¿El mejor alcalde, el rey? Felipe VI como símbolo de la confesionalidad del Estado
El rey Felipe VI tiene, detrás de su mesa de trabajo en el palacio de la Zarzuela, un retrato de su antepasado Carlos III. A éste, muchos le aplicaron el título de la obra de Lope de Vega «El mejor alcalde, el rey», una frase que en 1989 y en 2004 tuvo a bien recordar, un poco sobrado, el rey Juan Carlos. La referencia al emérito nos lleva al asunto de la ejemplaridad de los últimos monarcas; de la de ese rey, poco nuevo queda que decir, así que hablemos ahora de la de su hijo Felipe.
El día 7 de marzo, primer viernes del mes, veíamos en las noticias cómo Felipe VI acudía al «besapié» del Cristo de Medinaceli. Lo ha hecho dos años seguidos; ya ha ido tres veces desde que es rey, y también fue como príncipe. Otros años van, siempre el primer viernes de marzo, otros miembros de la Familia del Jefe del Estado, como ocurría cuando reinaba Juan Carlos y cuando en España regía quien lo designó, el dictador Francisco Franco. Felipe, como su padre, no acude a título privado, sino como monarca, según informa la propia web de la Casa Real. Le hemos visto santiguarse, besar el pie derecho de la imagen del Cristo y portar un cordón de «esclavo de honor» de Jesús de Medinaceli. Resulta que desde 1819 el rey de España es «protector de la Esclavitud» (se supone, y esperamos, que sólo de esa esclavitud). Se da por sentado que Felipe sigue asimismo la tradición de pedirle tres deseos al Altísimo (aunque al lado de ese Cristo él sea más altisímo), de los que se dice que Jesús, por tener las manos atadas o por lo que sea, sólo suele conceder uno; como seguro que Felipe los pide en bien de la España que representa, cabe preguntarse si no debería promover al respecto una consulta popular, o pedir que se debata en el Congreso.
Sabemos, asimismo, que el Rey es «Hermano Mayor» honorario de innumerables cofradías, a las que concede el título de «Real», y que preside «Comités de honor» y otras movidas cofrades. (Por eso hay quien lo llama Rey de capirote, pero no le haremos ese desaire aquí). Sospechamos que tanto afán por ser «Hermano Mayor» puede ser consecuencia de algún trauma o complejo que tenga por haber llegado a Rey sin ser el «hermano mayor» de su propia familia. (Queridos niños empujados al concurso escolar de redacciones sobre el Rey: sabed que, de acuerdo con la Constitución actual, que refrendó el mandato monárquico del genocida Francisco Franco, Felipe tuvo prioridad frente a su hermana mayor por tener pene y ella no).
El Rey hace gala no sólo de indigencia intelectual, sino de escaso acatamiento de la Constitución, que exige la aconfesionalidad del Estado y, sobre todo, de falta de respeto a la ciudadanía, tan diversa en creencias y convicciones
También le hemos visto en incontables ocasiones, como príncipe y como rey, doblar el espinazo ante cualquier obispo; ante los papas ha llegado a hacer la alcayata inclinándose unos inverosímiles 90 grados (sé que siendo príncipe fue abanderado olímpico, pero ignoro si se debió a estas proezas). Como su padre Juan Carlos era otro que tal, el papa Francisco (Bergoglio) hasta bromeó llamándolo «monaguillo», y Felipe siguió años más tarde tan divertida y ‘halagadora’ broma del papa con papá.
Pero bueno, estos comportamientos del monarca, a los que hay que sumar el que acuda devotamente –como rey– a misas y procesiones, haga ofrendas a ficticios seres de ultratumba, o presida algún acto plenario de la Conferencia Episcopal Española, al fin y al cabo no tienen más que carácter simbólico.
Pues es verdad, pero, alto, un momento. El Jefe del Estado es, según la Constitución (art. 56.1), «símbolo de su unidad y permanencia». Entonces, la esencia de su cargo reside precisamente en ese carácter simbólico. Por tanto, cuando Felipe VI se humilla una vez y otra ante el Jefe de otro Estado –la Santa Sede–, está humillando al Estado español, y no ante un Estado cualquiera, sino uno flagrantemente no democrático, teocrático y machista, y cuya Iglesia tuvo una actuación justificadora y cómplice de los crímenes del bando fascista en la guerra del 36 y durante la dictadura; una Iglesia que –sobre todo con el papa Francisco– sigue beatificando, curiosamente, a mártires de sólo aquel bando. También humilla al Estado español cuando dobla la cerviz ante el nuncio-embajador de la Santa Sede, o ante cualquiera de sus súbditos de rango episcopal (por cierto, todos y cada uno con su pene, como Felipe).
Considerando aquella definición constitucional, cuando Felipe VI tiene la osadía de hacer cada año (en persona-personalmente o mediante algún representante) una ofrenda al apóstol Santiago en nombre de todos los españoles y simbolizando al Estado, lo que hace no sólo es una olímpica memez desde el punto de vista intelectual, sino un desafuero mayúsculo desde el democrático. El Rey hace gala no sólo de indigencia intelectual (le ruega cosas a un tipo que falleció hace dos milenios, o a la imagen de un Cristo…), por decirlo de manera más cortés que con lo del capirote, sino de escaso acatamiento de la Constitución, que exige la aconfesionalidad del Estado –y por tanto de sus representantes–, y, sobre todo, de falta de respeto a la ciudadanía, tan diversa en creencias y convicciones.
El señor Felipe puede hacer en la intimidad lo que le plazca según sus particulares gustos y creencias; es decir, puede ser para sus amistades, por ejemplo, Felipe el measalves o Felipe el comehostias, pero como Jefe del Estado no es presentable que se gane denominaciones como Felipe VI el Measalves o Felipe VI el Comehostias (lo siento, es que «el Piadoso», que queda más fino, ya está pillado por otro rey Felipe que era, digamos, la mitad que este). Y no es presentable porque está obligado a simbolizar o representar debidamente a un Estado democrático, manteniendo un mínimo de dignidad. Sus actos oficiales confesionales contravienen una vez y otra, y otra, y otra, esa obligación, lejos de ese mínimo (la ceremonia laica de su proclamación como rey fue flor de un día). ¿No hay nadie que le haga ver, especialmente desde el Gobierno de turno, la indignidad de su comportamiento público exhibiendo fervor católico?
Tal comportamiento me parece aún más deplorable porque sigue dando (como su padre) continuidad al nacionalcatolicismo, el brazo o sustento ideológico y moral del régimen criminal franquista. La vieja alianza entre el trono y el altar aquí se da entre el Borbón y los obispos de una Iglesia vulneradora de derechos humanos (sobre todo de los de mujeres, homosexuales y menores; los de estos, mediante su adoctrinamiento y el acogimiento de pederastas).
Ahora que estamos conmemorando los 50 años del fallecimiento del genocida Franco, y aprovechando la efeméride para impulsar los principios democráticos, ¿no es hora de acabar con los enormes residuos nacionalcatólico-franquistas que seguimos arrastrando? ¿Es concebible un verdadero Estado de derecho si no se eliminan? Con su mantenimiento ¿no se está vulnerando la «memoria democrática»?, ¿no lo están haciendo con su dejación y complicidad los sucesivos gobiernos, incluso los autoproclamados como más «progresistas» y «feministas» de la historia?
¿De qué residuos nacionalcatólicos hablo? Como nos recuerda la imprescindible Europa Laica, hablo, para empezar, de los vigentes Acuerdos de 1979 con la Santa Sede (un reajuste del Concordato de 1953), que, por mucho que los defienda Felipe VI, constituyen una transgresión extrema del Estado de derecho –en particular del principio de igualdad–, como vulneraciones son todas las prerrogativas de la Iglesia católica en educación (asignaturas de religión de carácter anticientífico y machista en la escuela y hasta en la Universidad), en presencia mediática en medios estatales (misas y otros ‘cultos’ en La2, Radio 5, Canal Sur, etc.), o en economía: más de 12.000 millones de euros anuales para la Iglesia, además del monumental expolio que suponen los bienes que ha inmatriculado.
Pero hablo aquí sobre todo de la Monarquía actual, que es un residuo franquista toda vez que fue Franco quien, visto lo visto, la dejó «atada y bien atada». Es una Monarquía nacionalcatólica que mantiene viva la referida alianza con la Iglesia de Roma, con la que ambas partes tanto se refuerzan entre sí para exclusivo beneficio mutuo. Recordemos al respecto esta gran obra de Gonzalo Puente Ojea: «La Cruz y la Corona. Las dos hipotecas de la historia de España».
Y, volviendo por donde comenzaba, hablo de alcaldes y concejales que condecoran a Cristos y Vírgenes por sus fantasmales «méritos», que los nombran Alcaldes y Alcaldesas Perpetuas mucho más que durante el franquismo, que regalan terrenos para templos y dinero para cofradías…; hablo de otros mandatarios –como autoridades de las Cortes, autonómicas, de la Universidad…– que participan en misas, procesiones u ofrendas, de jueces que castigan a organizaciones laicistas, etc., etc. A veces, el Gobierno y otras autoridades, en vez de acabar con las prerrogativas de la Iglesia, las extienden a otras religiones, promoviendo un multiconfesionalismo que empeora la situación. Hablo también de unas Fuerzas Armadas que lagrimean agua bendita cuando veneran a sus Cristos o a sus virginales patronas, o las nombran Capitanas Generalas, o les ciñen fajines militares, o entonan cánticos sobre la muerte; si ya repugna el brutal neomilitarismo que nos está cayendo, que junto al rearme material conlleva un intento de desarme intelectual y crítico de la sociedad, qué decir si además va aderezado de exaltación nacionalcatólica.
¿No es todo ello inaceptable? Pero, ay, los implicados en esos y otros desafueros antidemocráticos pueden intentar escudarse en el pésimo ejemplo del Rey, quien se supone que debería ser el mejor «alcalde» (entiéndase aquí como autoridad, civil o militar) por su puesto, pero por supuesto no lo es. ¿Están realmente justificados los comportamientos confesionales de las autoridades civiles y militares por el reprensible ejemplo del Rey? En absoluto: siguen siendo igual de deplorables y antidemocráticos, y si los intentan justificar de esa manera, añadirán a su debe el infantilismo, la falta de criterio y la cobardía.
Para resumir y concluir con lo que Felipe VI representa, yo diría que es el símbolo de la confesionalidad real del Estado, del grave déficit laicista, y por tanto democrático, de este, que se suma al carácter antidemocrático consustancial a la propia monarquía. Por todo ello, creo que al monarca actual habría que cambiarle un poco, apenas un par de letras, el título que se aplicaba a su antepasado Carlos III: «El peor alcalde, el rey».
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Juan Antonio Aguilera Mochón es socio de infoLibre.