Después de semanas de espera, el Ministerio de Cultura hacía público este lunes que ha pedido a la Audiencia Nacional permiso para intervenir la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), suprimiendo los órganos de gobierno de la entidad y poniendo al frente de la misma una comisión. El ministro José Guirao lo advertía a finales de enero, cuando confirmó la voluntad del Gobierno de tomar el control de la sociedad de gestión de derechos de autor: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio solo puede actuar en lo que tenga competencia. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores". Aunque buena parte de los socios de la entidad —y no solo los socios— han aplaudido la medida de Cultura, algunos de ellos apuntan a lo que ya adelantaba el ministro: esto solo soluciona parte de los enredos de una entidad a la que no le faltan problemas. ¿Hasta dónde alcanzaría la intervención, cuando se produzca? ¿Cómo afectará a los autores? ¿Qué otros asuntos quedarán sin resolver?
El Ministerio ha explicado, desde que envió el requerimiento a la SGAE, a finales de septiembre, que la intervención se reduciría a los tres puntos que aquel documento pedía cambiar en la entidad: la modificación de los Estatutos para que se adaptaran a la nueva Ley de Propiedad Intelectual; que se instaurara el voto electrónico también para la votación de la Junta directiva; y que el reparto de las cantidades recaudadas por derechos de autor se adaptara a la nueva ley, que establece un tope máximo para los derechos obtenidos a través de la música de madrugada, en referencia no tan velada al caso rueda. Pero ahí terminará, en principio, la labor de la comisión, que estará formada por un representante de Cultura, otro de Hacienda y un experto en propiedad intelectual.
¿Una SGAE mejor o una nueva entidad?
"Era algo que estábamos esperando como agua de mayo", dice el músico Patacho Recio, portavoz de Coalición Autoral. Esta asociación, que representa según sus datos a unos 400 socios de la SGAE, ha sido una de las voces más críticas tanto con la actual directiva como con la anterior de José Miguel Fernández Sastrón, y también uno de los actores más insistentes a favor de la intervención. Esperan que la respuesta de la Audiencia Nacional no se alargue —tardó cuatro meses en rechazar el recurso de la SGAE contra el requerimiento de Cultura— y desean que el proceso siga adelante incluso si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones del 28 de abril. Pero pese a haber solicitado reiteradamente la intervención, y pese a verlo como algo positivo, no lo consideran suficiente.
Coalición Autoral señala que hay "deudas acumuladas con Hacienda", "multas pendientes", "sentencias contrarias" y "un riesgo financiero de más de 100 millones de euros". "¿Qué vías hay?", valora Patacho Recio, "Una nueva entidad, que sería lo más barato, lo más económico y lo más limpio". La directiva europea ha facilitado la entrada en el mercado de "operadores de gestión independientes", empresas con ánimo de lucro —entidades como la SGAE no lo tienen— que pueden gestionar también parte de los derechos de autor. De la misma forma que grandes discográficas como Warner, Sony, Universal o BMG han amenazado con retirar todo o parte de su repertorio de la SGAE, algunos autores han asegurado que harán lo propio si la situación no se arregla. Coalición Autoral no descarta hacerlo, pese a haber logrado la intervención: "Seguimos pensando en la gestión colectiva de los derechos de autor y vamos a luchar por ella, dentro o fuera de la SGAE".
Hay voces críticas también con la posición de estos socios. David García Aristegui, socio de la SGAE, portavoz de la Sección de Músicos de CNT Madrid y autor de libros como SGAE: el monopolio en decadencia (junto a Ainara LeGardon, editado por Consonni), vincula a Coalición Autoral con las majorsmajors, "ya sea porque tienen contrato con ellas o porque les interesa". Como estas grandes discográficas fueron expulsadas de la Junta directiva, explica Aristegui, quisieron forzar la intervención echando abajo los Estatutos. Porque la presidencia del músico José Ángel Hevia trató de aprobar —in extremis, eso sí, ya que lo hizo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del requerimiento dado por Cultura— una normativa que se ajustara a la ley europea y española, y no obtuvo los dos tercios de los votos de la Asamblea necesarios para sacarlos adelante. "Por un lado dicen no a la aprobación de los Estatutos, pero luego piden que se intervenga la SGAE porque esos Estatutos no se han aprobado", critica Aristegui. "Eso es jugar con dos barajas y es muy feo". Este es solo un ejemplo de los enfrentamientos en el seno de la entidad entre autores, multinacionales y televisiones.
¿Cómo afecta a los autores?
¿Cómo puede afectar la intervención de la SGAE a los autores? "Nadie lo sabe", admite la música Ainara LeGardon, "una intervención de este tipo es la primera vez en la historia que sucede". Pero es de la opinión mayoritaria de que será bueno para una entidad con numerosos escándalos a sus espaldas: "Si sirve para limpiar la entidad de prácticas irregulares, dotarla de mayor transparencia, para que se sanee, nos va a afectar al colectivo de los autores de manera muy positiva".
Sucede que incluso medidas como la paralización de los adelantos ordenada por Cultura, que en principio afecta negativamente a los 250 autores que han visto detenidos los pagos, ha sido bien considerada por la mayoría de los socios. El Ministerio se reservaba, con ese movimiento previo a la intervención, el derecho de dar el visto bueno a unos préstamos que la SGAE concede mensualmente a quienes lo solicitan, a cuenta de futuros derechos de autor. Buena parte de los socios vieron en este movimiento una acción contundente de Cultura, pues temían que los anticipos fueran una manera de sacar dinero de la entidad por parte de quienes temían salir perdiendo con un nuevo sistema de reparto. "Mucha gente habla de la red clientelar que construyó Teddy Bautista a fuerza de otorgar adelantos por encima del tope establecido", opina Aristegui.
Otro aspecto que la mayor parte de los autores ve como positivo es la modificación del sistema de reparto. Con la intervención, el Ministerio quiere imponer en el reparto de 2018 el tope a lo recaudado por la música emitida durante la madrugada, que se implantará oficialmente por ley previsiblemente este jueves, cuando el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo incluye, llegue al Senado. Este fijará que lo máximo que puede recaudar un autor por la emisión de obras en canales con una "ausencia de audiencia significativa"es el 20% del total de lo ingresado. La medida ataca directamente al funcionamiento de la rueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en los programas nocturnos. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado. Cuanto menos recaude la rueda, más se repartirán los demás autores.
¿Qué quedará por hacer?
El otro punto de la intervención del Gobierno es la implantación del voto electrónico para la elección de la Junta directiva, porque este método por ahora solo puede usarse en las asambleas. De hecho, si el Ministerio considera que la SGAE tendría que haberlo implantado cuando se lo requirió, en septiembre, esto podría invalidar las elecciones de octubre en las que ganaron los partidarios de Hevia. Aunque tanto Aristegui como LeGardon celebran la medida, también la consideran insuficiente: la entidad tendría que implantar el sistema de un socio, un voto. Porque esto no se cumple en la sociedad de gestión, donde los socios que más recaudan tienen más papeletas electorales, y algunos socios no tienen derecho a voto en absoluto porque no alcanzan un ingreso mínimo. Entidades como DAMA, que gestiona los derechos de los autores de medios audiovisuales —a donde han huido algunos exmiembros de la SGAE—, sí otorgan el mismo voto a todos sus asociados.
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Hay otro aspecto que escapa a la intervención del Ministerio, que es la introducción del cobro por uso efectivo. La SGAE no recauda en base a la música que ha utilizado una cadena de televisión, una radio o un bar, sino por la música que puede usar.puede Es una especie de tarifa plana. Así, no identifica las canciones antes de cobrar por ellas, sino después, y reparte todos los ingresos mediante un complejo sistema que usa sondeos como referencia. Esto no solo hace que los autores no sepan bien por qué cobran lo que cobran, sino que genera cada año un voluminoso "pendiente" de cobro. Lo recaudado por obras que la SGAE no ha podido identificar, ya sea porque el socio no las ha declarado, porque lo ha hecho con errores o incluso porque la SGAE ha hecho caja por obras que no gestiona, se queda almacenado. Cuando el plazo para reclamarlo expira, el pendiente se reparte entre los socios aunque no les corresponda. Entidades como DAMA o Ekki, sociedad de gestión de derechos vasca, cobran solo por uso efectivo y no generan ese pendiente de cobro.
La lista de reivindicaciones de los críticos con la entidad continúa: que se utilice tecnología que permita al socio saber cuánto genera y por qué en cada momento; que la SGAE no gestione todo el catálogo de un autor, sino que este pueda elegir dejar fuera ciertas piezas; que las asambleas sean abiertas...En palabras de Aristegui, "estas son cosas que ya se están haciendo en otras entidades, que no son ciencia ficción". Por ahora, en la SGAE, lo son.
Después de semanas de espera, el Ministerio de Cultura hacía público este lunes que ha pedido a la Audiencia Nacional permiso para intervenir la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), suprimiendo los órganos de gobierno de la entidad y poniendo al frente de la misma una comisión. El ministro José Guirao lo advertía a finales de enero, cuando confirmó la voluntad del Gobierno de tomar el control de la sociedad de gestión de derechos de autor: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio solo puede actuar en lo que tenga competencia. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores". Aunque buena parte de los socios de la entidad —y no solo los socios— han aplaudido la medida de Cultura, algunos de ellos apuntan a lo que ya adelantaba el ministro: esto solo soluciona parte de los enredos de una entidad a la que no le faltan problemas. ¿Hasta dónde alcanzaría la intervención, cuando se produzca? ¿Cómo afectará a los autores? ¿Qué otros asuntos quedarán sin resolver?