El Presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros, un 5,1% más respecto al ejercicio anterior. Del total, el gasto social, 209.510 millones, representa el 57,3% y ha crecido un 6,4% respecto a 2018. Según ha destacado el Ministerio de Hacienda, es el mayor crecimiento desde 2009. Todos los ministerios aumentan sus partidas, menos los de Trabajo y Hacienda. En el primer caso, explica el departamento, por la reducción en las prestaciones por desempleo y en el gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y en el segundo por el descenso en la partida destinada al céntimo sanitario.
El gasto no financiero del Ministerio de Defensa mejora un 1,6% respecto al año pasado, pero el 75% de sus inversiones son compromisos de pago de los programas especiales de armamento. Sin ellos, la dotación para el departamento de Margarita Robles cae un 6,9%. Es Sanidad el ministerio que más aumenta sus gastos, casi un 41%, a fin de mejorar la atención a personas en situación de dependencia y a menores extranjeros no acompañados (mena), entre otras partidas, según explica el Gobierno. Educación gana un 7,8% respecto a 2018: aumenta un 10% el dinero destinado a becas –150 millones– y se dedican 50 millones de euros a material escolar gratuito. El gasto en investigación y desarrollo crecerá este año un 5,6%, por lo que ascenderá a 6.729 millones de euros.
Finalmente, los gastos de personal ascenderán a 23.372 millones de euros, un 3,9% más que en 2018, tras la subida salarial del 2,25% para los funcionarios pactada con los sindicatos.
Para hacer frente a este aumento general del gasto, el Gobierno prevé recurrir a una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 9,5% respecto a 2018. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado que esa cifra de ingresos esté inflada, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía mundial que adelantan los organismos internacionales. Por el contrario, a su juicio es una previsión “conservadora” y “prudente”, ha subrayado, “más moderada” que las presupuestadas por su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro.
“Montoro subía la previsión de impuestos un 7% bajando los impuestos”, ha explicado en rueda de prensa, “nosotros hacemos una previsión de subida del 7% [de la recaudación] creando nuevas figuras tributarias y modificando los impuestos”. También recordó la ministra que la desviación media entre ingresos tributarios presupuestados y liquidados superó los 5.000 millones de euros y alcanzó en algunos los 7.000 millones en ejercicios anteriores. No obstante, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, reconoció que el impacto de la tasa Google y del impuesto sobre las transacciones financieras será menor del presupuestado al no estar incluidas en los Presupuestos y retrasarse su entrada en vigor unos meses.
Éstas son los puntos más destacados de los Presupuestos que serán votados el próximo 13 de febrero en el Congreso:
1. un PRÉSTAMO que no evita el recurso a la 'hucha'
Hacienda ha prestado a la Seguridad Social 15.484 millones de euros para pagar las pensiones y no dejar a cero el Fondo de Reserva. Éste es el tercer año en que el Estado tiene que ir al rescate de la hucha de las pensioneshucha: en 2017 el préstamo ascendió a 10.120 millones y en 2018, a 15.164 millones de euros.
El préstamo no evitará que deba volver a a recurrir al Fondo de Reserva para abonar las pagas extraordinarias de julio y diciembre. De hecho, la Seguridad Social sacará 3.693 millones de euros. A fecha de noviembre de 2018, en la hucha de las pensiones sólo quedaban 5.043 millones de euros, por lo que puede descender a sus mínimos históricos –1.350 millones de euros– una vez restada la cantidad presupuestada. En todo caso, la Seguridad Social tiene previsto anunciar en breve modificaciones en la política de inversión de estos fondos. En los últimos años los millones de la hucha se invierten únicamente en letras del Tesoro español, por lo que su rentabilidad ha sido víctima de los bajos tipos de interés.
La transferencia del Estado tampoco impedirá que la Seguridad Social termine este año con déficit, que el Gobierno calcula en 18.651 millones de euros, un 1,5% por debajo del que registró en 2018. La partida de gasto para las pensiones contributivas asciende este año a 135.268 millones de euros, un 6,4% más que en 2018, un aumento que incluye la subida del 1,6% de acuerdo con la previsión del IPC para este año.
La principal fuente de financiación de la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, que este año crecerán un 7,5%, hasta alcanzar los 123.584 millones de euros. Según las previsiones del Ejecutivo, las cuotas que pagan empresas y trabajadores permitirán financiar un 77,1% del presupuesto del sistema de previsión social público.
Ese aumento se sustenta en la subida de las bases mínimas de cotización en un 22,3%, derivado a su vez del alza en el SMI –900 euros mensuales–, así como de las bases máximas hasta el 7%. También aumenta la cotización de los autónomos hasta el 30% y del 100% al 125% la cotización que ingresa el SEPE por los trabajadores que cobran el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Además, se ha elevado del 36% al 40% el recargo de la cotización que las empresas deben pagar si hacen contratos de duración inferior a cinco días.
La aportación del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social ya financia los complementos para pensiones mínimas con 7.337 millones de euros y paga 2.591 millones de más para las pensiones no contributivas, que suben este año un 3%. Para las prestaciones no contributivas de protección a la familia el Estado transferirá otros 1.862 millones, un 16,6% más que en 2018. Finalmente, se ha presupuestado por primera vez una transferencia del Estado a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad presupuestaria por importe de 850 millones de euros.
2. El IPREM SUBE UN 2%
El Gobierno ha subido un 2% el Iprem (el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que se utiliza como referencia en la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo. Así el Iprem se eleva a 548,6 euros al mes. El indicador permaneció congelado siete años, desde 2010 hasta 2016, subió un 1% en 2017 y volvió a quedar congelado en 2018.
3. UN 10,3% MÁS PARA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
Las políticas activas de empleo crecen un 4,7%, hasta alcanzar los 5.985 millones de euros. De ellos, 2.523 millones corresponden a la formación profesional para el empleo, un capítulo que aumenta un 10,3% respecto al ejercicio anterior. Para cursos de desempleados se destinarán 857 millones y en cursos para ocupados se gastarán 1.221 millones de euros. Para orientación profesional se consignan 470 millones de euros, de los que 87 millones se los lleva el programa extraordinario que permitirá a las comunidades autónomas contratar a 3.000 orientadores.
En bonificar los contratos –el SEPE paga las cotizaciones que se subvencionan a las empresas– el Ministerio de Trabajo tiene previsto emplear 1.855 millones de euros, un 4% menos de la partida consignada el año pasado, tras derogar el Gobierno las bonificaciones a los contratos de formación aprendizaje. Para reducciones de cuota –que la Seguridad Social deja de ingresar– se presupuestan 1.570,43 millones de euros.
Además, el Plan de Choque para el Empleo Joven se llevará 670 millones este año, de un gasto total en tres años que sumará 2.000 millones.
El capítulo dedicado a las prestaciones por desempleo, el segundo de mayor volumen tras las pensiones, se eleva a 18.402 millones de euros, lo que supone un aumento de 4%. Para la prestación contributiva se destinarán 11.603 millones de euros y para el subsidio de empleo, 4.977 millones más. Sin embargo, son más numerosos los beneficiarios del segundo, 813.931, que del primero, 751.691, una tendencia que ha empezado a cronificarse por culpa de la larga duración de la crisis.
4. un 18,7% más para INFRAESTRUCTURAS
El presupuesto para inversiones en infraestructuras suma este año 10.030 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 18,7 % respecto a 2018. La mayor partida corresponde a las inversiones ferroviarias, 5.041,3 millones, casi el doble que la destinada a carreteras, 2.328,48 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Para infraestructuras hidráulicas se destinarán 851,8 millones, para puertos 829,87 millones y para aeropuertos, 689,45 millones.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) realizará inversiones en carreteras por importe de 433 millones de euros. Pero, como ha asumido la gestión de las autopistas radiales quebradas, multiplicará por 28 sus pérdidas este año respecto a las previstas para el cierre de 2018. Según los cálculos del Gobierno, los números rojos de esta empresa pública alcanzarán los 480,41 millones de euros, frente a los 16,86 millones con que se prevé que cierre 2018.
Además, el Ministerio de Fomento ha dejado en sólo 1.000 millones de euros el plan de inversión privada en carreteras diseñado por el anterior Gobierno del PP y que estaba cifrado en 5.000 millones. El motivo de este recorte, según el departamento, estriba en que el programa no está “maduro”.
Las partidas para inversiones ferroviarias sufren un recorte del 2% en la construcción de líneas de AVE, mientras que duplica las destinadas al mantenimiento de las líneas convencionales. Aun así, el dinero dedicado a nuevas líneas de AVE asciende a 2.660 millones de euros, por encima de los 2.244 millones reservados para la red convencional. También Seittsa tendrá su propia partida, de 122 millones, para inversiones ferroviarias.
Por lo que a las empresas públicas ferroviarias se refiere, Adif Alta Velocidad prevé cerrar 2019 con unas pérdidas de 242,1 millones de euros, un 23% más que el año pasado. Aunque, en las previsiones del Gobierno, facturará 607,4 millones, un 5,2% más que en 2018, sus gastos de explotación aumentarán por encima de ese porcentaje, un 13,2%. También terminará en rojo Adif, es decir, la red convencional y de Cercanías, que perderá 116,6 millones de euros, aunque la cifra equivale a un 2,8% menos que el ejercicio pasado.
Para política de vivienda se han reservado 679 millones de euros, un 41% más.
5. aumento del 52% de las INVERSIoNes EN CATALUÑA
El Gobierno repartirá este año un total de 12.181,94 millones de euros, un 20% más que en 2018, entre las 17 comunidades autónomas. La que más ha aumentado su inversión estatal es Navarra, un 92%, hasta alcanzar los 108,51 millones. Le sigue la Comunidad Valenciana, un 61% por encima del pasado ejercicio, por lo que recibirá 1.189 millones de euros. A Cataluña le corresponderá un 52% más –2.051,38 millones de euros–, y a Andalucía un alza del 44% –2.132,77 millones–.
En cualquier caso, Andalucía sigue siendo la que mayor cuota de inversiones recibe del Estado, con un 17.5%, pero Cataluña aumenta su participación del 13,3% al 16,8%. La partida destinada a la Comunidad Valencia representa el 9,8% de la tarta estatal.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir los niveles de inversión establecidos en los estatutos de autonomía que incluyen una exigencia de este tipo. El de Cataluña reclama una cantidad equivalente al peso del PIB de la comunidad en el conjunto del Estado, que es del 18%. Con ese aumento al 16,8%, sumado a los 200 millones destinados a compensar inversiones no realizadas, como dictó una sentencia del Tribunal Supremo, y otros 150 millones de euros más para ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra, se roza ese 18% antes citado.
Aragón recibirá un 33% más que en 2018, Extremadura gana un 28% y Asturias un 27%. Por el contrario, las inversiones destinadas a La Rioja se recortan un 39%, mientras que las de Galicia –757,1 millones– caen un 19% y las de Baleares un 11% –152 millones–. Las partidas destinadas a Madrid –1.249 millones, el 10,3%– y Canarias –283 millones– quedan congeladas.
6. los NUEVOS IMPUESTOS
Los Presupuestos del Estado prevén una recaudación tributaria récord para este año de 227.356 millones de euros, un 9,5% por encima de 2018. Mientras los ingresos por el IRPF subirán un 4,9%, el IVA lo hará un 11,7%. Pero la partida que más crecerá será el impuesto sobre sociedades, un 14,1%, no sólo por la mejora de los beneficios de las empresas, sino también, asegura el Gobierno, por las medidas fiscales aprobadas: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –el 18 % para los bancos y las petroleras– y el recorte de las exenciones sobre dividendos y plusvalías. También se han creado dos nuevos impuestos: la tasa Google, que gravará a las grandes compañías digitales, y la de transacciones financieras. Las empresas que facturen menos de un millón de euros, por el contrario, se beneficiarán de una reducción del tipo del 25% al 23%.
Como novedad, los Presupuestos también incluyen una medida para favorecer la igualdad de sexos en las empresas. Aquéllas que incorporen a mujeres a sus consejos de administración podrán deducirse hasta el 10% de su retribución en el impuesto sobre sociedades.
Por lo que al IRPF se refiere, el aumento de la recaudación se basa en la subida de dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos a las de más 300.000 euros, así como al alza de otros cuatro puntos a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros anuales.
Además, el IVA para los productos de higiene femenina tendrá el tipo reducido del 4%, al igual que las revistas, libros y periódicos electrónicos. Los servicios veterinarios, el del 10 %.
7. SOCIMIS Y SICAV
Otros cambios afectarán a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) y a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav). Así, los beneficios no distribuidos de las primeras tributarán un 15%, tal y como fue acordado por el Gobierno y Podemos el pasado octubre. Los Presupuestos del Estado establecen que, a partir de ahora, será la Agencia Tributaria la competente para comprobar si las Sicav españolas cumplen con el número mínimo de accionistas las Sicav españolasrequerido por la ley –deben ser 100–, en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
8. DEDUCCIONES FISCALES
El Gobierno ha presupuestado para este año un total de 37.237 millones de euros en beneficios fiscales; es decir, en deducciones y exenciones en los diferentes impuestos, cantidades que el fisco va a dejar de ingresar. La cifra supone un aumento del 6,9% respecto a 2018. Más de la mitad, 21.508 millones, corresponde a exenciones y a los tipos reducidos del IVA, un 4,8 % más que en 2018. En el IRPF se dejarán de ingresar 9.129 millones, un 16,4 % más que el ejercicio pasado.
En el impuesto sobre sociedades las deducciones y exenciones sólo crecen un 0,7 %, hasta alcanzar 3.461 millones de euros. Para el impuesto sobre el patrimonio, por el contrario, los beneficios fiscales se hunden un 52% y se quedarán sólo en 6,13 millones. Finalmente, en los impuestos especiales –tabaco, alcohol, carburantes– se disparan un 18,9 % y ascenderán a 1.142 millones de euros.
9. las EMPRESAS PÚBLICAS ganarán casi 3.000 millones
Las empresas públicas ganarán este año 2.958 millones de euros, lo que equivale a una mejora del 3% con respecto a 2018. Ese crecimiento se basará, si se cumplen las previsiones del Gobierno, en los beneficios de 1.863 millones de euros de Loterías del Estado –un 0,3% menos que el año pasado– y en los 1.402 millones –un 3% más que en 2018– del operador aeroportuario Enaire.
Las sorpresas que esconde el reparto de la inversión pública por comunidades autónomas
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tendrá también beneficios, 391 millones, lo que supone multiplicar por 2,5 los resultados del pasado ejercicio. Puertos del Estado los aumentará en un 30%, pero Renfe Operadora los recortará un 4,7% y Paradores de Turismo los reducirá nada menos que un 50%.
10. FROB
Por el contrario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestiona el rescate bancario, seguirá perdiendo dinero. Para este ejercicio sus números rojos se elevarán hasta los 122,1 millones de euros, un 4,4 % más que el año pasado.
El Presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros, un 5,1% más respecto al ejercicio anterior. Del total, el gasto social, 209.510 millones, representa el 57,3% y ha crecido un 6,4% respecto a 2018. Según ha destacado el Ministerio de Hacienda, es el mayor crecimiento desde 2009. Todos los ministerios aumentan sus partidas, menos los de Trabajo y Hacienda. En el primer caso, explica el departamento, por la reducción en las prestaciones por desempleo y en el gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y en el segundo por el descenso en la partida destinada al céntimo sanitario.