De la democracia representativa a la democracia participativa

A lo largo de la historia hemos constatado que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. El rumbo de la sociedad en las democracias lo señalan las corrientes mayoritarias que se manifiestan y se movilizan en las poblaciones a través de representantes elegidos periódicamente mediante convocatorias electorales. Una vez designadas las candidaturas que más respaldo han tenido entre la población que participa en los comicios se escoge, atendiendo a la proporcionalidad, quiénes han de formar el gobierno por el período convenido y éste legislará y gobernará la vida pública de la nación siguiendo las directrices que le valieron el apoyo mayoritario de los electores en las urnas.

Es la democracia representativa. El pueblo selecciona a sus representantes durante el tiempo previsto para la legislatura (por lo general cuatro años) y voluntariamente se inhibe de los asuntos públicos de los que se encargará el gobierno electo. La masa electoral hará saber su parecer sobre temas puntuales cuando se le pregunte, mediante encuestas o campañas.

Resumiendo, cada cuatro años se convoca al ciudadano a elecciones, éste expresa su preferencia por la formación que más le acomoda para su ayuntamiento, comunidad autónoma, representación en la UE o para el gobierno del Estado y se vuelve a sus quehaceres privados. Si durante ese tiempo algún asunto público motiva suficientemente su deseo de hacerse oír, acudirá a manifestar su sentir junto a las personas interesadas, para expresar públicamente en las calles los temas que determinaron su intervención. Aquí termina su participación en los asuntos públicos.

El inconveniente principal de esta democracia representativa viene por el flanco de los delegados de las mayorías, que con el paso del tiempo tienden a sufrir el aguijón insufrible que les empuja a creerse dueños de las estructuras del Estado, en lugar de meros administradores transitorios. En el peor de los casos ceden a la, al parecer, irresistible tentación de aprovecharse del área de decisión puesta bajo su criterio, mangoneando, como sobre cosa propia, con la inapreciable colaboración de los lacayos de los pingorotes “de toda la vida”, para hacer conciliar sus intereses privados y los públicos, por ese orden, en la comprometida creencia de que lo mismo da si al erario público le cuesta una partida un poco más si a cambio le da un empujón a la familia del temporal responsable político, tendente a resolverle la vida… y que “casi” no se nota.

Cuanto más se repite la operación más se embota la sensibilidad del cuitado, creyendo justo su enriquecimiento ilícito, justificando sus progresivas “sisas” en las ocasiones que dejó pasar sin meter la cuchara en el caldo. Concluyendo que cualquiera en su lugar habría sacado más astillas de la leña puesta bajo su custodia. Hasta considerar que su proceder es irreprochable, convenientemente lisonjeados por las interesadas alabanzas de los mozos de espuelas de gente tan pulida y principal como interesada y avarienta, con la que cierra los importantes acuerdos de su negociado, tan hábilmente resueltos… que “casi” no se nota.

Aplausos, honores y reconocimientos le terminarán de convencer, no ya de la impunidad de sus mordidas sino del agradecimiento que su actuación merece por parte de sus representados. Llegando a creerse con el paso de sucesivas legislaturas “uno de ellos”, de los de toda la vida. Pertenecientes al restringido círculo en el que todos se llaman por su nombre de pila, no por el apellido. Asisten a celebraciones íntimas, llevan a las familias a compartir exóticos y lujosos fines de semana de cacería o relax y los hijos van a los mismos exclusivos y carísimos centros docentes. El resto ustedes lo conocen tan bien que no merece la pena pormenorizar.

En la España de la década de los años setenta una abrumadora mayoría de españoles ocultaba su temor al régimen fascista, corrupto y asesino; tras la expresión “Yo soy apolítico”. Una vez consolidado el sistema democrático y de libertades civiles, el apoliticismo se transformó en una suerte de “síndrome de Estocolmo” de los representados hacia sus representantes políticos, a quienes se consideraba hacedores y guardianes de las libertades. Garantes de la limpieza del sistema, incompatibles con cualquier atisbo de corrupción o componenda inconciliable con el régimen de libertades.

España estaba por primera vez en su larga historia en buenas manos y el pueblo podía merecidamente dejar de estar en guardia, desconectar de la cosa pública, que rodaba sola. Los partidos y la prensa democráticos velaban con minuciosa atención por la pureza de las esencias del recién estrenado régimen parlamentario, representativo de la soberanía popular. El país podía relajarse entre votación y votación, limitándose a apoyar a los suyos cada vez que se convocaban elecciones, para practicar el voto automático con leves variaciones en su orientación.

Europa nos quería, financiaba nuestro desarrollo para sacarnos del atraso y nos aceptaba como uno más. Los Pirineos no eran ya una barrera infranqueable que nos relegaba al África tercermundista en donde habíamos permanecido casi medio siglo, bajo la dictadura de las bayonetas franquistas. Ahora eran unas agradables montañas en las que esquiar en invierno y practicar el senderismo en vacaciones. Era la España de to er mundo es güeno.

Democracia participativa para España

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Llegaron los años noventa y comenzó a hacer frío, paro y hambre. De pronto nos hicimos adultos y lo que creíamos un sistema ordenado y cuasi perfecto para los restos, nos lo describieron desde la UE como una guarida de reptiles a punto de precipitar al país por el despeñadero que conducía a las alcantarillas de los países podridos, corruptos e inviables. Nuestros otrora competentes e impolutos representantes, de buenas a primeras se mostraron a cara descubierta como un atajo de paletos trajeados que estaban ahí para forrarse, y vaya si lo estaban haciendo.

De modo que el pueblo sacado de su inocente sueño de apenas dos décadas, se vio apeado de una patada del tren del progreso. Acusado de las tropelías de los gobiernos que habían apoyado con sus votos. La factura no era pequeña y la debían pagar con su bienestar público y el de las generaciones siguientes. El escándalo fue mayúsculo al comprobar que el sistema legal que sus representantes políticos habían tejido, preveía vías de escape para los delitos de asalto a los bienes públicos y robo al por mayor. De tal manera que ninguno de los convictos por delitos de corrupción o macro estafa debían devolver ni un céntimo de lo obtenido mediante el crimen y además las penas que el código legal preveía eran de gelatina de colores y de peluche las más terribles. Surge la necesidad de la democracia participativa…

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre