Si los preámbulos de las leyes confesaran los objetivos reales de éstas, el preámbulo del RDL 3/2012, la reforma laboral del PP, debería decir: en la relación laboral, el poder del empresario prevalecerá sobre los derechos de los trabajadores.
Y así fue, en la norma y en lo que está más allá de la norma, es decir en el mensaje implícito que toda ley conlleva; el mensaje implícito de la reforma laboral del PP fue: empresarios, ”los derechos de los trabajadores están en un segundo plano, podéis ignorarlos “.
El resultado está a la vista, precarización, bajada de salarios, empeoramiento de las condiciones de trabajo o el es lo que hay o lo aceptas o no hay trabajo. Y lo que había era un contrato por cuatro horas cuando en realidad trabajarás ocho o más o las extras que sean necesarias, naturalmente sin remuneración, o cosas peores.
Dicho en términos coloquiales, es lo que les ha sucedido a muchos trabajadores. En balance global, la reforma del PP produjo un enorme desequilibrio en la relación laboral, inclinando la balanza a favor de los empresarios, seguridad jurídica para unos, gran inseguridad para otros.
En lo normativo, la ley quebró el poder sindical con la posibilidad de que las empresas negociaran un convenio propio en cualquier momento y sin causa, lo que a su vez facilitó la generalización de la subcontratación abusiva, al facilitar la aparición de empresas multiservicios con convenio propio para cualquier actividad y con condiciones siempre peores a las del convenio sectorial.
La reforma del PP no articuló ningún mecanismo para reducir la contratación temporal, redujo las indemnizaciones por despido y suprimió los salarios de tramitación.
Entre lo explícito y lo implícito se ha venido asentando un modelo de relaciones laborales basado en el abuso y en la precariedad, sobre todo en determinados sectores productivos, inculcando en la población trabajadora que el modelo era el único posible. El relato de “ es lo que hay”.
Por ello, era importante romper ese relato, dejar claro que los derechos de los trabajadores sí cuentan y conseguir una relación laboral equilibrada, en la que esos derechos sí cuenten. Seguridad jurídica para todos.
El preámbulo del RDL 32/2021, la reforma laboral del actual Gobierno, debería decir: "el objetivo es conseguir que los derechos de los trabajadores importen y sean tenidos en cuenta".
Para ello es necesario cambiar la mentalidad de los empresarios y también la de los trabajadores resignados. Una sociedad democrática sana no es posible sin unas relaciones laborales basadas en normas equilibradas.
Sin entrar en el detalle de las normas aprobadas ni en su comparación detallada con las anteriores, que han sido explicadas por autores con mucha autoridad, es indudable que la nueva regulación de la contratación temporal, con la desaparición del contrato de obra, es un paso importante para la evitación del fraude de ley, tan persistente en la contratación temporal.
Del mismo modo, la obligación de la aplicación del convenio de sector o de la empresa principal en las subcontratas evitará muchas situaciones abusivas en esta materia.
Se anuncia en el plazo de seis meses un estatuto del becario, aspecto muy poco destacado en los comentarios, pero que reviste una gran importancia. La aplicación fraudulenta de la figura del becario es otra forma de precariedad que afecta especialmente a los jóvenes. La erradicación de esta forma de abuso ayudará a la mejora del empleo juvenil y de graduados.
Aunque algunos aspectos lesivos de la reforma del PP, no se hayan eliminado, lo conseguido es un paso importante.
Lo trascendental de este reforma es el mensaje: los derechos de los trabajadores sí que importan en esta sociedad y se van a respetar por las normas . Y así ,paso a paso, se podrá conseguir que lo aceptado no sea “ es lo que hay”, sino que hay que respetar los derechos.
Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre
Si los preámbulos de las leyes confesaran los objetivos reales de éstas, el preámbulo del RDL 3/2012, la reforma laboral del PP, debería decir: en la relación laboral, el poder del empresario prevalecerá sobre los derechos de los trabajadores.