Por sabido, no haría falta comentar que, cuando se origina un conflicto, y más si este es bélico, los niños son los que sufren las consecuencias más dramáticas en las distintas formas de desamparo, orfandad y pérdida de vidas. Que la infancia -el conjunto de niños y niñas menores de 18 años- forma parte en teoría de las preocupaciones de los gobiernos de todos los países del mundo es un hecho indiscutible. No en balde, el tratado internacional (La convención sobre los derechos del niño) ha sido ratificado por 195 Estados. “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”( Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia , 30 de septiembre de 1990). Que en la práctica los Estados pongan todos los medios suficientes y adecuados para esa protección es más discutible. No hace falta irse atrás, lo hemos visto en estos últimos días en Palestina e Israel, en Marruecos con España y llevamos viéndolo desde hace ocho meses en España. Aunque los conflictos sociales y políticos sean diversos y de distinta intensidad y crudeza existe un paralelismo evidente entre ellos, al ser los niños los primeros que sufren sus consecuencias, como hemos comprobado en esta última guerra de Israel con Palestina, en la que de más de 250 muertes, 67 han sido niños.
Hago referencia también a los niños israelíes, porque así lo ha reflejado muy bien David Grossman en un artículo publicado en El País, titulado “ Y a pesar de todo…”, que transcribe el discurso pronunciado en la plaza Habima de Tel Aviv el 22 de mayo: “Permítanme dedicar mis palabras de esta noche a los niños de los pueblos israelíes limítrofes con la Franja de Gaza, a los niños de Gaza y a todos los niños que han sufrido en su carne y su espíritu la guerra que acaba de terminar. [...] Una generación entera de niños, en Gaza y en Ashkelon, crecerá y vivirá con el trauma de los disparos, las explosiones y las sirenas. [...] Malditas, pues, sean las guerras y los canallas que las hacen”.
Si David Grossman augura traumas de por vida a esos niños, los traumas que padecerán los niños marroquíes llegados a Ceuta y los españoles de la Cañada Real no serán despreciables. Marruecos ha dado grandes facilidades para que un gran número de jóvenes y niños pudieran cruzar sus fronteras, ilusionados o engañados con esperanzas sin consistencia, y ha puesto en riesgo la vida de muchos de ellos en su intento por llegar a nado en condiciones difíciles a Ceuta, abdicando el Gobierno de Marruecos de las obligaciones y protección que le corresponden con sus ciudadanos y especialmente de esa inalienable responsabilidad para dotar del mayor bienestar a su infancia, en línea con lo que obliga a los Estados la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño, que en su art. 3.2 señala: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Al margen de la distribución, buena acogida y cuidado a que se han comprometido las Comunidades Autónomas de los menores marroquíes que han llegado a Ceuta y de los que todavía vagan por sus calles y campos, corresponde al Gobierno de Marruecos y a los padres y tutores de los niños marroquíes solicitar y desvivirse con urgencia por el reencuentro con sus familias y continuar su crecimiento y sus estudios en el país que les vio nacer, interpretando siempre del modo más favorable el interés superior del menor. Afortunadamente el rey de Marruecos ha propuesto su retorno. El conflicto diplomático creado es de escasa entidad y mal interpretado políticamente cuando lo que está en juego en este caso es la protección que el Gobierno de Marruecos debe a su infancia, aunque por fin Marruecos ha reconocido el verdadero motivo de la apertura de la frontera: no era por la asistencia prestada en España a Brahim Gali, sino por la diferencia en el contencioso del Sáhara occidental que todavía no controla y cree que le pertenece.
Por un conflicto distinto interno, debiera parecernos sangrante e inaudita la situación de los niños de la Cañada Real que llevan ocho meses sin luz eléctrica en el sector 6 donde viven 824 familias y 1.211 niños, según los datos del Pacto Regional por la Cañada, firmado en 2017, aunque en el sector 5 han logrado la luz hace dos meses por un apaño entre los vecinos y el recurso provisional a placas solares.
El incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid del Pacto Regional por la Cañada es manifiesto. Prácticamente no se ha hecho nada de lo acordado con la firma de ese pacto en 2017 . Con la contundente victoria electoral que Ayuso ha conseguido en Madrid y el culto a la personalidad que está recibiendo (Susana Griso se ha sumado: “Disfrute del momento dulce que está viviendo”, aunque la advierte, “porque dura poco”) como si fuera una lideresa revolucionaria socialista- ella que reniega del socialcomunismo- es difícil que cambie su postura, no ya empática, sino beligerante con los niños de la Cañada. Su hipocresía le ha llevado a conceder a los niños madrileños la Gran Cruz del Dos de Mayo por el “trabajo, el esfuerzo y el ejemplo” que han dado, cuando los niños de la Cañada, con la misma pandemia, las lluvias y la nevada Filomena, sufrían el desamparo, la soledad y la discriminación de ella y de su Gobierno.
También el Gobierno central está pringado en este asunto. La Convención es un Tratado internacional, que firman los Gobiernos en nombre de los Estados. La ONU no comprende por qué motivos de competencia-incompetencia entre Administraciones, no interviene el Gobierno en la Cañada Real Galiana y así se lo ha puesto de manifiesto con insistencia, ya que se lesionan de forma fragante los derechos de esos niños, que también forman parte del futuro de España, a una vivienda digna, a la discriminación por ser migrantes y personas con discapacidad, a la educación en igualdad de condiciones con sus compañeros de clase, al derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, y extirpación de la extrema pobreza, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, condicionadas todos las Administraciones por la compañía eléctrica Naturgy que apela a las plantaciones de marihuana como coartada pero que tampoco se desmantelan.
A contracorriente
“El niño es un bien escaso y hay que sobreprotegerlo”. Como si fuera un economista, le oía esta frase hace unos días a un médico oftalmólogo en un programa de salud hablando sobre la importancia de curar el estrabismo cuanto antes entre los niños y que me sorprendió por su excelencia.
España es uno de los países más envejecidos del mundo, junto con Japón, Italia y Grecia, con una de las tasas de natalidad más bajas y con escasas perspectivas de crecimiento. Se necesitarían 190.000 migrantes cada año hasta 2.050, según el informe de Estrategia Nacional para atender, entre otros problemas, las pensiones del futuro. Por tanto, hay que proteger a los niños palestinos, a los israelíes, a los marroquíes y a los españoles de los que se trata aquí.
Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre
Por sabido, no haría falta comentar que, cuando se origina un conflicto, y más si este es bélico, los niños son los que sufren las consecuencias más dramáticas en las distintas formas de desamparo, orfandad y pérdida de vidas. Que la infancia -el conjunto de niños y niñas menores de 18 años- forma parte en teoría de las preocupaciones de los gobiernos de todos los países del mundo es un hecho indiscutible. No en balde, el tratado internacional (La convención sobre los derechos del niño) ha sido ratificado por 195 Estados. “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”( Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia , 30 de septiembre de 1990). Que en la práctica los Estados pongan todos los medios suficientes y adecuados para esa protección es más discutible. No hace falta irse atrás, lo hemos visto en estos últimos días en Palestina e Israel, en Marruecos con España y llevamos viéndolo desde hace ocho meses en España. Aunque los conflictos sociales y políticos sean diversos y de distinta intensidad y crudeza existe un paralelismo evidente entre ellos, al ser los niños los primeros que sufren sus consecuencias, como hemos comprobado en esta última guerra de Israel con Palestina, en la que de más de 250 muertes, 67 han sido niños.