La crisis de Muface
A pocos meses de la firma del concierto 2022-2024 para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles de Estado ( MUFACE), las aseguradoras han pedido un incremento del 40% en la cifra pactada.
El concierto se firmó con Adeslas (50,76% de los mutualistas); Asisa (35,67 % y DKV (11,58%), con un coste trianual de 3.571 millones de euros, es decir 1.190 millones por año. El incremento solicitado por las aseguradoras supone elevar el coste del concierto a 4.999 millones de euros para los tres años, es decir un coste 1.666 millones de euros cada año. Todo ello sin contar el aumento de costes que supondrá trasladar el mismo incremento a los otros dos componentes del mutualismo administrativo Isfas ( militares) y Mugeju (jueces). (Ver el comentario titulado La contribución del Mutualismo Administrativo a la sanidad privada y a las aseguradoras, publicado el 5 de junio de 2023 en infoLibre-Librepensadores)
De acuerdo a los términos del concierto, las modificaciones que se pueden plantear al mismo tienen que cumplir unas condiciones tales como que las circunstancias que motiven la modificación no se hubieran podido prever por una administración diligente (las aseguradoras basan su propuesta en el incremento de los costes hospitalarios y asistenciales); además que la modificación del coste del concierto no exceda del 50% del valor inicial, IVA excluido.
Hay que recordar que las aportaciones del Estado al mutualismo administrativo son aprobadas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
La postura del sector privado
Ante la crisis planteada por la petición de aumento de costes, los actores interesados, sector sanitario privado, aseguradoras y sindicatos han solicitado a la Dirección General de Muface una respuesta en el Consejo General de la entidad, respuesta que se va a retrasar por el cambio de gobierno. No obstante, todos los actores citados presionan para que se modifique el concierto, cada uno con sus particulares intereses.
Se está contribuyendo a mantener y financiar una parte importante de la sanidad privada, cuando no es tal el objetivo principal de una sanidad pública universal
Según el estudio de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) titulado Impacto del Cambio de Modelo en las Mutualidades en el caso de la desaparición del mutualismo administrativo, las aseguradoras verán reducidos el número de pólizas y por consiguiente su facturación. El descenso de asegurados se situaría, según la Fundación IDIS, en 1,8 millones de pólizas, lo que supone el 16% del número total de asegurados en asistencia sanitaria.
De acuerdo al mismo informe, la pérdida de asegurados puede conllevar el cierre de consultas, centros médicos de diagnóstico y hospitales privados, en aquellas Comunidades Autónomas en las que existe un elevado grado de dependencia de las pólizas de los mutualistas; en concreto una media de 2,1 camas por 1.000 pólizas perdidas. Todo ello llevaría a la pérdida de empleo en el sector privado sanitario; IDIS toma como referencia la cuenta de 0,022 empleos por mutualista, lo que en el caso de la desaparición de Muface representaría la pérdida de 24.607 empleos en el sector sanitario privado.
La falacia del ahorro del mutualismo administrativo
El informe de IDIS señala que el mutualismo administrativo genera un ahorro de entre 720 millones y 800 millones de euros con datos de 2020. Para llegar a esa conclusión, IDIS divide la cantidad destinada a las entidades aseguradoras en el presupuesto de las mutualidades, por ejemplo Muface, y la divide por el número de mutualistas que han optado por esas entidades. (Recordemos que, en el caso de Muface, el 74,5% de los mutualistas, es decir 1.118.497 mutualistas optan por las aseguradoras, y el 25,4% , es decir 380.884 mutualistas, optan por el sistema sanitario público, según datos de la Memoria de Muface de 2021: no se ha publicado la de 2022)
Siguiendo el método de IDIS, y con datos de 2021, el gasto por mutualista es de 963 euros anuales. A continuación, el método de IDIS compara esta cifra con el gasto sanitario público per cápita que, según la estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad fue de 1.850 euros en 2021, resultado de dividir el gasto sanitario total por la población española de ese año. Para que una comparación sea significativa tiene que darse entre términos homogéneos; la comparación entre gasto de asistencia sanitaria por funcionario y gasto sanitario per cápita no lo es.
En primer lugar porque en ese gasto total está incluido el que suponen las Mutualidades Administrativas que en 2021 fue de 2.296 millones de euros, es decir el 2,6% del total. Por otra parte, es bien sabido que la salud de un colectivo, de una ciudad, de un barrio, depende en gran medida del origen social, las condiciones de vida y de trabajo, y las expectativas vitales entre otros parámetros. El colectivo afiliado a Muface es en un 75% de titulados superiores y medios, y el 25% restante personal administrativo. Es razonable pensar que su salud será comparativamente mejor que las de otros colectivos con condiciones de vida y trabajo notablemente inferiores.
El gasto sanitario del colectivo funcionarial, al menos hasta la edad de jubilación, se deduce por lo expuesto, será siempre menor que el de otros colectivos, estén los funcionarios en Muface o en el sistema sanitario público. El ahorro señalado por IDIS, no obedece, en mi opinión a criterios rigurosos.
La postura de los sindicatos de funcionarios
“Reclamamos un compromiso político con el modelo Muface y el incremento de la financiación” ha manifestado CSIF tras el último Consejo General de la entidad. Comisiones Obreras, por su parte, ha reclamado un proceso de diálogo con la Administración del Estado y el incremento de la dotación presupuestaria para 2024, ya que en su opinión, no se cumplen los parámetros de calidad ni en la asistencia sanitaria ni en las prestaciones económicas y sociales. Los problemas de financiación del concierto están produciendo, según este sindicato, recortes en los cuadros médicos, la existencia de pocos centros asistenciales, la disminución de clínicas y especialidades médicas y el cobro de algunas asistencias. En parecidos términos se ha expresado UGT.
La valoración de Muface entre los mutualistas, según una reciente encuesta de satisfacción realizada por la propia entidad es de aprobado, un 5,7; aunque otras encuestas aparecidas en la revista de Muface suben esta valoración.
El 70% de los mutualistas ni siquiera conocen las prestaciones concedidas por la mutualidad, según la misma encuesta, lo que hace pensar en la escasa información que la misma entidad ofrece a sus afiliados o quizá el desinterés de éstos. Objetivamente, la información debería comenzar sobre las ventajas e inconvenientes que supone la opción entre las aseguradoras y el sistema sanitario público.
Ninguno de los sindicatos presentes en Muface pone en cuestión el modelo actual, sino todo lo contrario.
En cuanto a los partidos políticos, únicamente Sumar se ha pronunciado por una desaparición paulatina y escalonada de Muface y de todo el mutualismo administrativo, pero sin concretar los términos y condiciones de ese proyecto escalonado.
Plantearse otro modelo o su reforma
La actual crisis de Muface, que exige decisiones que afectan a sus mutualistas y también a toda la ciudadanía, obliga a una reconsideración sobre el modelo y su futuro. Para ello hay que partir de varias consideraciones que se exponen a continuación, siempre con el ánimo de incitar a un debate y a una reflexión.
La existencia del mutualismo administrativo representa una incongruencia dentro del sistema sanitario público español. Un estado que ha desarrollado una sanidad pública universal mantiene la posibilidad de una opción privada para sus funcionarios, con el coste que ello ha supuesto y supondrá para el erario público.
Se ha incumplido la disposición adicional segunda de la Ley General de Sanidad de 1986 que obligaba a una integración paulatina y ordenada del mutualismo administrativo en el sistema público, de ahí la crisis actual.
Se está conculcando el principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución española, en cuanto el mutualismo establece diferencias en el ejercicio del derecho a la salud entre ciudadanos españoles.
Se está contribuyendo a mantener y financiar una parte importante de la sanidad privada, cuando no es tal el objetivo principal de una sanidad pública universal.
Es legítimo, por tanto, plantearse la viabilidad constitucional, económica y social del mutualismo.
Naturalmente, la revisión del modelo, si se opta por esa vía, debería llevarse a cabo de forma negociada con todos los actores que intervienen en el proceso, es decir la Administración central a través de su gobierno, sindicatos, aseguradoras, sanidad privada y, en su caso, asociaciones de usuarios. Existen posibilidades de mejora, si se quiere encontrarlas, que no menoscabarán el derecho a la salud de los funcionarios, pero que tampoco significarán un incremento de costes para el conjunto de la ciudadanía.
Puede ser que la reflexión que se ha expuesto sea inútil porque ninguno de los actores implicados esté interesado en una reforma o un cambio de modelo, pero los datos que se han expuesto en este comentario demuestran que la reflexión, a pesar de todo, no será un ejercicio inútil.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
