Por política se entiende el sistema de gobierno y organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados. También es bien sabido que el término puede usarse para definir el modo de actuar de una persona en una específica situación. Que dicho modo de actuar contenga, en muchas ocasiones, connotaciones negativas es debido, probablemente, al conjunto de conocimientos y experiencias que el ciudadano percibe del Gobierno y organización de la sociedad en la que vive, es decir, de la política en la que habita.
En efecto, me permito sugerir un ejemplo que seguramente aclare la finalidad de estas reflexiones. Como cada año, en determinada empresa pública se ofrece un número muy restrictivo –naturalmente debido a la crisis– de empleos de carácter interino. Los departamentos que componen dicha empresa exponen sus necesidades laborales de forma que a la vista de los informes que elaboran, la empresa pública decide qué departamento es beneficiario de alguna de las plazas ofrecidas. Se ha dado el caso real de que, una vez evaluados los informes departamentales, resultó que un departamento, llamémosle A, ocupó la primera posición en la clasificación elaborada para otorgar la única plaza disponible y, sin embargo, el departamento que la consiguió, sea B, fue el que ocupaba la segunda posición. La decisión política de la empresa pública se debió a que, reunidos los directores de los departamentos, se acordó que, no obstante la clasificación realizada, se diera preferencia al departamento B. Puesta la decisión adoptada en conocimiento de la autoridad ministerial pertinente, la respuesta dada vino a decir que son cosas que pasan y se debe convivir con ellas.
Interesa resaltar que, en el anterior ejemplo, la empresa pública no es un ente abstracto con el que uno no puede tomar un café o ir a dar un paseo. La decisión de la empresa la tomaron los directores de departamento y con éstos si se puede tomar un café o dar un paseo. También es interesante observar que la empresa pública está dotada de una normativa que, al menos teóricamente, ofrece garantías en orden a su (correcta) gobernabilidad y organización; no obstante, dicha normativa en la práctica puede incumplirse sin que ello suponga una sanción. Al contrario, el incumplimiento está legitimado al haber sido el resultado de una decisión colegiada tomada por (los directores de departamento de) la misma empresa. Finalmente, es importante notar que, según entiende un órgano de gobierno (en realidad, una persona que administra dicho órgano) de rango organizativo superior al de la empresa, se debe saber convivir con este tipo de situaciones.
¿Puede generalizarse esta situación de forma que, en lugar de hablar de empresas públicas, se pueda hablar de ayuntamientos, comunidades autónomas o del estado? Todo parece indicar que inducir –considerado el término desde el punto de vista de la lógica formal, es decir, construir una ley general a partir de hechos particulares– no es lo más recomendable. Sin embargo, una visión alternativa es valorar que los hechos particulares son sólo la consecuencia de una ley general. En otras palabras, comprender lo que se observa a nivel local supone tener conocimiento de lo que se observa en niveles de orden superior al local.
Hoy en día es probable que al hojear cualquiera de los periódicos disponibles en España, el lector encuentre algún caso de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o interpretación sesgada –en el sentido de interesada– de un hecho delictivo por parte de alguno de los estamentos que componen la administración de la justicia. No parece que este sea un fenómeno propio de la coyuntura presente (1). Sin embargo, a los españoles educados políticamente en la democracia del 78 del siglo pasado les ha llamado la atención la inusual concentración de casos fuera de la legalidad que son puestos en evidencia por la prensa. No creo que deba considerarse que ahora se dispone de medios de denuncia que no existieran en el pasado reciente de los últimos 37 años y, por ello, no puede sentirse sino satisfacción al observar que el sistema político que nos hemos dado, sin duda mejorable al estar distante de la perfección, evoluciona albergando este tipo de señales positivas.
Un problema, no obstante, es la capacidad de fagocitosis de dicho sistema. Que la sola denuncia pública no es suficiente es una consecuencia. No obstante, como anteriormente queda expuesto, las instituciones que detentan el poder no son sólo entes abstractos, más bien el poder lo ejercitan personas reticentes a abandonarlo, normalmente.
En mi opinión, por ello, el ciudadano debería orientarse en el convencimiento de que perfeccionar el sistema político implica movilizarse, independientemente de las diversas variantes que la movilización puede adoptar. De entre dichas variantes, no conozco una de mayor impacto que la educación sensu lato. Es decir, una educación universal, objetiva, de aquí acofensional, que estimule tanto el placer de saber como la virtud de crear, que evidencie que se aprende para vivir y no al contrario, que impulse en el ser humano su sentido ético (G. Hegel), en resumen, que sea para la esencia del ser humano lo que la escultura es al mármol del que está hecha (J. Addison).
Cuando el ciudadano es educado en esta línea, lo probable es que la política social vigente cambie sin graves convulsiones. No olvidemos que el voto es secreto y su resultado es difícilmente alterado.
Bienvenidos sean movimientos como Podemos –o cualquier otro con objetivos similares, change.org puede ser un ejemplo–. Un experimento cuyo desenlace está por descubrir pero que, en cualquier caso, hace que la base sobre la que el actual sistema político se nutre y desarrolla incorpore elementos innovadores de carácter ético y social –en el sentido de más benéfico para un colectivo de mayor tamaño–.
Es sugerente consultar en Faulkner (2013) el hecho de que hasta el Neolítico tardío, las sociedades humanas no generaron restos arqueológicos de naturaleza violenta. En dicho período de la prehistoria humana, sin embargo, el advenimiento de un cambio hacia un modelo social más complejo, consecuencia de la agricultura y el sedentarismo, genera la aparición de castas (o especialistas) que controlan la producción de bienes lo que, a su vez, ocasiona escasez de recursos en algunos estratos sociales. Con este cambio social de la conclusión del Neolítico la violencia empieza a aflorar entre los individuos de una misma sociedad y entre (individuos de) diferentes sociedades. Es decir, el atropello, la agresión, el engaño o el abuso de autoridad que se manifiestan en algunos individuos de la actual especie humana no son rasgos inherentes a la naturaleza de ésta.
(1) Neil Faulkner (2013). A Marxist History of the World. From Neanderthals to Neoliberals. Pluto Press.
Santiago Ipiña es socio de infoLibre
Por política se entiende el sistema de gobierno y organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados. También es bien sabido que el término puede usarse para definir el modo de actuar de una persona en una específica situación. Que dicho modo de actuar contenga, en muchas ocasiones, connotaciones negativas es debido, probablemente, al conjunto de conocimientos y experiencias que el ciudadano percibe del Gobierno y organización de la sociedad en la que vive, es decir, de la política en la que habita.