Tras el episodio de las tarjetas black de Bankia, la indignación de la sociedad española ha encontrado otra justa causa para su retroalimentación, ante el conocimiento de que nuestros parlamentarios, diputados y senadores, entre otras prebendas, disfrutan de “viajes gratis total” a través de un sistema que no es fiscalizado, ni siquiera por las propias estructuras del Congreso y del Senado, encabezados por sus presidentes, alguna de cuyas manifestaciones, tras el episodio conocido del Sr. Monago, han sembrado tanta preocupación como el propio hecho en sí. ¿Cómo es posible que no haya un control sobre esos gastos, algún limite, o al menos, una exigencia de transparencia para que se publique la información sobre los viajes realizados por cada parlamentario, su destino y su coste?
Cada vez es más evidente que algunas de las formas de hacer del sistema político implantado tras la Transición política son perfectamente mejorables con la perspectiva de 40 años después, especialmente en lo que afecta a control político y transparencia.
Sólo un diputado del PSOE se queja ante su grupo del “paso insuficiente” del acuerdo con el PP sobre los viajes
Como en tantas cosas, es bueno mirar a lo que hacen nuestros vecinos: los europarlamentarios pueden percibir un máximo de 4.243 euros anuales por los gastos ocasionados por viajes realizados fuera de su propio Estado miembro como parte de su trabajo y tienen derecho al reintegro de los ocasionados por un máximo de 24 viajes de ida y vuelta en su propio Estado miembro, que deben adelantar de su bolsillo y se reembolsan contra justificantes; Portugal incluye una ayuda a sus parlamentarios limitada a 4 viajes al mes, ida y vuelta; en Italia el gasto mensual está limitado a 1.650 euros; en Alemania el límite es de 4.204 euros incluyendo ayuda de vivienda y gastos de su propia oficina de representación, aún con ello el gasto del Bundestag en viajes de sus parlamentarios en 2013 fue la mitad que lo soportado en España (6,7 millones de euros); en Francia, más allá de los desplazamientos entre circunscripciones y París, se limitan a un máximo de 12 viajes anuales a otros destinos dentro del país; en Irlanda se asigna un máximo anual a cada parlamentario en función de la distancia entre su circunscripción y Dublín; en Suecia, Dinamarca y Reino Unido, es obligatoria la publicación, en la página web de sus parlamentos, del detalle de los viajes realizados, su costo y un informe sobre lo tratado en cada uno.
Parece evidente que hay dos vías claramente diferenciadas en los gastos de viajes de parlamentarios en el caso español y en los países de nuestro entorno, por un lado un límite asignado sujeto a control y por otro la necesaria transparencia; el presidente para España de Transparency International, Javier Lizcano, cree que la opacidad que existe en los viajes de diputados y senadores se puede resolver de manera muy sencilla, como ha hecho el CGPJ, publicando en su web todos los detalles de los desplazamientos de sus consejeros, en caso de “desplazamientos sensibles”, siempre se podría reseñar el coste, sin más información. Medidas como ésta facilitarían que España dejara de ocupar la posición 40ª del mundo en la lista de países más transparentes, en cuyo ranking nos superan Brunei, Chipre, Portugal ó Bután. La sociedad española exige transparencia en sus entes públicos y aferrarse a prácticas decimonónicas es parte del problema y causa de la desafección sobre la clase política.
Mario Martín Lucas es socio de infoLibre
Tras el episodio de las tarjetas black de Bankia, la indignación de la sociedad española ha encontrado otra justa causa para su retroalimentación, ante el conocimiento de que nuestros parlamentarios, diputados y senadores, entre otras prebendas, disfrutan de “viajes gratis total” a través de un sistema que no es fiscalizado, ni siquiera por las propias estructuras del Congreso y del Senado, encabezados por sus presidentes, alguna de cuyas manifestaciones, tras el episodio conocido del Sr. Monago, han sembrado tanta preocupación como el propio hecho en sí. ¿Cómo es posible que no haya un control sobre esos gastos, algún limite, o al menos, una exigencia de transparencia para que se publique la información sobre los viajes realizados por cada parlamentario, su destino y su coste?