Las 'populares' prórrogas ¿ilegales?

Una denuncia presentada hace casi dos años, en enero de 2020, por la asociación de consumidores En-Colectivo, reclamando como presuntamente ilegal el cobro de peaje por las obras de ampliación de un puente en el tramo Fene-Ferrol por la empresa concesionario de una autopista, la AP-9, en Galicia, ha provocado que la Comisión Europea (CE) abra procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de esa vía sin haber convocado una nueva licitación pública para ello. Una prórroga similar fue concedida también a la autopista AP-66 León-Campomanes, que enlaza León con el Principado de Asturias a través de la cordillera Cantábrica.

Ambas prórrogas fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar, siendo su ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. En el caso de Galicia fue decidida en el año 2000 para que la empresa Autopistas del Atlántico (Audasa) mantuviese el peaje hasta 2048. También en 2000 dicho Gobierno prorrogó la concesión a Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) del cobro hasta 2050. Las dos empresas pertenecen al grupo Itinere Infraestructuras, S.A. que es uno de los principales gestores de concesiones de infraestructuras que operan en España.

El derecho de la Unión Europea establece que “la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión que sólo puede adjudicarse mediante licitación”. Pero el gobierno del Partido Popular prorrogó ambas concesiones sin licitación nueva. En el caso de la autopista a través del valle del Huerna, entre León y Asturias, se añadían 29 años a la licencia inicial. Según informa La Nueva España, España tiene ahora dos meses para responder a Bruselas antes de que el expediente abierto siga adelante y el Ejecutivo asturiano estudia la posición de la Comisión Europea sobre la ampliación del peaje a la autopista gallega ya que “entiende similar a la del peaje del Huerna''. Sin esa prórroga, el peaje entre León y Campomanes, en el municipio asturiano de Lena, “desaparecería el próximo mes”, señalaba al diario ovetense Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno de Adrián Barbón, al apuntar la fecha del 17 de octubre como final de la primera concesión de la AP-66.

Los expedientes abiertos a España se unen a otro que afecta a Italia, ya que la CE también ha iniciado una tramitación similar por la licitación de una autopista en el Tirrero, informa Faro de Vigo, dos años después de que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciase que había incumplido las normas europeas”. Precisamente el Gobierno astur y el Ejecutivo español han iniciado conversaciones para una posible rebaja del peaje del Huerna, una similar a la concedida al tramo entre Tui y Ferrol el pasado julio.

Las razones dadas por el gobierno de Aznar para justificar ambas prórrogas aludieron a la financiación de la construcción de la autovía entre Onzonilla (León) y Benavente (Zamora), que enlazaría sin pago para los viajeros las comunicaciones entre la capital leonesa y la autovía entre Madrid y Galicia. Pero una investigación de La Nueva España, publicada el 23 de abril de 2019 tras tener acceso a documentación interna del Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes), descubrió que en realidad sirvió para financiar parte de la AP-9 en las cercanía de Vigo y “para sanear las cuentas de la entonces pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ahogada por las deudas, lo que permitió privatizarla solo tres años más tarde”.

La asociación de consumidores En-Colectivo tiene el objetivo de agrupar a usuarios afectados por abusos de grandes compañías para posibilitarles reclamaciones que para ciudadanos individuales resultarían costosas, encontrándose en posición de inferioridad, ofreciéndoles una defensa colectiva y con mayor capacidad de luchar contra vulneraciones legales. Las prórrogas populares no parecen nuevas, por eso no nos extrañe ahora lo del gobierno de los juecespopulares.

Fernando Granda es socio de infoLibre