No es la primera vez que la Real Fábrica de Tapices, fundada hace tres siglos por Felipe V, agoniza arrastrando deudas con los trabajadores y proveedores, y ante cierta indiferencia de las instituciones culturales. En 1996, cuando era una empresa privada en manos de Livinio Stuyck, descendiente de los primeros responsables de la manufactura que provenían de Flandes, el estado ruinoso de las cuentas (y una deuda de 80 millones de pesetas) obligaron a convertirla en una fundación privada sin ánimo de lucro para garantizar su supervivencia. El Ministerio de Cultura, por aquel entonces en manos de Esperanza Aguirre, se hizo cargo de la de la fábrica junto al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Desde entonces y hasta 2011, el patronato de la Fundación Real Fábrica de Tapices cumplió con sus compromisos de transmitir el oficio artesanal a través de la escuela-taller y difundir, en exposiciones permanentes y temporales, el importante patrimonio cultural de la institución en la que Goya trabajó entre 1775 y 1793 en los 63 cartones para tapices de los palacios de San Lorenzo de El Escorial y El Pardo. Pero desde hace cuatro años, la gerencia ha ido acumulando una serie de deudas, entre las que se encuentran varias pagas a los trabajadores. Según el medio centenar de los manufactureros empleados actualmente en la fábrica, durante este tiempo acordaron planes de pago con la órgano gestor, pero éste los ha ido incumpliendo de manera sistemática.
Tienen trabajo, pero no material
Debido a esta falta de compromiso, desde el pasado 19 de mayo los trabajadores se han declarado en huelga indefinida para reclamar las cuatro mensualidades que se les adeudan a día de hoy y un plan de choque que permita dar salida a la ingente cantidad de trabajo pendiente. “Se da la paradoja de que tenemos trabajo para al menos dos años, pero no hay dinero para comprar el material que hace falta”, explica Carmen Esteban, una de las empleadas de la Real Fábrica de Tapices, donde además de restaurar y fabricar tapices, alfombras y reposteros (tapices con blasones) de la Administración, recogen encargos de particulares, algo que las diferencia de otras manufacturas del resto de Europa. La falta de liquidez para comprar el material necesario pone en riesgo estos pedidos y el futuro más inmediato de una fábrica que, junto a la de vidrio, es la única manufactura del siglo XVIII que pervive.
Desde el sindicato UGT-FITAG denuncian, asimismo, que el patronato “debe dinero a la Seguridad Social, a Hacienda y a proveedores”, según explica José Luis Hijosan, responsable de acción sindical. Y reconoce que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sí ha mostrado voluntad para solucionar el conflicto, no así la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que hasta ayer miércoles no se reunieron con los representantes de los trabajadores. Tras el encuentro, la vicenconsejera de Cultura de la Comunidad Carmen González y el director general de Patrimonio Artístico Fernando Gonzalo Carrión les han asegurado estar buscando soluciones, sin comprometerse más, y que hoy se reunirán con el resto de instituciones del patronato.
Desde el Ministerio, por su parte, dejan claro que como otro miembros más tienen las manos atadas a la hora de buscar una solución a los problemas que asfixian la manufactura, ya que no pueden tomar una decisión de manera unilateral. En todo caso, la responsabilidad para encontrar una salida sería conjunta y recaería en todas las instituciones que lo componen y, especialmente, en la gerencia de la Real Fábrica de Tapices. En Cultura califican la situación de “crítica” y aseguran que “han mantenido las aportaciones económicas” con las que contribuyen anualmente a la fábrica y que “rondan los 180.000 euros”.
En este ejercicio, decidieron dividir la subvención en dos partes, de 90.000 euros cada una, “para que una de ellas esté destinada a la amortización de la deuda” que acumula y cuya cifra desconocen. Este periódico trató de ponerse en contacto, sin éxito, con la Real Fábrica de Tapices para preguntar sobre el punto de vista del ente gestor, además de conocer cuál es el monto total de la deuda que ha abocado a esta situación.
La Real Fábrica de Tapices solicita un concurso de acreedores
Otro de los organismos implicados es Patrimonio Nacional, que gestiona el legado artístico de la Corona, entre el que se encuentran 3.000 piezas textiles y de tapicería, y es miembro del patronato de la Real Fábrica de Tapices de manera institucional. Al igual que en el Ministerio, señalan que no tienen competencia en la gerencia de la fábrica y afirman, escuetamente, no tener “nada que comentar” respecto del conflicto laboral, a pesar de que “lamentan la situación”.
El valor cultural de la fábrica
La Real Fábrica de Tapices, situada cerca de la estación de Atocha de Madrid en un edificio de estilo neomudéjar que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2006, mantiene viva una tradición artesanal centenaria y un importante legado artístico. A lo largo de los años, se ha ido adaptando a la evolución estética, elaborando tapices de obras de artistas contemporáneos con las técnicas artesanales del siglo XVIII. Cuando se creó en 1721 buscaba fomentar una industria nacional para decorar los edificios regios, una tarea que hasta entonces había sido desempeñada por artesanos flamencos. Precisamente fue en los años en los que Goya trabajó allí, bajo la dirección artística de Antonio Rafael Mengs, cuando el estilo se desligó por completo de la tradición de los Países Bajos para desarrollar una estética y una técnica propias. Es por ello que los trabajadores en huelga resaltan el papel cultural de la empresa y exigen un plan de viabilidad que sanee las cuentas, para así poder continuar desarrollando su labor.
No es la primera vez que la Real Fábrica de Tapices, fundada hace tres siglos por Felipe V, agoniza arrastrando deudas con los trabajadores y proveedores, y ante cierta indiferencia de las instituciones culturales. En 1996, cuando era una empresa privada en manos de Livinio Stuyck, descendiente de los primeros responsables de la manufactura que provenían de Flandes, el estado ruinoso de las cuentas (y una deuda de 80 millones de pesetas) obligaron a convertirla en una fundación privada sin ánimo de lucro para garantizar su supervivencia. El Ministerio de Cultura, por aquel entonces en manos de Esperanza Aguirre, se hizo cargo de la de la fábrica junto al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.