Las víctimas del robo de bebés se movilizan para que su causa no caiga en el olvido

Beatriz Soriano nació en enero de 1964 en la clínica O'Donnell de Madrid. Su madre, primeriza, le dio el pecho hasta que un día se la arrebataron de sus brazos para llevarla a la incubadora. No la volvieron a ver más. "Cuando mis padres fueron a buscarla les dijeron que había muerto de otitis. Mi padre insistió en que querían verla y enterrarla, pero le respondieron que ya estaba en una fosa común", contó a infoLibre Mar Soriano, convencida de que su hermana fue robada. El día que Beatriz desapareció, el doctor Ignacio Villa certificó que otros cuatro bebés habían fallecido en la clínica. El pronóstico, el mismo: infección de oído. El caso, que obligó al médico a ir a los juzgados a declarar como imputado, fue finalmente archivado en marzo de 2016.

La historia de Beatriz no es un hecho aislado. Desde su creación, el servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos ha recibido 439 expedientes con perfiles genéticos. No existen cálculos exhaustivos sobre la cifra de menores sustraídos durante el franquismo y bien entrada la Transición. Algunos datos, como los de la Federación Coordinadora X-24 y su expresidente Francisco González de Tena, la sitúan en los 300.000 bebés. Otros, como los que aportó en 2008 el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la rebajan hasta los 30.000 pequeños.

A pesar de que ya ha pasado casi una década desde que empezaron a salir a la luz los primeros casos, las asociaciones de víctimas siguen denunciando la inacción de las instituciones. Por ello, los colectivos Camino de la Justicia, Nuevo Ágora y Avidna han convocado para este miércoles 30 de agosto, Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados. "La maquinaria del Estado debe ponerse a trabajar y asumir esta causa como una cuestión de Estado para reconocer nuestros casos, investigarlos y llegar a la solución final: dar soluciones", recoge el comunicado. 

"Desapariciones forzadas"

La presidenta de Avidna, Ana Cueto, señala en conversación con infoLibre que los robos de bebés en España durante la dictadura y la Transición pueden tipificarse, "sin duda", como "desapariciones forzadas" porque "cumple con todos los requisitos que establece la ONU" en esta materia. Coincide con ella Soledad Luque, presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, que recuerda que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de la ONU, Pablo de Greiff, prestaron atención a estos casos en la visita que hicieron a España en 2014.

Luque, que considera que la sociedad está "claramente concienciada de que este problema existió y que es necesario aclararlo", carga contra la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy. "Es una cuestión de Estado porque sus propias estructuras estaban implicadas en esta sustracción de bebés. Por lo tanto, no se puede dejar todo en manos de las víctimas", añade. Las asociaciones consultadas por este diario lamentan la situación de desamparo: "¡Todo está totalmente parado. No nos llaman para nada. Nos dan continuamente largas!", se queja a través del hilo telefónico Ángel Casero, secretario de Adelante Bebés Robados.

Todos ellos piden al Gobierno central que se "ponga de una vez las pilas". Los colectivos reclaman la creación de un banco de ADN, con pruebas gratuitas. Además, exigen una fiscalía única que se encargue de llevar estos casos y jueces "que investiguen de manera exhaustiva" cada una de las historias. "La causa no está muerta. A pesar de la falta de ayuda del Estado, nosotros seguimos y seguiremos indagando por nuestra cuenta", afirma con rotundidad Cueto.

Avances a nivel autonómico

Sin embargo, las víctimas sí que celebran los pasos al frente que se están dando desde algunas comunidades autónomas. "Se ha producido un avance importante a nivel autonómico, pero ha sido gracias al cambio político experimentado", apunta Luque. Una opinión que comparte su compañera Luna, de SOS Bebés Robados Comunitat Valenciana. "Se han conseguido progresos gracias a las reuniones que hemos ido manteniendo con diferentes políticos. Sin embargo, ese respaldo nos llega desde las formaciones de izquierda. Desde los partidos de la derecha, nada", asevera.

Así, los colectivos hacen mención, principalmente, a Navarra, donde el pasado mes de junio se aprobó una modificación en la ley foral de memoria histórica para incluir en ella los casos de sustracción de recién nacidos. El añadido a la norma contempla, entre otros aspectos, la creación de un censo de bebés robados que permita localizar los casos de adopción irregulares e identificar a las madres biológicas. Para ello, se "solicitará" la colaboración de instituciones, públicas o privadas, que custodien archivos, registros, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos en suelo navarro desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero de 1990.

Las asociaciones destacan del mismo modo el trabajo que se está haciendo en Canarias, donde el pasado mes de noviembre se admitió a trámite en el Parlamento autonómico la primera ley de niños robados de España. La normativa, impulsada por el colectivo Sin identidad, recoge la creación de una unidad especial dentro de la policía canaria, que tendrá acceso a los archivos –públicos y privados–, que se encargue de investigar "la desaparición forzada infantil" y la "compraventa de seres humanos" en el archipiélago. Unos meses antes, en mayo de 2016, la Cámara autonómica aprobó una iniciativa para declarar el 30 de agosto como Día en memoria de los bebés robados y sus familias.

Sin embargo, a nivel autonómico también recuerdan algunos chascos. En la Comunidad de Madrid se aprobó en octubre de 2016 una proposición no de ley (PNL), que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, que contemplaba reforzar con una dotación presupuestaria a la Dirección General de Familia y del Menor y la puesta en marcha de una comisión de seguimiento documental para analizar los historiales médicos y toda la documentación relacionada con las desapariciones en hospitales públicos y privados de la región. Algo que, a día de hoy, todavía no ha comenzado a andar. "Eso ha quedado completamente parado. No se está haciendo nada", se queja Casero. 

El Parlamento Europeo investiga

El caso de la sustracción de bebés en toda España ha llegado, incluso, al Parlamento Europeo. El pasado mes de mayo, una delegación de la Eurocámara, que forma parte de la Comisión de Peticiones, viajó a España con el objetivo de investigar el tema. La misión, encabezada por las eurodiputadas Marina Albiol (IU), Eleonora Evi (M5S) y Josep María Terricabras (ERC), se reunió con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y con la adjunta a la defensora del pueblo, Concepció Ferrer. La delegación también mantuvo conversaciones con las asociaciones de víctimas. "Es una pena que hayamos tenido que recurrir al Parlamento Europeo, pero por lo menos alguien hace algo", apunta Luna.

Un día después de las reuniones, la eurodiputada de IU denunció el "silencio, trabas e impunidad" del Ejecutivo conservador, la Fiscalía y la jerarquía católica a la hora de investigar estos casos. En rueda de prensa, Albiol criticó que se abordasen como hechos "aislados" y que "todo el peso" siguiera recayendo sobre los hombros de las familias. "Nos enfrentamos a delitos de lesa humanidad", apostilló la europarlamentaria, que recordó que hacerles frente era "una cuestión de justicia". Sobre la conversación mantenida con Maza, criticó con dureza que el fiscal general del Estado negase que estos hechos tuvieran que ver con la dictadura franquista.

Ningún condenado hasta la fecha

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Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la última comunicación que el Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos ha remitido a los colectivos de víctimas, desde el año 2011 hasta el pasado mes de febrero –último dato disponible– se han incoado 2.074 diligencias de investigación relacionadas con la sustracción de bebés en España: 1.346 en 2011, 463 en 2012, 165 en 2013, 79 en 2014, 26 en 2015, 13 en 2016 y 2 durante los primeros meses de 2017. De todas ellas, sólo se judicializaron al apreciar indicios de delito en ese mismo periodo 522, un 25%. 

El Ministerio Público llegó a reconocer en un documento elaborado por su secretaría técnica, desvelado en febrero de 2015 por la Cadena Ser, la dificultad de que estos temas pudieran ser esclarecidos. En él, la Fiscalía señalaba que el archivo se había "justificado debidamente" y que, en ningún caso, se había "sustentado en la prescripción de los delitos". Según recogía el documento de trabajo, los principales motivos que llevaron a dar carpetazo a las investigaciones fueron la imposibilidad de acreditar el hecho delictivo, la existencia de procedimiento judicial en ocasiones sobreseído, la acreditación de la inexistencia del hecho y las manifestaciones de meras sospechas sin aportación de base fáctica o probatoria. 

Hasta la fecha, recuerdan los colectivos, no se ha conseguido una condena firme. María Gómez Valbuena, la monja imputada en dos casos de supuesto robo de bebés, murió en 2013 a los 87 años sin ser finalmente juzgada. Sin embargo, las asociaciones de víctimas se encuentran a la espera del juicio contra el doctor Eduardo Vela, exdirector de la Clínica San Ramón de Madrid, para el que todavía no se ha fijado una fecha. No es el único médico a la espera de pasar por sede judicial. El pasado mes de junio la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que se dictara auto de procesamiento contra otro de la Clínica Santa Cristina por participar presuntamente en el robo de un bebé en 1975, cuando sor María dirigía la maternidad.