Silvio es peruano. Llegó a España hace casi 15 años “en busca de una vida mejor” cuando en su pequeño pueblo se dio cuenta de que se le agotaba el permiso para postergarlo todo y “no tenía una vida”. Ahora conduce un taxi, aunque ha hecho “otras muchas cosas”. “Al principio trabajé en la construcción, en una empresa de transportes, en la hostelería…”, enumera. La mayor parte del tiempo se ha sentido “acogido”, dice. “Recientemente sí he escuchado algunos comentarios que no me gustan. Y eso que no tengo la piel oscura”, deja caer.
En los últimos años, “la superposición de crisis de personas refugiadas, emergencias migratorias, crisis económicas y sanitarias, así como el uso extensivo de internet y las redes sociales, han dejado al descubierto el potencial que tienen los discursos de odio para promover la polarización de la sociedad y para vulnerar a personas de determinados grupos, especialmente las de origen inmigrante”. Es un párrafo del primer Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), en el que también se apunta que “la cultura del odio” y, en particular, “los discursos de odio” constituyen “un mecanismo de la necropolítica”.
Pero, ¿son los inmigrantes un grupo de población del que España pueda prescindir en la actualidad? En otro estudio, esta vez el Informe anual 2023 del Banco de España, se refleja que a lo largo de las últimas décadas, las dinámicas demográficas del país “se han caracterizado por una caída significativa tanto de la tasa de fecundidad como de la tasa de mortalidad” y, como resultado de esto, “se ha producido un considerable proceso de envejecimiento poblacional, que se intensificará” en los próximos años y será “más acusado que el de otros países de nuestro entorno”. A la luz de las proyecciones de Eurostat, entre 2023 y 2053 la tasa de dependencia, definida como la ratio entre los mayores de 66 años y el colectivo comprendido entre los 16 y los 66, aumentará en 27,2 puntos porcentuales, hasta el 53,8%; mientras que en el promedio de la Unión Europea (UE) lo hará en 16,6, hasta el 45,8%. Junto a esto, proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la población nacida en España seguirá bajando y pasará del 81,9% del total actual, al 61,0% dentro de 50 años. Cifras que sólo podrá elevar la inmigración internacional.
”Los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, pero no parece probable que puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso nuestro país, ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español en el futuro”, trasladan desde el Banco de España.
De vuelta al presente, los trabajadores extranjeros “habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones”, en especial “en las de bajo nivel de cualificación”, sostiene el regulador. En concreto el pasado mayo, la Seguridad Social registró 2.790.263 afiliados extranjeros, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, lo que supone el 13,2% del total. Y, desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 627.864 trabajadores procedentes de otros países, de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, los inmigrantes han colaborado en buena medida a cimentar los números de los que se sirve el Gobierno para presumir de que la economía va como “un cohete”.
El 32,1% del global son trabajadores procedentes de estados de la UE. Marruecos es el país del que proviene el mayor número de esos empleados, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China. Los que arriban desde Ucrania se han multiplicado en un 49,5% con la guerra. Del conjunto, cerca de 1,6 millones son hombres y las mujeres extranjeras afiliadas rondan ya el 1,3, tras incorporarse al caudal global un 37,9% desde antes de la pandemia.
¿Dónde se ubican dentro del mercado laboral?
Algo más del 84% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General y en el último año seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Suministro de Energía Eléctrica (11,7%), Actividades Administrativas (11,3%), Actividades Sanitarias (11,3%), Hostelería (11,1%), Actividades Artísticas (10,6%) y Actividades Financieras (10,2%). De la misma manera se expanden especialmente otros sectores como Comercio (9,8%), Transporte (9,7%) y Construcción (9,18%), atendiendo a la información de Migraciones.
Es reseñable la crecida en actividades de alto valor añadido como Información y Telecomunicaciones, que sube un 8% y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con el 6,5%. Según las estadísticas del ministerio, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,9%), Hostelería (27,8%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (25,5%), y Construcción (20,9%). En el Sistema Especial del Hogar, el 45% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, el 38%. En el Régimen de Autónomos hay 451.656 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,4% del global, tras un alza de 7,2% en los últimos doce meses.
Con todo, en el informe del Banco de España se alerta de que “no parece probable” que los flujos migratorios “puedan resolver completamente los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo que podrían producirse en los próximos años en el mercado laboral” nacional. Sobre todo, en un contexto en el que “los cambios tecnológicos en curso y la transición ecológica podrían incrementar de forma muy apreciable la demanda de trabajo altamente cualificado”. A este respecto, si se pone el foco en la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevaban menos de un año en el país, alrededor del 80% de aquellos en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% estaban ocupados en actividades de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Esos porcentajes “son similares a los que se observaban en 2008, del 87,4% y el 60,4%, respectivamente”; y dichos guarismos “contrastan" con los que se registran "en el caso de los nativos, entre los cuales menos del 29% trabajaba en ocupaciones de baja cualificación en 2023”.
Discursos "fake"
Pese a que los números dejan claro que son necesarios, partidos y organizaciones de la parte derecha del espectro político y social se agarran a la inmigración irregular para armar discursos beligerantes contra los migrantes. Las personas que están en esa situación son difíciles de cuantificar. En el estudio Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, elaborado por Gonzalo Fanjul e Ismael Gálvez-Iniesta, se anota que a finales de 2019, el grueso de los integrantes de ese colectivo que residían de manera irregular en España oscilaba entre las 390.000 y las 470.000. Y, según recoge el jurista y politólogo Carlos Corrochano en el libro La desigualdad en España, la “irregularidad supone” para el Estado “un coste medio anual de entre 2.200 y 2.400 euros por inmigrante”, mientras que “un ejercicio masivo de regularización podría suponer un beneficio de 790 y 950 millones de euros por año para las arcas públicas”, según un informe de la fundación Por Causa. Es más, el Congreso tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 migrantes, aunque se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta septiembre, por lo que no se prevé que avance a corto plazo.
De momento, ¿es cierto que esos inmigrantes en situación irregular cobran ayudas del Estado, como se repite desde algunos círculos de ultra derecha? José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo desmiente con rotundidad: “Ese inmigrante no tiene la capacidad de cobrar ninguna prestación económica del sistema público de servicios sociales, porque necesita tener el NIE y entonces sería regular. Es prácticamente imposible”, afirma. “Ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni la Renta Mínima de Inserción (RMI) ni las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos. Ninguna prestación económica de carácter público puede recibir un inmigrante que sea irregular. Y es tan sencillo de entender, como leerse la normativa. Mientras no tengan NIE ni siquiera las pueden solicitar ni tramitar”, recalca.
Pero va más allá. Ramírez advierte de que se necesitan “miles de personas inmigrantes que trabajen en los propios servicios sociales”. “Ya tenemos -liga- muchas prestaciones de ayuda a domicilio que las podríamos dar porque están aprobadas, pero no las podemos prescribir porque no hay trabajadores que puedan desarrollarlas. Esto ocurre en sitios de costa como Baleares. Cada vez somos más personas mayores y no hay quien las cuide. Es un trabajo mal renumerado y mal reconocido”, pone el acento.
“Hay muchas personas, sobre todo latinoamericanas, que vienen a barrios ricos a trabajar como cuidadoras internas que no están regularizadas y eso provoca que haya mafias”, avisa, para completar: “Pero lo de las paguitas no es cierto. Aunque quisieran, no podrían cobrarlas. Ni tampoco se dan más ayudas a los migrantes que a los propios españoles. Quien dice esto sabe que no es verdad. Y, si miente de manera inconsciente es un ignorante, pero, si lo hace de forma consciente, es un miserable”, zanja.
Silvio es peruano. Llegó a España hace casi 15 años “en busca de una vida mejor” cuando en su pequeño pueblo se dio cuenta de que se le agotaba el permiso para postergarlo todo y “no tenía una vida”. Ahora conduce un taxi, aunque ha hecho “otras muchas cosas”. “Al principio trabajé en la construcción, en una empresa de transportes, en la hostelería…”, enumera. La mayor parte del tiempo se ha sentido “acogido”, dice. “Recientemente sí he escuchado algunos comentarios que no me gustan. Y eso que no tengo la piel oscura”, deja caer.