A menudo escuchamos que tal o cual medida es buena para la economía; sin embargo, rara vez se precisa de la economía de quién se trata, como si lo que es bueno para unos lo fuera para todos. Naturalmente, no es así, los intereses de las distintas capas sociales son a menudo contrapuestos, los salarios bajos y la desprotección legal de los trabajadores, por ejemplo, benefician a los empresarios y a sus accionistas, pero a ellos les perjudica. Los impuestos progresivos gravan a los que más tienen y benefician a los menos favorecidos, al procurar una cierta redistribución de la riqueza. Las distintas teorías sobre cómo debe ser la gestión de la economía difieren fundamentalmente en función de qué intereses defienden. Desregulación, imperio del mercado, bajada de impuestos, jibarización de lo público, o bien redistribución de la riqueza, Estado del bienestar, protección social, sostenibilidad, derechos individuales…
Quien obtiene la mayoría es quien gobierna y quien puede, por tanto, implantar las políticas que van a favorecer a los suyos. Esto obliga a algunos partidos a mentir a los ciudadanos
Lo mismo sucede con los partidos políticos. Sus políticas dependen de qué intereses promueven. Hay partidos que se alinean con los intereses de las grandes corporaciones y de las élites económicas, otros que tratan de defender los intereses de la clase media y otros que velan sobre todo por la situación de las clases populares y trabajadoras. Cada cual puede deducir dónde se sitúan los distintos partidos en nuestro panorama político.
No obstante, en una democracia son los votos de los ciudadanos los que otorgan el poder. Quien obtiene la mayoría es quien gobierna y quien puede, por tanto, implantar las políticas que van a favorecer a los suyos. Esto obliga a algunos partidos a mentir a los ciudadanos. Nadie puede proclamar públicamente que si gana va a defender los intereses de una élite necesariamente minoritaria, porque perdería siempre las elecciones. No es que las capas más favorecidas no tengan partidos que las representan, es que dichos partidos han de aparentar defender los intereses de todos, aunque defiendan los de los que más tienen. Para que estos partidos ganen elecciones muchos ciudadanos tienen que votarles, aunque lo hagan en contra de sus propios intereses, seducidos por sus mensajes, sus medios de comunicación y su formidable máquina de propaganda.
Desde el triunfo del neoliberalismo impulsado por Reagan y Thatcher, a finales de los 80 del pasado siglo, la redistribución de la riqueza ha ido de las clases populares y medias hacia las élites, de manera que la desigualdad alcanza en Occidente proporciones nunca vistas. En España, el uno por ciento de los más ricos, aproximadamente 460.000 españoles, acumula tanta riqueza como el 60% de la población, unos 28 millones. La pregunta, entonces, sería: ¿a quién hay que bajarle y a quién subirle los impuestos?
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Juan Pedro de Basterrechea es socio de infoLibre
A menudo escuchamos que tal o cual medida es buena para la economía; sin embargo, rara vez se precisa de la economía de quién se trata, como si lo que es bueno para unos lo fuera para todos. Naturalmente, no es así, los intereses de las distintas capas sociales son a menudo contrapuestos, los salarios bajos y la desprotección legal de los trabajadores, por ejemplo, benefician a los empresarios y a sus accionistas, pero a ellos les perjudica. Los impuestos progresivos gravan a los que más tienen y benefician a los menos favorecidos, al procurar una cierta redistribución de la riqueza. Las distintas teorías sobre cómo debe ser la gestión de la economía difieren fundamentalmente en función de qué intereses defienden. Desregulación, imperio del mercado, bajada de impuestos, jibarización de lo público, o bien redistribución de la riqueza, Estado del bienestar, protección social, sostenibilidad, derechos individuales…