El Ministerio de Cultura ha recurrido este viernes el auto en el que la Audiencia Nacional le negaba, el pasado martes, la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según un comunicado hecho público por el propio Ministerio. El tribunal argumentaba que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugería que este recurriera a un tribunal ordinario. La sala concluía que no cabía sino denegar la petición de Cultura, realizada el pasado febrero, "al resultar inadecuado el procedimiento". El área dirigida por el ministro José Guirao ha recurrido esta decisión, que no era firme.
Cultura había solicitado en febrero la autorización para una "intervención temporal" de la entidad, de seis meses, que incluiría la "remoción de los órganos de gobierno". El plan de Guirao era nombrar un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto.
El comunicado enviado por el Ministerio defiende que el auto "no aceptó a trámite la solicitud efectuada por el Ministerio por motivos estrictamente formales de jurisdicción competente, sin entrar a valorar el fondo". de esta forma, el Gobierno insiste en que "el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE", iniciado en septiembre de 2018 con un primer apercibimiento, no se ve afectado por la decisión de la Audiencia, y este sigue "abierto y plenamente vigente". Cultura insiste en que la entidad de gestión de derechos de autor no ha cumplido aún las peticiones del Gobierno: el comunicado señala que no se han modificado los Estatutos, como se pidió, no se ha resuelto el litigio en torno al reparto de ingresos de 2018, y no se han celebrado unas elecciones a la Junta directiva "respetando todos los derechos de los miembros de la entidad (incluyendo el derecho al voto electrónico anticipado)".
Por su parte, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, se mostró satisfecha el martes por la resolución de la Audiencia Nacional. La soprano, elegida a finales de febrero, reiteró su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad hecho público entonces. La sociedad ha modificado su reglamento en los últimos meses para admitir el voto electrónico también en las elecciones de su Junta Directiva, unas de las solicitudes del Ministerio. En su comunicado, Cultura no menciona este hecho, y solo hace referencia a que la actual Junta no fue elegida de esta forma.
Por otra parte, los socios de la entidad votan el próximo lunes 24 de junio, en Asamblea, unos nuevos Estatutos que incorporarían las indicaciones del Gobierno. Las preasambleas regionales celebradas entre el 11 y el 18 de junio han votado mayoritariamente a favor del nuevo reglamento, lo que prefigura una victoria para Jurado. Según la información otorgada por la SGAE, de los 3.683 votos emitidos, 3.192 han aceptado los nuevos Estatutos, lo que supone un 86,7% del total. Esta cifra alcanza la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la modificación. La entidad asegura en un comunicado que la nueva normativa "cuenta con el respaldo de los vicepresidentes de los cuatro colegios que integran la Junta Directiva, Pequeño Derecho, Gran Derecho, Obras Audiovisuales y Editores Musicales".
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Tras eso, la SGAE tendría que resolver el litigio en torno al último reparto de 2018: el Ministerio exige que se haga conforme a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que establece un tope del 20% del total para los derechos obtenidos por la emisión de música en televisión —una forma de combatir la trama de la rueda—, algo que comparten parte de los socios, mientras que la entidad defiende que esa normativa no debería regir ese último reparto.
Los problemas de la entidad han traspasado también las fronteras: el pasado 30 de mayo, la Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) votó a favor de la exclusión durante un año de la entidad española, aseguraba en un comunicado que las denuncias interpuestas contra la SGAE eran "motivo de gran preocupación" y hablaba de "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa". En el comunicado, la CISAC exhortaba a la sociedad de autores a realizar los "cambios reglamentarios necesarios" e implantar "importantes desarrollos técnicos", con "la esperanza de poder readmitir a la SGAE como miembro lo antes posible".
El Ministerio de Cultura ha recurrido este viernes el auto en el que la Audiencia Nacional le negaba, el pasado martes, la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según un comunicado hecho público por el propio Ministerio. El tribunal argumentaba que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugería que este recurriera a un tribunal ordinario. La sala concluía que no cabía sino denegar la petición de Cultura, realizada el pasado febrero, "al resultar inadecuado el procedimiento". El área dirigida por el ministro José Guirao ha recurrido esta decisión, que no era firme.