El 15 de noviembre de 1979 María Frías Albert daba a luz en Valencia a un niño. El último día que pasó con él, una señora con un abrigo de color marrón, acompañada por una de las monjas del hospital, fue a la habitación a ver al niño. Al parecer, y según la excusa que esgrimieron, la señora estaba embarazada y asustada por todo lo que se le venía encima. A María no le extrañó, eran muchos los desconocidos que visitaban a su bebé que, al parecer, era muy guapo. Esa misma noche el ginecólogo que la atendía le comunicó que el niño había muerto. “Lo lógico es que yo me lo creyera”, dice, pero no paraba de preguntar por la señora de marrón y pedir a los médicos que por favor le enseñasen el cuerpo del bebé. Tras las negativas de los pediatras, uno de sus cuñados, trabajador de la Caja de Ahorros de Valencia (actualmente Bancaja), al igual que su marido, llamó al director general de la entidad para contarle lo que les había ocurrido, ya que el hospital era propiedad de la caja. “[El director] pide que se ponga el pediatra y cuando termina la conversación, coge a mi marido y a mi cuñado y les dice: 'Oigan, si yo hubiera sabido que ustedes eran de la Caja de Ahorros esto no hubiera pasado'”.
Este es uno de los 24 testimonios que se recogen en Enterrar y callar, un documental realizado por Anna López Luna, una artista barcelonesa residente en Francia desde hace una década, y que fue presentado el pasado miércoles, día 3, en el Matadero de Madrid. López Luna se embarcó en este proyecto en 2012, cuando empezó a recorrer la península en coche acompañada por su padre para entrevistar a afectados por el robo de bebés en España. “El tema me interesó porque se podía tratar el trasfondo político de la Transición, el mantenimiento de las mismas figuras de autoridad de la dictadura y, a la vez, el control que hace la medicina del cuerpo de las personas”, explica la directora. Durante la investigación, habló con más de 60 víctimas de la supuesta trama, afectados entre la década de los sesenta y la de los noventa, que le fueron revelando detalles estremecedores de su experiencia. Enterrar y callar también pone de manifiesto el perfil heterogéneo de los afectados: “Existen casos de familias adineradas. La prensa pone el foco en mujeres solteras con pocos recursos, pero hay parejas, matrimonios y gente de clase media”, explica la autora. De hecho, hay un caso que afecta a una familia donostiarra de clase alta que, según le contaron a López Luna, habían ido al colegio “con gente implicada en la trama”.
Mapa de los niños robados de 'Enterrar y callar'.
Cristina Roca, de Valencia, perdió a su hermana el 23 de septiembre de 1966. En el documental denuncia que en el libro del cementerio del Cabanyal están registrados los enterramientos de 110 bebés a los que se les había dado sepultura en el mismo año en el que supuestamente habría fallecido su hermana. “Si lo multiplicas por los ocho cementerios que tiene Valencia, me sale que fallecieron más de 800 niños en un año. Eso es una barbaridad”, asegura. Durante el tiempo que estuvo revisando el documento, también se dio cuenta de un dato llamativo. Normalmente, en ese registro se suele añadir la causa de la muerte y procedencia del cadáver, algo que nunca aparecía en el caso de los bebés allí enterrados, pero sí en el de los miembros apuntados que iban a parar al mismo camposanto.
La directora de Enterrar y callar, el mismo título de un grabado de Goya, cree que se trataba de una trama en la que estaban implicados “hospitales, funerarias, médicos y religiosos”, y que aunque la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos es un obstáculo para la investigación, existen más actores involucrados que podrían arrojar luz sobre lo que pasó. Recalca que es en las asociaciones de afectados donde recae el peso de las pesquisas, ya que la mayoría de casos son archivados por falta de pruebas (la Fiscalía de Valencia archivó 139 de las 143 denuncias presentadas). López Luna habla de la investigación llevada a cabo por las hermanas Flor y Acudeli Díaz Carrasco, de la Línea de la Concepción (Cádiz) quienes bucearon en las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) en busca de pistas sobre el robo de bebés. “Nos sorprendió mucho que mujeres en edad no fértil vinieron desde Francia e Inglaterra a España, cuando tampoco ha sido un país donde la sanidad hubiera estado por encima del resto, y se iban con un niño que supuestamente habían dado a luz aquí”, explican en el documental.
Las víctimas del robo de bebés se movilizan para que su causa no caiga en el olvido
La directora quiere hacer hincapié en “la voluntad actual de desaparecer archivos o fabricar pruebas falsas”, y habla del ejemplo de María Ángeles Zubía, de Guipúzcoa, una supuesta niña robada a quien le entregaron una partida de nacimiento en la que su madre adoptiva, estéril, figuraba como biológica. En el documental también se puede ver el caso de María Dolores Castro, de Granollers (Barcelona) quien durante meses solicitó, sin éxito, el legajo de abortos, los registros de enterramiento de su hijo supuestamente fallecido en el parto y los documentos sobre el ingreso en el hospital. Tiempo después, y tras salir en la prensa, le llamaron desde el Ayuntamiento para contarle que “buscando entre archivos atrasados había aparecido un papel que confirmaba un enterramiento”.
El documental termina con el relato de un trabajador de una funeraria granadina, Antonio Jiménez Gómez, encargado entre 1979 y 1988 de trasladar los cadáveres de los niños y niñas muertos del Hospital Materno Infantil de Granada al cementerio. Los cuerpos que recogía estaban “enrollados en algodón y sábanas, con el nombre en rotulador de la madre”. Algunos, cuenta, pesaban dos kilos o dos kilos y medio, mientras que otros no llegaban a los 250 gramos. “Yo me siento utilizado”, grita visiblemente emocionado.
El documental, de momento, podrá verse en la Tabakalera de San Sebastián el 22 de enero y el 7 de febrero en el MUDAM, el Museo de Arte Contemporáneo de Luxemburgo. Aunque su directora está muy interesada en que “esto se difunda, ya sea en proyecciones u otras alternativas”.
El 15 de noviembre de 1979 María Frías Albert daba a luz en Valencia a un niño. El último día que pasó con él, una señora con un abrigo de color marrón, acompañada por una de las monjas del hospital, fue a la habitación a ver al niño. Al parecer, y según la excusa que esgrimieron, la señora estaba embarazada y asustada por todo lo que se le venía encima. A María no le extrañó, eran muchos los desconocidos que visitaban a su bebé que, al parecer, era muy guapo. Esa misma noche el ginecólogo que la atendía le comunicó que el niño había muerto. “Lo lógico es que yo me lo creyera”, dice, pero no paraba de preguntar por la señora de marrón y pedir a los médicos que por favor le enseñasen el cuerpo del bebé. Tras las negativas de los pediatras, uno de sus cuñados, trabajador de la Caja de Ahorros de Valencia (actualmente Bancaja), al igual que su marido, llamó al director general de la entidad para contarle lo que les había ocurrido, ya que el hospital era propiedad de la caja. “[El director] pide que se ponga el pediatra y cuando termina la conversación, coge a mi marido y a mi cuñado y les dice: 'Oigan, si yo hubiera sabido que ustedes eran de la Caja de Ahorros esto no hubiera pasado'”.