"Esto seguirá adelante de una u otra manera". Lo repetía el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado jueves. La fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela sigue su curso, pese al éxito de las movilizaciones sindicales, que ya han cancelado 11 representaciones en distintos teatros públicos desde el 5 de abril, y pese a las críticas de la oposición, que cuestiona en pleno los plazos apresurados del Gobierno del PP y la falta de consenso en torno al proyecto. Los conservadores no necesitan apoyos para sacar adelante el real decreto previsto para abril que iniciaría la absorción y tampoco han reaccionado a la presión de los trabajadores. Con las negociaciones con los sindicatos congeladas, la oposición de PSOE y Unidos Podemos, las críticas de Ciudadanos y un manifiesto contra la propuesta firmado por más de 700 figuras de la cultura, el Gobierno continúa en solitario con el que sería uno de los mayores proyectos culturales de la legislatura.
El rechazo de los representantes sindicales ha sido total desde que se hizo público el proyecto, filtrado a la prensa el 10 de marzo —"No lo filtré yo", se excusaba el secretario de Estado el jueves— tras meses de conversaciones de las que se había excluido a los trabajadores, a los partidos de la oposición y a la dirección del Teatro de la Zarzuela, como denunciaban los propios afectados. Los empleados del Real y la Zarzuela eran los primeros alarmados. La Zarzuela depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM, por sus siglas, integrado en el Ministerio de Cultura), y el Real, de una fundación del sector público controlada por el Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, aunque independiente en su funcionamiento diario. Así, tras la fusión, los 234 trabajadores de la Zarzuela, según cifras de los sindicatos, dejarían de trabajar para la administración pública y de estar protegida por ella. Los más de 256 empleados del Teatro Real, que tampoco conocían el proyecto, temen ver disolverse su convenio. Los representantes de UGT y CCOO de ambos centros consideran que tras la "flexibilidad" que busca el Ministerio se oculte unas peores condiciones y una mayor precariedad laboral.
Pero los sindicatos aseguran que no se trata únicamente de un conflicto laboral. "No hay consenso en ningún sitio, ni con los partidos ni con el propio sector cultural. No es un problema laboral, es un problema de gestión cultural", denuncia Javier Figueroa, secretario general de UGT en la Secretaría de Estado de Cultura. Tanto este sindicato como CCOO denuncian que la maniobra del Ejecutivo oculta una "privatización" de la Zarzuela, al cederla a una fundación, y el "desmantelamiento del INAEM". El Ministerio niega ambas cosas: asegura que no hay tal privatización, puesto que la nueva fundación sería, como la que rige ahora el Teatro Real, una fundación del sector público. Con respecto a lo segundo, el secretario de Estado decía en su comparecencia que el INAEM "funciona perfectamente", pero que tiene "rigideces" y "algunas normas de actuación" que "pueden dificultar" la "agilidad necesaria para un ámbito como es la zarzuela".
Negociaciones paralizadas
En medio de los paros y concentraciones convocados por los trabajadores entre el 5 y el 26 de abril, la mayor huelga en los teatros públicos en más de una década, las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio están paralizadas. "La Administración no nos ha llamado para nada. Eso que dicen de que quieren diálogo es mentira", se queja Figueroa. Los sindicatos se han negado a acordar los términos del real decreto, por temor a que el Gobierno utilice su participación en él como un refrendo del resultado. La condición de CCOO y UGT para sentarse con el Ministerio ha sido que se retire la absorción, a lo que el Ejecutivo se ha negado. Los sindicatos han parado, entre el 5 y el 13 de abril, nueve funciones en cuatro centros públicos (dos cancelaciones más estaban previstas para el 13 y el 14 de abril) y han suspendido el estreno de la zarzuela Policías y ladrones. Hasta final de mes hay convocados otros seis paros y al menos seis concentraciones. Pese al éxito de las movilizaciones, los sindicatos solo ven "buenas intenciones y promesas que no se concretan". La semana que viene, el comité de huelga evaluará los pasos a seguir.
En la Comisión de Cultura, el secretario de Estado no encontró apoyos (salvo, claro, el de su propio partido). El PSOE y Unidos Podemos reclaman al Gobierno que retire el actual proyecto y elabore uno nuevo contando con todas las partes, incluidos sindicatos y oposición. Incluso Ciudadanos, el más propicio a la fusión y socio del PP, criticaba el "proceso bajo cuerda, con poca transparencia", aunque no se opondrá a la fusión. El PSOE instaba al Ministerio a reanudar las conversaciones con los sindicatos y a reunirse con la oposición. ¿Y si no cede? "Vamos a darle unas horas de cortesía", concedía el viernes a mediodía Ibán García del Blanco, secretario socialista de Cultura y Deporte. Unidos Podemos registró el viernes una petición de comparecencia de Montserrat Iglesias, directora del INAEM, ante la Comisión de Cultura, pero su portavoz en ella no alberga muchas esperanzas. "El Gobierno va a tirar, no necesita a la oposición ni tiene por qué llevarlo al Congreso. Mi sensación, de hecho, es que da el diálogo parlamentario por terminado y va a acelerar", decía a infoLibre Eduardo Maura.
Los sindicatos avisan: “O hay reparto de la riqueza y justicia social o el conflicto está garantizado”
Ciudadanos no cuestiona la fusión, que "puede ser, en principio, una buena idea", sino una iniciativa "mal ejecutada". "Se ha dejado llevar demasiado lejos una situación compleja y se ha tomado una decisión que tendría que haber tenido mucho más recorrido para haber intentado generar consenso", decía Félix Álvarez, portavoz naranja de cultura, en la Comisión del ramo. Las posturas de PSOE y Unidos Podemos son menos amables. "Hay cosas que no tenemos nada claras. El borrador del anteproyecto no nos despeja muchas de las incógnitas que teníamos", dice García del Blanco, que considera que para producirse la fusión deben darse dos condiciones que no cree garantizadas: que se continúe con la gestión pública del centro y que "no se precarice ni se externalice la labor de los empleados". "Hay que retomar el proyecto desde el principio y sin prisas", reclama el dirigente socialista.
"El INAEM queda muy vaciado con esto", afirma Maura, que critica que el borrador del Real Decreto "no ofrece garantías técnicas" por mucho que el Gobierno asegure que se mantendrán las condiciones laborales de los trabajadores. (Los servicios jurídicos de CCOO explicaban a este periódico que, en un proceso de estas características, el Ministerio no puede comprometerse a que el nuevo empleador conserve sueldos u horarios, porque debería negociarse con él un convenio desde cero.) El portavoz se plantea también "en qué lugar deja todo esto al INAEM". "Lo que nos parece peligroso", dice, y en esto coincide con el PSOE, "es que el secretario de Cultura insinúe que para poder girar o para poder producir en ciertas condiciones hay que salir del INAEM". Unidos Podemos hace referencia, como los sindicatos, a que en el Plan de Cultura 2020 se apunta la necesidad de "adaptar el régimen económico, jurídico y presupuestario del INAEM a la naturaleza de sus actividades". Unos y otros ven en esto una declaración de intenciones.
"Esto seguirá adelante de una u otra manera". Lo repetía el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado jueves. La fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela sigue su curso, pese al éxito de las movilizaciones sindicales, que ya han cancelado 11 representaciones en distintos teatros públicos desde el 5 de abril, y pese a las críticas de la oposición, que cuestiona en pleno los plazos apresurados del Gobierno del PP y la falta de consenso en torno al proyecto. Los conservadores no necesitan apoyos para sacar adelante el real decreto previsto para abril que iniciaría la absorción y tampoco han reaccionado a la presión de los trabajadores. Con las negociaciones con los sindicatos congeladas, la oposición de PSOE y Unidos Podemos, las críticas de Ciudadanos y un manifiesto contra la propuesta firmado por más de 700 figuras de la cultura, el Gobierno continúa en solitario con el que sería uno de los mayores proyectos culturales de la legislatura.