Muchos de los que, allá por el año 78 del pasado siglo, asumimos la recién aprobada Constitución y, con ella, la monarquía reinstaurada por el dictador, lo hicimos empujados por las circunstancias, el ruido de sables y el anhelo de la democracia que creímos estrenar. No pocos considerábamos que lo adecuado hubiera sido, muerto el dictador, reinstaurar el último régimen legalmente establecido (la dictadura no lo era, usurpó el poder mediante un golpe de estado) por los votos de los ciudadanos, que no era otro que la República; y, después, si se consideraba oportuno por la mayoría de la ciudadanía, elegir mediante sufragio universal entre monarquía parlamentaria y república; eso hubiera sido lo éticamente adecuado y lo legalmente correcto.
Han transcurrido más de cuarenta años desde entonces; tiempo más que suficiente para poner orden donde solo hubo componendas interesadas y fraudes de ley más o menos ocultos. Y aquí estamos.
Asumiendo, por el peso de los años transcurridos no por el derecho real, la monarquía parlamentaria como el régimen de gobierno del país, lo propio sería que ese régimen funcionara bien. Los monárquicos, sean del partido que sean, deberían ser los más interesados en ello… y sorprendentemente no es así.
Después de la abdicación de Juan Carlos de Borbón empujado por los continuados casos de corrupción, percepción de comisiones, uso fraudulento de los privilegios del cargo y un largo etcétera de fechorías, Felipe VI, hijo y heredero en el trono, decidió “renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder”. Esto refleja, cuanto menos, el conocimiento de todos esos actos del rey emérito por la propia Casa Real en su conjunto y por el nuevo rey en particular.
¿Puede un país, que se dice democrático, asumir, sin caer en el sonrojo y la vergüenza, este estado de cosas sin tomar medidas? Está claro que no. Dejar las cosas como están es, directamente, un torpedo bajo la línea de flotación de la propia Monarquía, y los monárquicos deberían ser los más interesados en que eso no ocurra.
Es absolutamente inadmisible, para cualquier demócrata que se precie, que se usurpe al Congreso el derecho (y la obligación ética, añado) de conocer y tomar decisiones sobre las gravísimas imputaciones que, un día sí y otro también, aparecen en los medios de comunicación (o en los propios juzgados, mencionadas de forma colateral en los diferentes casos de corrupción que se están enjuiciando) sobre las andanzas del rey emérito y de la propia Casa Real. Todo ello con el dictamen favorable de los letrados del Congreso, que hasta ahora era la disculpa aducida por el PSOE para negar la comparecencia de Juan Carlos ante la Cámara.
Se equivoca el PSOE y se equivocan los monárquicos, históricos o sobrevenidos, con esta actitud de ocultación. Le están haciendo un muy flaco favor al futuro de la monarquía que aparentan defender con tanto celo.
Senén Olano Álvarez es socio de infoLibre
Muchos de los que, allá por el año 78 del pasado siglo, asumimos la recién aprobada Constitución y, con ella, la monarquía reinstaurada por el dictador, lo hicimos empujados por las circunstancias, el ruido de sables y el anhelo de la democracia que creímos estrenar. No pocos considerábamos que lo adecuado hubiera sido, muerto el dictador, reinstaurar el último régimen legalmente establecido (la dictadura no lo era, usurpó el poder mediante un golpe de estado) por los votos de los ciudadanos, que no era otro que la República; y, después, si se consideraba oportuno por la mayoría de la ciudadanía, elegir mediante sufragio universal entre monarquía parlamentaria y república; eso hubiera sido lo éticamente adecuado y lo legalmente correcto.