Sin noticias de Alvise: investigado por el Supremo, aislado en Bruselas y sin rastro del sorteo de su sueldo

Luis Pérez Fernández, alias Alvise, no está para muchas fiestas últimamente. El eurodiputado tiene varias citas pendientes en el Tribunal Supremo, se encuentra completamente aislado en el Parlamento Europeo después de que la italiana Giorgia Meloni le dejara fuera su grupo y ha sido recientemente multado por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes tras tomar posesión como eurodiputado. Ni siquiera sus propios seguidores le siguen el juego. Son muchos los comentarios que preguntan, publicación tras publicación, por el sorteo del sueldo que prometió en campaña y por los audios comprometedores que dijo que iba a revelar y no ha revelado diez meses después de acceder al cargo.

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) nunca ha tenido reparos en decir que si concurría a los comicios europeos era para, entre otras cuestiones, cubrirse las espaldas a ante los jueces. "Nos presentamos para protegernos judicialmente y denunciar la gran mentira del matrix informativo español", proclamaba durante la campaña. Hace escasos días, sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió diligencias previas contra él por la supuesta recepción de 100.000 euros por parte del criptoempresario Álvaro Romillo para su agrupación y por la difusión de una prueba de coronavirus falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la campaña de las elecciones catalanas de 2021.

Su escaño en el Parlamento Europeo le convierte en aforado y la sala de lo Penal del Supremo es la encargada de examinar todas las causas abiertas o por abrir contra él, pero no le da protección que él le vendió a sus seguidores. Su imputación sobrevolaba desde hace meses pero no fue hasta la pasada semana que el Alto Tribunal abrió diligencias tras apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. La reacción inmediata del agitador fue anunciar que iba a "reventar a querellas" a quienes hubieran informado de su causa y atribuyó la investigación a un "motivante político claro" orquestado supuestamente por Pedro Sánchez.

Alvise culpó directamente a "la Fiscalía imputada de Pedro Sánchez" pese a que, en realidad, la investigación se inicia tras la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional que investiga por estafa al empresario de criptomonedas. Romillo, investigado también por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. Alvise llegó a reconocer que cobró el dinero y no lo declaró a Haciendaa, aunque afirmó que eran una suerte de pagos "como autónomo y sin factura" y ahora asegura que el Parlamento Europeo ha dictado un informe exculpatorio a su favor pese a que no puede entrar en ese proceso hasta que el Supremo español le envíe un suplicatorio.

A todo esto se le suman otras diligencias que esperan luz verde del Supremo como la denuncia del diputado socialista Luis Alfonso Cendón por difamación, la de una jueza de Sevilla por amenazas y otra por la difusión de la fotografía de una de las hijas del presidente del Gobierno. Hay, además, otros casos que se tramitan por la vía civil donde los jueces ya han declarado firme su condena de 7.000 euros por difamar a la periodista Ana Pastor, al igual que al exministro José Luis Ábalos, al que Alvise deberá pagar 60.000 euros por difundir una imagen del político en la terraza de su casa y dar a entender que tenía problemas de salud mental.

Rechazado por Meloni y sin influencia en Bruselas

El eurodiputado también se encuentra aislado en Bruselas ya que ninguna familia europea ha querido acogerlo, a diferencia de lo que ha ocurrido con los otros dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, Nora Junco y Diego Solier, que sí forman parte del  grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) liderado por Giorgia Meloni, aunque como como "miembros individuales". El agitador daba por hecha su entrada en ese grupo en enero de este año y achacaba su tardanza a un mero "trámite burocrático", pero meses después permanece fuera por sus líos judiciales, ya que ECR aseguró que no iba a tomar una decisión hasta que se aclararan los procesos.

Pese a no formar parte del grupo, Alvise aseguró que SALF iba a utilizar su "influencia" dentro de ECR para "proteger más que nunca a los pescadores, agricultores y ganaderos afectados por la legislación del eje franco-alemán". Sin embargo, en una entrevista reciente para el canal Eclécticos Worldwide admitió que no siguen las mismas directrices que él y sugirió que podrían haber sido sobornados por lobbies del sector armamentístico para votar a favor del rearme en el Parlamento Europeo. “No sé si ha venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío", fueron sus palabras. "No es una votación del rearme, son decenas y decenas de votaciones sobre el rearme", explicitó.

La presencia de SALF ha sido más bien discreta y el propio Alvise se dedica a increpar a otros europarlamentarios españoles, en especial a la exministra Irene Montero. Es más, la presidencia de la Eurocámara recibió una queja tras una de esas intervenciones, en la que le preguntó a Montero si su política para reducir la violencia machista se basaba en "matar" a mujeres o en "regularizar a africanos" para que "acabaran" con ellas. En una reciente entrevista en la web Periodista Digital, el europarlamentario afirmó que su trabajo en Bruselas no le interesaba y que "iba lo mínimo" a la capital belga por "no creía" en lo que hacía allí. "Estoy visitando toda España para construir una estructura alterna", afirmó, ya que su objetivo es presentarse a las próximas elecciones generales y el Parlamento Europeo únicamente está siendo una plataforma para lograrlo.

El de Meloni no fue el primer grupo con el que el líder ultraderechista intentó un acercamiento. Antes probó suerte con el de 'Europa de las Naciones Soberanas' liderados por los ultraderechistas de Alternativa por Alemania, pero esa incorporación nunca llegó a producirse pese a que varios de sus componentes, como el parlamentario húngaro Toroczkai László, lo dieran por hecho a través de sus redes sociales.

Ni audios comprometedores ni sorteo del sueldo

El agitador ha incumplido sus grandes promesas de campaña. Minutos después de recoger su acta de eurodiputado en el Congreso, aseguró que iba a publicar "una serie de audios y de documentos" que afectaban "a la flor y nata de jueces, tribunales de justicia, magistrados, periodistas y cargos públicos y de partidos políticos" tras haber "saqueado las institucione". El líder de SALF incluso llegó a citar los delitos que iba a destapar: tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Tras meses sin rastro de ellos, en la citada entrevista señaló que "para publicar los audios" se debía "reformar la ley antes": "Si los publico ahora iría preso", afirmó, tras asegurar que "el material" que tiene "involucra a magistrados como el juez Pedraz". "Que no le quede la duda a nadie de que los audios saldrán pero los publicaremos de forma inteligente", añadió, sin poner fecha.

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Además de los audios, el agitador se comprometió a llevar a cabo un "sorteo" de su sueldo mensual de eurodiputado entre sus seguidores, pero únicamente hay registros de que lo hiciera en agosto y septiembre. Para ello lanzó una web, alvisecumpliendo.com, que ya no se encuentra operativa. El 31 de octubre, dos días después de la dana de Valencia, dijo que suspendía el sorteo para donar su sueldo íntegramente a las víctimas de la riada durante tres meses, aunque no aportó ninguna prueba. En 2025 no lo ha sorteado en enero, febrero ni marzo.

El sueldo de un eurodiputado oscila en torno a los 10,075,18 euros brutos mensuales —7.853,18 netos—. A esa cantidad se añade una asignación para gastos personales que puede hacerlo ascender hasta los 12.800. Todo ello sin contar sus dietas —4.950 euros al mes— destinadas a cubrir el alquiler de oficinas, material informático, teléfono móvil y facturas. Además de otros 350 euros al día para alojamiento, comidas y gastos.

A finales de marzo la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, anunció una sanción al eurodiputado de dos días sin dietas de estancia —lo que equivale a 700 euros—por ocultar sus ingresos. En esa declaración Alvise se presentó como "analista y consultor político" pero no indicó cuánto dinero recibió en 2024 ni en los anteriores por su trabajo pese a que el Código de Conducta de la Eurocámara obliga a los eurodiputados a dar detalles sobre las actividades remuneradas los tres años anteriores a la entrada en el Parlamento así como la pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.