Pedro Sánchez, sabemos lo que es prevaricar
Conviene acudir a conferencias de expertos que saben de lo que hablan y nos cuentan cosas interesantes de la legislación vigente. Durante la última a la que acudí el ponente dijo: "Ya va siendo hora de que los jueces dejen de juzgarse a sí mismos, pues la prevaricación es un delito excluido de la Ley del Jurado”.
A pesar del experto, de vuelta a casa me puse a buscar y en el Diccionario de la RAE encontré una sola definición para la prevaricación: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.
Después consulté la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en adelante LOTJ, y leí que en el artículo 1.1 se incluyen, entre las competencias del Tribunal del Jurado, “los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos” pero, en cambio, en el apartado 2 del mismo artículo se desglosan los únicos delitos sobre los que puede entender el Jurado y no aparece la “prevaricación”. Tampoco en el resto de artículos ni en las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
La LOTJ es una ley de la que el Gobierno presumió mucho durante los últimos coletazos de Felipe González en La Moncloa, como ejemplo de modernización de la justicia española y demás bondades, pero si en una norma como la LOTJ un delito determinado no figura, a su autor ni se le investiga, ni se le juzga, ni se le condena con esa ley en las manos. Por tanto, todo funcionario sabe que está blindado contra la justicia del Jurado, es decir, la de los ciudadanos, en caso de que dicte una resolución injusta y a sabiendas.
Leído el párrafo anterior sospecharemos, de momento, que excluyeron el delito de prevaricación de la LOTJ para que siguiera funcionando el “ellos se lo guisan y ellos se lo comen” que, al tratarse de uno de los grupos profesionales donde el corporativismo está más consolidado, se puede traducir por el “hoy por ti, mañana por mí”, siendo lo peor que les puede pasar, o lo mejor, el que se tengan que juzgar unos a otros, ellos, que tanto se conocen.
La exclusión del delito de prevaricación de la LOTJ, en tanto que “injusta” y “a sabiendas”, fue una decisión particularmente prevaricadora por parte de sus autores, políticos “asesorados” por jueces con “mando en plaza”, porque sabían, y saben, que hay pocos conceptos que sean tan reconocibles por personas que no necesitan ser jueces como el de “injusticia” o el de “a sabiendas”. Por eso, este delito es de los que más avergonzarían a cualquier juez si su futuro tuviera que ser decidido por un Jurado.
Para confirmar, o no, las sospechas mencionadas, debemos contextualizar, pensando en las personas que elaboraron y aprobaron la LOTJ en 1995.
Por una parte, los políticos. PSOE y PP dominaban el Congreso con el 86% de los escaños (actualmente, el 60%). Dos partidos corrompidos hasta el tuétano para los que mantener engrasadas las “puertas de atrás” de los tribunales importantes era vital.
Si las fiscalías hubieran investigado de verdad, a partir de los indicios de financiación ilegal que aparecieron desde el principio, hace mucho tiempo que el PP y el PSOE habrían sido intervenidos y disueltos por sentencia judicial, y todos sus bienes recuperados para la sociedad.
Y, por otra parte, los jueces asesores. Tras la muerte del dictador, la inmensa mayoría de los que en 1995 formaban parte de los tribunales importantes habían sido piezas necesarias para la aplicación de las leyes franquistas. Y las leyes pueden cambiar en 24 horas, pero las personas tardan más.
Salvo excepciones, esos mismos jueces deberían haber sido inhabilitados para cualquier cargo público en democracia, pues durante la dictadura habían sido prevaricadores natos. Para alcanzar los puestos de más nivel en aquella “justicia” habían dictado, por convicción o por interés, pero siempre “a sabiendas”, muchas resoluciones “injustas”, pues la legislación de la dictadura era injusta por definición.
Volveremos a la actualidad para que nadie se llame a engaño.
PSOE y UP, si quieren, disponen de mayoría parlamentaria suficiente para incluir la prevaricación en la LOTJ, y también para reformar la LOTC incluyendo la unanimidad obligada en el TC para declarar inconstitucional cualquier norma o decisión aprobada por cualquier poder parlamentario y, de esta forma, conseguir que la democracia real acabe con algunos de los autoritarismos que siguen guiando muchas de las decisiones judiciales. Pero el Gobierno de Coalición más progresista no quiere.
Parece mentira que Pedro Sánchez ni siquiera reaccione ante la humillación a que ha sido sometido por Pablo Casado, que mantiene el bloqueo del CGPJ a pesar de que, con sus votos, PSOE y UP aseguraron la incorporación al TC de jueces como Arnaldo y Espejel.
Se me olvidaba. El conferenciante era Gonzalo Boye, abogado principal de Puigdemont y Valtonyc, entre otros perseguidos por la misma justicia sobre la que ha versado este artículo.
Domingo Sanz es socio de infoLibre
