasar. El empresario, según El País, ha pedido a la jueza que aplace su nueva declaración en esta causa principal, fijada para finales de noviembre, hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación.
