La aspiración a un titulo universitario se ha instalado en la mentalidad colectiva de los españoles. La teoría del capital humano centrada en adquirir formación cualificada fue asumida mayoritariamente por las familias. Es la herencia que pueden dejar a sus hijos para que estos progresen en el estatus social. Desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad la adquisición de una licenciatura, de un grado y en los últimos tiempos de másteres ha representado la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, público o privado, de cierta capacidad de rentas y de influencia social. Es verdad que, a medida que su proyección se ha extendido, ya las posibilidades no son tan fáciles y los elementos meritocráticos se difuminan en favor de relaciones personales y familiares, aunque aún quedan espacios para acceder a puestos significativos, especialmente en la Administración pública, por las capacidades demostradas (jueces, abogados del Estado, notarios, registradores, economistas del Estado, diplomáticos, técnicos de Administración, médicos del MIR…) Ya decía Vicent Montes, catedrático que fue de Derecho Civil y magistrado del Supremo, que todo español por el hecho de serlo nace con el titulo de licenciado en Derecho. Sin exagerar tanto, los títulos universitarios se han expandido de forma geométrica en los últimos 40 años, al tiempo que lo ha hecho el sistema universitario publico y privado.
Hoy se contabilizan unas 82 universidades en España de las cuales 50 son públicas, dependientes del Estado y de las comunidades autónomas, y el resto privadas, con un porcentaje significativo propiedad de la iglesia católica. Sin embargo, no existe en el mercado social y económico una distinción valorativa sobre la procedencia de las titulaciones, da igual a todos los efectos ser licenciado, graduado o doctor por Salamanca, Cádiz, Murcia o la Universidades de Deusto o Pontificia. No ocurre lo mismo en otros ámbitos donde haber estudiado en Oxford, Cambridge o Harvard tiene un valor añadido en la consideración curricular.
En términos macro la mayoría de las universidades han ido progresando de manera desigual en la investigación y en la docencia. Y en este sentido el profesorado ha estado a medio camino entre las relaciones personales, la cooptación y las capacidades intelectuales para acceder a su condición. Hay tantos ejemplos a favor de haber alcanzado un puesto como profesor con un buen currículo que otros por intermediación de contactos personales y oportunidades sin un control riguroso. Así puede distinguirse docentes e investigadores de gran peso junto a otros con escasas prestaciones académicas. En los últimos tiempos se ha intentado medir con valores objetivos, sin lograrlo plenamente, las aportaciones en el campo de la investigación, y menos en la docencia, con ejemplos también de prevaricaciones y de influencias pero que en su conjunto han favorecido una cierta purificación del sistema. Ya hay buena literatura sobre los avatares de las triquiñuelas de la estructura universitaria española.
La expansión de las universidades se desarrolló principalmente a partir de los años 80 del pasado siglo (en 1960 solo había 17 en toda España y la mayoría públicas). Los ayuntamientos, las provincias y las comunidades dieron toda clase de facilidades para instalar una universidad o una facultad. Al final, el modelo se resumía en una universidad en cada capital, en cada municipio numeroso un centro universitario, o un centro de la UNED. Precisamente esta universidad, nacida en 1972, ha tenido el privilegio de contar con la financiación de municipios y diputaciones para establecer una red de centros que la sede central utilizaba como “colonias” para realizar los exámenes y disponer de plataformas de tutores para orientar a los alumnos. La implicación de Sede Central de Madrid ha sido en sus orígenes escasa y solo en los últimos tiempos ha tenido que asumir parte de su financiación sin integrarlos plenamente en su estructura, con un desconocimiento y desentendimiento de la mayoría profesorado de la sede central. Solo los equipos rectorales han tenido que implicarse por necesidad en su funcionamiento, pero sin cuestionar por lo general la dependencia de las tramas políticas locales o provinciales donde se ubicaban los centros. Siempre he dicho que cuando dirigía el Centro de Alzira-Valencia he hecho más política para mantener su autonomía universitaria con el rector como presidente de la Junta Rectora, habida cuenta del dominio casi absoluto del PP en mi segunda época (2000-2016), que en el Congreso como diputado del PSOE. Bien es verdad que me respaldaba ser profesor funcionario de la propia UNED y una cierta presencia pública. Pero el resto de las universidades ha ido adquiriendo cada vez más las destrezas de la enseñanza a distancia a través de las tecnologías apropiadas, de tal forma que hoy se parecen más a la UNED que ella misma, así lo han demostrado en este periodo de pandemia.
La UNED ha disfrutado del monopolio de un sistema que ha tenido su justificación en otros tiempos para dar oportunidad de acceso a los estudios universitarios a muchos ciudadanos que no podían acudir a las universidades establecidas. Hubiera sido bueno aprovecharlo para reestructurar mejor sus métodos y la dimensión de sus extensiones, que alcanzan más de 50 centros en toda España donde el patrimonio de sus residencias no es de su propiedad. Podía haberse creado un centro propio en cada comunidad con personal directivo capacitado, con la titulación adecuada, dependiente de la propia universidad. De hecho, pronto las llamadas universidades presenciales, además de las “a distancia”, plantearán por qué las entidades publicas tienen que subvencionar, con el dinero de todos, centros territoriales y tutores de una exclusiva universidad cuando ellas ya pueden desarrollar las mismas funciones, e incluso mejorarlas.
Javier Paniagua es socio de infoLibre
La aspiración a un titulo universitario se ha instalado en la mentalidad colectiva de los españoles. La teoría del capital humano centrada en adquirir formación cualificada fue asumida mayoritariamente por las familias. Es la herencia que pueden dejar a sus hijos para que estos progresen en el estatus social. Desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad la adquisición de una licenciatura, de un grado y en los últimos tiempos de másteres ha representado la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, público o privado, de cierta capacidad de rentas y de influencia social. Es verdad que, a medida que su proyección se ha extendido, ya las posibilidades no son tan fáciles y los elementos meritocráticos se difuminan en favor de relaciones personales y familiares, aunque aún quedan espacios para acceder a puestos significativos, especialmente en la Administración pública, por las capacidades demostradas (jueces, abogados del Estado, notarios, registradores, economistas del Estado, diplomáticos, técnicos de Administración, médicos del MIR…) Ya decía Vicent Montes, catedrático que fue de Derecho Civil y magistrado del Supremo, que todo español por el hecho de serlo nace con el titulo de licenciado en Derecho. Sin exagerar tanto, los títulos universitarios se han expandido de forma geométrica en los últimos 40 años, al tiempo que lo ha hecho el sistema universitario publico y privado.