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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

La amnistía como escaparate

Eduardo Vazquez Martul

 En nuestra política actual hay un conflicto abierto entre el ala conservadora y el progresista. El deseo de gobernar por parte del ejecutivo, que es su obligación, porque han ganado democráticamente por ostentar la mayoría parlamentaria, se enfrenta a una oposición que da muestras de no aceptar la derrota y utiliza todos los medios para bloquear la gobernación del Estado. Como en cualquier deporte, el que no sabe perder tiende a hacer trampas y utiliza medios antideportivos. El problema está en no aceptar las reglas de juego. La lucha por el poder sin ética ni principios puede arruinar a todo un país. Cualquier ciudadano observa cómo la intervención de unos jueces afines al bando conservador (Pp-Vox), pone palos en la rueda y complica las tareas de la gobernación. He aquí el problema, cuando la ausencia de ética o la intromisión de jueces sustituye a la dialéctica política. No se trata tanto de si la amnistía es constitucional o no, que para el ciudadano de a pie ni siquiera es un problema prioritario; el objetivo, que nadie se engañe, es derribar al poder ejecutivo que se sustenta en la mayoría del parlamento. Hecho muy grave en cualquier país que se considere democrático. La cosa se ha complicado cuando solo siete votos, que no representan a la mayoría catalana, actúan como fuerza desestibilizadora y queriendo (o sin querer), se alía con sus enemigos y unen sus votos. Se repite el esperpento en nuestra historia.

Con la incongruencia es imposible hacer política seria, y lo más grave, si se contaminan las instituciones del Estado, como está ocurriendo

Un nacionalismo de derechas catalán —Juntx es de derechas pero disfrazado de progresista— alimenta a la bestia negra de su enemigo, otro nacionalismo (español). En el fondo subyace otra vez el eterno problema que ha marcado y sigue marcando nuestra historia, “la unidad de destino en lo universal ”, concepto acuñado por el falangista Primo de Rivera y machacado en nuestras mentes por el franquismo y sus sucesores, que son más poder de lo que se piensa, frente a una visión de la España heterogénea y diversa que es real. Unos, los que gobiernan, desean atraer a los hijos pródigos con pactos y política; los otros no quieren pactos (siempre y cuando no sean ellos los que pacten), solo erigir más muros que ahuyentan la convivencia. Un problema ya crónico que se autoperpetúa y no curará mientras existan dos nacionalismos enfrentados y los dos autoexcluyentes. Cuando las emociones y falsas patrias dominan la razón, muy típico de los nacionalismos, es normal la tensión que vivimos.Cada vez se parece más a un partido entre Real Madrid y Barcelona, con el peligro de que manden los hooligans que arrastran violencia. Feijóo y sus aliados neofranquistas, que se arrogan representar a todos los españoles, votan con Puigdemont, que dice representar a toda Cataluña. Con la incongruencia es imposible hacer política seria, y lo más grave, si se contaminan las instituciones del Estado, como está ocurriendo. Grave irresponsabilidad que genera más divorcio de la ciudadanía hacia la res publica y una de las causas del resurgir del fascismo que también se disfraza de “trumpismo”.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

 En nuestra política actual hay un conflicto abierto entre el ala conservadora y el progresista. El deseo de gobernar por parte del ejecutivo, que es su obligación, porque han ganado democráticamente por ostentar la mayoría parlamentaria, se enfrenta a una oposición que da muestras de no aceptar la derrota y utiliza todos los medios para bloquear la gobernación del Estado. Como en cualquier deporte, el que no sabe perder tiende a hacer trampas y utiliza medios antideportivos. El problema está en no aceptar las reglas de juego. La lucha por el poder sin ética ni principios puede arruinar a todo un país. Cualquier ciudadano observa cómo la intervención de unos jueces afines al bando conservador (Pp-Vox), pone palos en la rueda y complica las tareas de la gobernación. He aquí el problema, cuando la ausencia de ética o la intromisión de jueces sustituye a la dialéctica política. No se trata tanto de si la amnistía es constitucional o no, que para el ciudadano de a pie ni siquiera es un problema prioritario; el objetivo, que nadie se engañe, es derribar al poder ejecutivo que se sustenta en la mayoría del parlamento. Hecho muy grave en cualquier país que se considere democrático. La cosa se ha complicado cuando solo siete votos, que no representan a la mayoría catalana, actúan como fuerza desestibilizadora y queriendo (o sin querer), se alía con sus enemigos y unen sus votos. Se repite el esperpento en nuestra historia.

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