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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Todos contra Ahora Madrid

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Himar Reyes Afonso

Un escrache es un recurso democrático que aplican colectivos como última opción hacia cargos públicos que durante determinado tiempo se han negado a dialogar sobre ciertas cuestiones. No es bonito, no es alegre; incluso puede intimidar a la persona que lo recibe, como le pasaría a cualquiera que se viera abordado por gente y más gente dando cacerolazos, pegando carteles en su portal o siguiéndole por la calle con frases como “aquí vive una señora que echa a la gente de su casa”. Pero no se insulta ni se agrede y, por supuesto, no es un delito, sino una concentración que ejerce el derecho de protesta y una manifestación del pluralismo; el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la causa contra el escrache de la PAH a Soraya Sáenz de Santamaría puesto que se trataba de un caso en el que concurrían “evidentes razones de interés público”, y que “constituyen un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”.

Podríamos incluso plantear que es una situación violenta (que no agresiva), de confrontación como último recurso ante la negativa constante al diálogo por parte del político de turno durante su gestión. Es una situación incómoda, pero profundamente pacífica, donde no se atenta contra la integridad mental -salvo que le suponga un trauma al escracheado, cosa improbable teniendo en cuenta lo mucho que se la ha sudado el sufrimiento ajeno hasta ese momento- ni contra su integridad física. Si no, no sería un escrache.

Cuando 300 policías increpan, insultan y zarandean el coche de Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid porque quiere disolver el cuerpo de antidisturbios, la rancia y poco original derecha política y mediática de este país grita al unísono: “¡Es un escrache! ¿Ahora no les gusta?”. Como a ellos se los han hecho bastantes veces debido a su sordera voluntaria, ahora tratan de apuntar a la supuesta “doble vara de medir” de la izquierda, que hace escraches pero que no le gusta recibirlos.

La cosa es que dicho concejal afirma que ha mantenido reuniones constantes con los sindicatos de policías, de manera que lo primero sería aclarar esto, porque de ser cierto, no habría existido esa ausencia de diálogo que justifica los escraches. Así que a uno le podría dar por pensar o bien que eran muy novatos en lo de escrachear y les pudo la emoción, o que se trata de un grupo de matones que se ha cogido el berrinche porque le van a quitar el desahogo de moler a palos a algún perroflauta de vez en cuando o que, sencillamente, son enemigos ideológicos del Gobierno legítimo de Manuela Carmena. Pero eso es solo lo que uno podría pensar, nunca afirmarlo. Objetivamente, solo se puede decir que sus razones tendrán y que hay que escucharlas, de la misma manera que es objetivo decir que una actuación en la que un grupo de personas llama “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta”, “hijo de puta” o “dictador” a un cargo público que asegura haber dialogado, al tiempo que zarandean el coche en el que se monta y golpean a una periodista y, por consiguiente, se ve amenazada su integridad física, NO ES UN ESCRACHE.

Se ponga la derecha como se ponga.

Y como no es un escrache, no se acepta la supuesta legitimidad que le han intentado dar al suceso periodistas y políticos básicamente anti-Podemos, como por ejemplo el Ministro en funciones Fernández Díaz, muy dado últimamente a ocurrencias y a soltar barbaridades por la boca.

En otro orden de cosas, por añadir (en esta guerra sucia contra Carmena y su Gobierno) fango al terreno, basura a los cuarteles y ruido a las comunicaciones, empezó el juicio a Rita Maestre, esa hereje enseña-tetas que según el PP tendría que dimitir por su imputación, pretendiendo equipararla a las interminables imputaciones peperas por pasarse, presuntamente –Dios me libre– años y años trincando a manos llenas.

Si además añadimos que Carmena arranca plantas en peligro de extinción, manda a los estudiantes a limpiar las calles, destruye la Navidad con Reyes Magos cutres y atenta contra todo Dios contratando titiriteros filo-etarras en Carnavales, lo único que uno puede esperar para Semana Santa es el mismísimo Apocalipsis.

Basta ya de tanta desinformación: hay que dejar de contribuir a los falsos debates que tratan de instalar en la agenda pública los medios de comunicación y los políticos con su política “en minúsculas”. Ya va siendo hora de que dejemos de caer en la trampa de posicionarnos políticamente a partir de anécdotas, producto sensacionalista de medios en crisis, pero no en crisis económica, sino ética y profesional.

No ha habido ningún escrache a Javier Barbero, sino intimidación pura y dura, de la que hace recordar eso que Salvador Allende sintió en sus propias carnes aquel triste 11 de septiembre de 1973: tenemos el Gobierno, pero no el Poder. Solo que no hay evidencia alguna de que nuestra Policía no esté plenamente comprometida con la defensa de la Ley y de nuestra seguridad, y algunos estamos convencidos de que la mayoría está avergonzada del espectáculo subversivo de estas personas. Manifestarse es un derecho que los policías tienen, al igual que el resto de ciudadanos, y hay que garantizar su bienestar y la eficiencia en su coordinación. Y por supuesto hay que dialogar en cuanto las cosas no estén funcionando, pero el episodio del otro día no es de recibo, ni es un escrache.

Tampoco es normal en un Estado de derecho que se pida un año de cárcel para una mujer que defendió -con mejores o peores formas- la laicidad de un Estado que se dice laico, negándose a contemplar una capilla en la Universidad pública. Ni es tolerable que dos titiriteros que se pasaron tres pueblos representando una obra para adultos a unos cuantos niños, pero en la que se criticaba el uso de ciertos fantasmas como el terrorismo por parte del Poder para aplastar la disidencia, y no se realizaba exaltación alguna del mismo, pasen cinco días en la cárcel sin fianza, se les retire el pasaporte y estén obligados a firmar en Comisaría todos los días sencillamente porque sirve para atacar a rivales políticos. Es vomitivo contemplar la utilización infame que hacen ciertas fuerzas políticas del dolor de las víctimas del terrorismo, manteniendo viva una llama que ya se ha apagado y que no tienen que recordarnos diariamente como para dejar un 'run run' de odio y quebranto con tal de atacar a otros.

Ni es de recibo leer o ver prensa amarilla y prensa rosa en los medios que nos cuentan el mundo. ¿Qué mundo, el real o el que ellos quieren? ¿Es que hay varias realidades? ¿Acaso esto es Matrix? No hay blanco ni negro, pero tampoco grises (en plural). La verdad es la que es: no se puede ser corrupto o inocente, según para quién. Un escrache no puede ser pacífico y agresivo a la vez, o es una cosa o es otra.

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No se puede dar información objetiva e interpretarla a la vez. Y no se puede informar objetivamente si se está interpretando la realidad.

Y una petición: ante rivales políticos, utilicen argumentos. Mientras sigan usando la Máquina del Fango como única arma para tumbar Gobiernos electos como el de Manuela Carmena, nos tendrán en frente.

_______________Himar Reyes Afonso es socio de infoLibre

Un escrache es un recurso democrático que aplican colectivos como última opción hacia cargos públicos que durante determinado tiempo se han negado a dialogar sobre ciertas cuestiones. No es bonito, no es alegre; incluso puede intimidar a la persona que lo recibe, como le pasaría a cualquiera que se viera abordado por gente y más gente dando cacerolazos, pegando carteles en su portal o siguiéndole por la calle con frases como “aquí vive una señora que echa a la gente de su casa”. Pero no se insulta ni se agrede y, por supuesto, no es un delito, sino una concentración que ejerce el derecho de protesta y una manifestación del pluralismo; el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la causa contra el escrache de la PAH a Soraya Sáenz de Santamaría puesto que se trataba de un caso en el que concurrían “evidentes razones de interés público”, y que “constituyen un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”.

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