"Este es un real decreto pirata", dice Javier Figueroa, secretario general de UGT en la Secretaría de Estado de Cultura. No resulta una sorpresa que los sindicatos no hayan recibido con entusiasmo el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que aprueba la absorción del Teatro de la Zarzuela por el Teatro Real. Desde que se hizo público el proyecto a mediados de marzo, los trabajadores han denunciado lo que consideran un "desmantelamiento" del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM): la Zarzuela depende de este organismo, integrado en el Ministerio de Cultura, mientras que el Real es una fundación del sector público que, aunque controlada por la administración, funciona como una organización independiente. El proceso de sucesión o subrogación de empresa que se pone en marcha supone que los 155 trabajadores de Zarzuela (según datos del Ministerio de 2017) dejarían de trabajar para la administración, y que el Ministerio perdería los medios de producción del teatro, que pasarían a formar parte del Real. Contra ese "real decreto pirata", los sindicatos proponen un mes de mayo de paros coordinados en todos los centros del INAEM.
Pese al desacuerdo de CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en ambos centros, de la oposición y de buena parte del mundo de la cultura —más de 700 creadores y expertos firmaron un manifiesto en contra de la propuesta—, el Gobierno del Partido Popular no ha dado su brazo a torcer. El real decreto que se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado, y a cuyos borradores y texto definitivo ha tenido acceso este periódico, apenas ha sufrido modificaciones desde el inicio del proceso. Solo hay dos cambios significativos, como admite el Ministerio: primero, el nuevo nombre que adoptará la fundación del Real no se llamará Fundación Teatro Nacional de Ópera y Zarzuela, sino Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela. Además, la nueva normativa no entraría en vigor el lunes, sino con los nuevos presupuestos. "Esto no significa que esté condicionado a su aprobación", aclaran fuentes de la Secretaría de Cultura, sino que el Gobierno prefiere no tener que modificar el borrador. "Si no se aprobaran, tendríamos que tirar por esa vía", advierten.
Sin diálogo
Las conversaciones entre Gobierno y sindicatos estuvieron congeladas desde el inicio. Cuando se filtraron a la prensa las intenciones del PP, solo la conocían los dirigentes del INAEM y del Teatro Real. Ni los trabajadores ni la dirección del Teatro de la Zarzuela habían sido informados previamente del proceso. CCOO y UGT propusieron entonces una vía de colaboración que no supusiera la subrogación, cosa que el Ministerio rechazó. Desde entonces, los sindicatos pusieron como condición previa a la negociación que el Gobierno retirara el real decreto e iniciara uno desde cero, algo que también solicitaron PSOE y Unidos Podemos. Los trabajadores pusieron en marcha la mayor huelga en el INAEM en una década, paralizando una veintena de representaciones a lo largo del mes de abril. La respuesta de la administración fue clara: "El Ministerio no va a retirar el proyecto". Al contrario: "Si no quieren negociar y la única vía que te dejan es continuar, igual todo se acelera", decían fuentes de Cultura. En poco más de un mes, cumpliendo el plazo hecho público en un inicio, el Gobierno lleva a cabo sin apoyos —incluso Ciudadanos criticaba su premura— una de las políticas culturales más ambiciosas y controvertidas de la legislatura.
Poco antes de anunciar la aprobación del real decreto, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, se reunía con los sindicatos. "La única condición que ha puesto es que retiremos los paros", explica Figueroa refiriéndose a la huelga parcial convocada para todas las unidades de producción del INAEM —a Zarzuela, pero también al Centro Dramático Nacional, el Centro Nacional de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza, el Auditorio Nacional de Música y el Ballet Nacional de España— del 5 al 26 de abril. "Pero eso supone perder nuestra fuerza, porque la negociación no presupone un acuerdo y nosotros nos quedaríamos sin nuestra forma de presión", explica el sindicalista. La respuesta fue negativa. Tras el Consejo de Ministros se reunía en el Teatro de la Zarzuela la asamblea de trabajadores, que acordaba intensificar los paros en el mes de mayo. Esta vez, explican CCOO y UGT, no estarán divididos por centro, como hasta ahora, sino que se coordinarán entre todos ellos para pausar todo el Ministerio. "Vamos a echar un pulso", dice Jesús Álvarez, secretario general de CCOO en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ambas organizaciones sindicales estudian también tomar medidas legales.
Una subrogación con incógnitas
"[El real decreto] responde a la estrategia de impulsar la zarzuela", repetía Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, tras el Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que desde que se conoció el plan el Gobierno ha esgrimido motivos económicos y de "flexibilidad" de la plantilla para llevar a cabo el cambio. "No es que el INAEM gestione mal la Zarzuela, pero hay una rigidez que no permite flexibilidad en su gestión. (...) Detectamos que puede seguir creciendo si no está sujeto a las rigideces que impone la Administración", decía Benzo en marzo tras la filtración a la prensa. CCOO y UGT ven en esto una voluntad de aligerar costes laborales. Pese a que los conservadores aseguran que tras la subrogación "se mantendrá a la plantilla y las condiciones de trabajo", los sindicatos aseguran que no está en manos del Gobierno asegurar tal cosa y que el proceso puede modificar sustancialmente sus condiciones o incluso acabar en una externalización o un ERE.
El real decreto establece que el personal funcionario (solo 7 plazas, según la memoria elaborada por el Ministerio) tendría tres meses para decidir si se incorpora a la fundación como personal laboral fijo "fuera de convenio" o permanece en la administración, para lo que "se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo" correspondiente a su escala. La incorporación de los trabajadores laborales (148, la inmensa mayoría de la plantilla) es más compleja.
Según la normativa aprobada el viernes, esto se enmarca dentro de la legislación de la sucesión o subrogación de empresa. El Estatuto de los Trabajadores establece que, durante un proceso de este tipo, pueden convivir dos convenios distintos, el de origen y el de llegada, en una misma empresa. Pero Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, advertía ya en marzo que esto sucedería solo hasta que se negociara un nuevo convenio que integrara a ambos. "Las partes tienen el deber de negociar de buena fe", subrayaba Olmos, "pueden tardar en llegar a un acuerdo, pero no pueden no negociar". "¿Cómo van a mantener las condiciones laborales? Eso es una estupidez", lanza Jesús Álvarez. "En uno o dos años tendríamos nuevo convenio". Por ello, también se verían afectados los cerca de 300 empleados del Real (288 en 2016, según los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio), que estarían sujetos a él.
El Real decreto explicita también que "los puestos afectados por la integración quedarán suprimidos de las respectivas relaciones de puestos de trabajo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música". Es decir, que se suprimirán de la administración los 155 empleados y las 46 vacantes del Teatro de la Zarzuela, 201 plazas en total. "Esta es la evidencia de que los trabajadores quedan expulsados de la administración, digan lo que digan", critica Álvarez.
En busca del patrocinio privado
Aunque el real decreto no hace ninguna mención expresa al mecenazgo o al patrocinio privado, en la memoria del análisis de impacto normativo elaborada por el Ministerio, y a la que ha tenido acceso infoLibre, se aprecia que las cuestiones económicas tienen un gran peso en el proyecto. Uno de los principales objetivos que esta recoge (aparece en segundo lugar) es la "homogeneización y ampliación de los programas de patrocinio y esponsorización y de captación de recursos vía mecenazgo". Un poco más abajo se lee que también se persigue la "diversificación de las fuentes de ingresos y reducción progresiva del porcentaje de participación en su estructura de las aportaciones y subvenciones públicas".
Em este sentido, el Teatro Real se exhibe como ejemplo: de sus 52,2 millones de euros de presupuesto en 2016, solo el 26% provenía de las subvenciones públicas. El 39% (20,4 millones) provenía de la venta de entradas y el 25% (13,1 millones) de "promociones, patrocinadores y colaboradores". La memoria explica que el Teatro Real superó este año, solo con sus ingresos de taquilla, el coste total de sus gastos directos, mientras que el Teatro de la Zarzuela cubrió solo el 12,2% de sus gastos directos con esta cuantía. Según el Real decreto, los nuevos estatutos de la fundación recogen que "la aportación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá los recursos necesarios para atender a los gastos funcionamiento del Teatro de la Zarzuela". El plan parece ser, a juzgar por la memoria, ir reduciendo esta cuantía.
Los sindicatos avisan: “O hay reparto de la riqueza y justicia social o el conflicto está garantizado”
Los sindicatos insisten en que, en este sentido, la absorción no supone solo un conflicto laboral, sino también de modelo cultural. Como muestra, CCOO exhibe un ejemplo: el Teatro Real acoge anualmente un festival de pop organizado por Universal Music, la compañía discográfica que Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real, también preside. El equipo de Marañón y su fundación, para los sindicatos, salen claramente beneficiados de la subrogación. Entre otras cosas, señalan, obtienen de manera gratuita el uso del Teatro de la Zarzuela como segunda sede —la administración ya le cedió el edificio del Real— y de los equipos que contienen. Los representantes de CCOO y UGT señalan también que en 2019 el Teatro Real pierde los beneficios fiscales al mecenazgo obtenidos por la celebración de su bicentenario, lo que podría reducir los fondos privados que recibe. Ambos sindicatos denuncian que la subrogación vendría a paliar este inconveniente.
Con un panorama especialmente encendido, el conflicto por el proyecto del Gobierno no se cierra con la publicación del real decreto. Mayo promete ser un mes movido en el Ministerio de Cultura.
"Este es un real decreto pirata", dice Javier Figueroa, secretario general de UGT en la Secretaría de Estado de Cultura. No resulta una sorpresa que los sindicatos no hayan recibido con entusiasmo el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que aprueba la absorción del Teatro de la Zarzuela por el Teatro Real. Desde que se hizo público el proyecto a mediados de marzo, los trabajadores han denunciado lo que consideran un "desmantelamiento" del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM): la Zarzuela depende de este organismo, integrado en el Ministerio de Cultura, mientras que el Real es una fundación del sector público que, aunque controlada por la administración, funciona como una organización independiente. El proceso de sucesión o subrogación de empresa que se pone en marcha supone que los 155 trabajadores de Zarzuela (según datos del Ministerio de 2017) dejarían de trabajar para la administración, y que el Ministerio perdería los medios de producción del teatro, que pasarían a formar parte del Real. Contra ese "real decreto pirata", los sindicatos proponen un mes de mayo de paros coordinados en todos los centros del INAEM.